El 25 de julio de 2022, Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, tres jóvenes que transitaban por el municipio de Chochó, en Sincelejo (Sucre), fueron torturados y asesinados a tiros dentro de un vehículo de la Policía tras ser detenidos en medio de un operativo que se adelantaba para dar con los criminales que le quitaron la vida a otro uniformado días atrás.
Cuatro años después de ese oscuro capítulo que vivió Colombia, la Procuraduría General confirmó la destitución e inhabilidad por 19 años en contra del coronel retirado Benjamín Darío Núñez, quien habría participado en el tiroteo que dejó a los tres jóvenes muertos.
Los sancionados fueron Benjamín Darío Núñez con 19 años de inhabilidad y destitución; Jesús De la Rosa, Uber Mieles, Bernardo Pontón, Leila Ávila y Diana Puerta con una medida de 13 años; y Santiago Garavito y Rafael Paz con una sanción de once años.
Con esta decisión, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento dejó en firme el fallo de primera instancia expedido el pasado 14 de agosto de 2024 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, que sancionó y destituyó a los mismos nueve uniformados implicados en este caso.
Coronel Benjamín Núñez fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre https://t.co/yk7YtEeVOX
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 31, 2023
La Procuraduría aclaró en su decisión disciplinaria que las “agresiones infligidas” a los tres jóvenes que fallecieron en medio de este hecho, “desbordaron el ámbito propio del servicio policial”, pero terminó comprometiendo derechos fundamentales de las víctimas como la vida e integridad personal, lo que constituiría legalmente el delito de tortura.
La sentencia disciplinaria también destacó que varios de los funcionarios que terminaron dentro de este proceso, pudieron alertar la situación y el riesgo concreto para las víctimas de la masacre, pero pese a que tuvieron la posibilidad de intervenir para evitar el desenlace fatal, optaron “consciente y deliberadamente por no hacerlo”, según la Procuraduría.
En la decisión también se reconoció como víctima a Cindy Paola Sierra, hermana del joven José Carlo Arévalo, y le notificó a los procesados que sobre esta sanción disciplinaria no procede ningún tipo de recurso.
El teniente coronel, el mayor y los patrulleros que terminaron involucrados en este caso ahora tendrán que pagar las duras sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos que les impuso la Procuraduría por la masacre de esos tres jóvenes en Chochó, Sincelejo.