La Fiscalía General de la Nación confirmó la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales con injerencia en Medellín y el Valle de Aburrá. Esta determinación, que tendrá una vigencia inicial de seis meses, responde a una solicitud formal del Gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total, con el objetivo de facilitar la participación de estos individuos como voceros en acercamientos de paz.
La medida se fundamenta en la Ley 2272 de 2022 y busca integrar a los implicados en el denominado Espacio de Conversación Sociojurídico.
Según el Ejecutivo, la finalidad de este proceso es la reducción de los índices de violencia urbana y la transformación de las economías ilícitas en la región antioqueña. Entre los implicados por esta resolución figuran individuos conocidos bajo los alias de Douglas, Tom y Carlos Pesebre, este último vinculado a la estructura denominada La Oficina.
Reacciones desde el sector gremial
Ante la implementación de esta medida, la fundación Proantioquia emitió un pronunciamiento oficial en el que manifiesta su postura sobre el manejo de la justicia en estos procesos.
El documento señala que el Estado de derecho depende de que el respeto a la ley y la toma de decisiones ante la ciudadanía se mantengan sin concesiones.
La organización gremial fue enfática al cuestionar el impacto de estas decisiones en el orden social. “La solicitud del Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura es una afrenta contra todos los colombianos víctimas de la violencia, que deja un mensaje desesperanzador sobre la noción de justicia”, reza el comunicado. Para Proantioquia, la medida genera un entorno de incertidumbre y desconfianza en la población civil.
Alcance de la Resolución 00072 de 2026
El marco jurídico de esta decisión quedó consignado en la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026. Este documento otorga a los 23 cabecillas una libertad de movilidad restringida a zonas específicas, que incluyen las ciudades de Medellín, Rionegro y Bogotá, para el ejercicio de sus funciones como voceros.
Sin embargo, el sector privado insiste en que estas acciones podrían interferir con la estabilidad institucional. “El respeto a las instituciones, la Constitución y las leyes no es un principio negociable en una sociedad democrática”, concluyó Proantioquia en su misiva.
El gremio sostiene que la aparición pública de estas personas siembra un ambiente de zozobra, especialmente en el contexto de los procesos electorales actuales, afectando la percepción de seguridad y el cumplimiento de las penas judiciales previamente establecidas.