Los operativos de seguridad se intensificaron en Bucaramanga y ya dejan una cifra que llama la atención: 123 ciudadanos extranjeros han sido expulsados de la ciudad en lo que va de 2026, según las autoridades, por su participación en diferentes conductas delictivas o por reincidencia.
El alcalde Cristian Portilla explicó que estas acciones hacen parte del denominado ‘Plan Avispa’, una estrategia local que articula a la Alcaldía, Policía, Ejército, Migración Colombia, CTI, Fiscalía y Tránsito.
Los controles se realizan en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos semáforos, alrededores de centros comerciales y hoteles. También se han reforzado en la vía hacia Cúcuta, uno de los principales accesos a Bucaramanga desde el oriente del país.
Según el mandatario, durante estos procedimientos se han encontrado personas relacionadas con riñas, porte de armas cortopunzantes y de fuego y posesión de sustancias alucinógenas.
Además de las 123 expulsiones, las autoridades reportan cinco deportaciones y la captura de dos personas conocidas como alias ‘Cecilio’ y ‘La Diabla’, quienes tenían circular roja de Interpol y serían, según las autoridades, presuntos integrantes del Tren de Aragua.
Pero uno de los elementos que más llama la atención del operativo está en la tecnología.
Migración Colombia cuenta con cinco dispositivos biométricos entregados mediante un convenio con HSI, una agencia de Estados Unidos. Los equipos permiten tomar fotografías y realizar verificaciones biométricas para establecer la identidad de los ciudadanos extranjeros durante los controles.
Portilla explicó que esta herramienta puede permitir detectar que una persona que se identifica con determinado nombre corresponde en realidad a alguien con antecedentes u órdenes de captura internacionales.
El alcalde señaló que la estrategia lleva cerca de diez meses y que el mensaje de la administración es diferenciar entre quienes llegan a la ciudad a trabajar y quienes incurren en conductas delictivas.
Pero hay otro escenario que preocupa a las autoridades: el regreso de personas que ya fueron expulsadas.
De acuerdo con Portilla, “algunos ciudadanos, principalmente de nacionalidad venezolana, han regresado a Bucaramanga después de ser expulsados”. En esos casos, aseguró, la situación puede dejar de ser únicamente una medida migratoria y pasar al ámbito judicial por el presunto delito de fraude a resolución judicial, con conocimiento de la Fiscalía y un juez de la República.
La estrategia, por ahora, mantiene los operativos activos en diferentes sectores de la ciudad y busca que la identificación de personas con antecedentes o requerimientos judiciales no dependa únicamente de los documentos que presenten durante un control.
En palabras del alcalde, la apuesta es que en Bucaramanga haya “orden y autoridad”, mientras las autoridades continúan detrás de quienes, según los reportes oficiales, estarían utilizando la ciudad para cometer delitos.