En el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá reposa, desde hace algunas semanas, una millonaria y, si se quiere, inédita demanda de Diego Marín Buitrago, el llamado zar del contrabando en Colombia, contra la Nación representada por la Rama Judicial, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa y la Cancillería.
Esto, por los supuestos daños morales y materiales que ha padecido junto a su núcleo familiar por los señalamientos hechos en su contra por las autoridades colombianas, que lo requieren en extradición por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer (sobornos a funcionarios públicos).
Marín Buitrago, quien actualmente se encuentra en Portugal, reclama por medio de su abogado una indemnización de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes por “los perjuicios morales”.
Esto, por la “angustia, la zozobra, el dolor y el sufrimiento causados por las llamadas a conciliar por ocasión del error judicial en que incurrió la Rama Judicial, a través del comportamiento desplegado por el juez 48 penal municipal con función de control de garantías, al haber librado el día 11 de marzo de 2024 la orden de captura con fines de imputación y de medida de aseguramiento”.
Esta decisión judicial, señala, le generó una afectación a su núcleo familiar que se encontraba en Colombia.
Igualmente, se pide una condena contra el Ministerio de Justicia, pues omitió el “cumplimiento” de lo ordenado por la ley “en relación con la verificación de la documentación aportada para adelantar el trámite legalmente impuesto a dicha autoridad frente al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
En este sentido, se señaló que el Ministerio de Justicia habría incurrido en varias irregularidades al adelantar gestiones ante el Reino de España para “lograr la captura con fines de extradición” a Colombia.
El estudio de la demanda sigue su curso normal después de que fracasara la conciliación en la Procuraduría General.
En la acción judicial se pide el pago de una indemnización a la cónyuge y dos hijos del denominado zar del contrabando.
Marín Buitrago ya fue llamado a juicio por haber liderado durante años una red dedicada al contrabando que sobornó a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
En la presentación del escrito se señaló que él ordenó el pago de estos sobornos con el fin de que los policías “dejaran pasar sin ningún problema” los cargamentos de contrabando en los puertos de Buenaventura y Cartagena.
En este proceso penal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue avalada como víctima.