Hace apenas unos días fue condenado en Estados Unidos el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates, a pagar 256 millones de dólares por los delitos de difamación, extorsión y concierto para delinquir, fallo que dio un duro coletazo en Colombia de inmediato. El asunto tiene que ver con una delicada operación de compra de testigos falsos para salpicar a la bananera Chiquita Brands de supuestas alianzas con paramilitares, y que ahora están en entredicho.
El dictamen golpea directamente los expedientes de la bananera y de la Drummond, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y abre la caja de Pandora, pues las dos multinacionales están siendo investigadas por supuestos vínculos y financiación de grupos paramilitares. Pero la Justicia de Estados Unidos encontró que los principales testimonios habían sido, literalmente, comprados por la oficina de Collingsworth; de ahí la multimillonaria condena.
SEMANA conoció un documento que acaban de radicar los abogados de Chiquita Brands en Estados Unidos, en el que se advierte que “el veredicto de Drummond subraya el abuso de discrecionalidad del tribunal de distrito, al excluir las pruebas de Chiquita sobre el soborno de testigos y negarse a permitir que Chiquita llamara a Collingsworth y a otros al juicio. Chiquita presentó pruebas voluminosas y altamente probatorias del mismo patrón de extorsión que el jurado encontró en Drummond”.
El documento es demoledor y agrega que, “a los pagos de Drummond, las pruebas demuestran que Collingsworth conspiró con los mismos intermediarios y el mismo patrocinador financiero para pagar e influir en los testigos colombianos Hasbún y Mangones, cuyas ‘confesiones’ en los procedimientos colombianos se presentaron contra Chiquita”.
La referencia a Hasbún señala a Raúl Hasbún, considerado el cerebro financiero del Bloque Bananero de las autodefensas, quien, según el veredicto de la Justicia de Estados Unidos, habría mentido en sus declaraciones. Por su parte, José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, es un exjefe paramilitar del frente William Rivas, del Bloque Norte de las autodefensas, que operaba en Urabá.
Chiquita Brands aceptó haber efectuado pagos a los paramilitares por cuenta de extorsiones y ya ha recibido condenas en primera instancia tanto en Colombia como en Estados Unidos. Sin embargo, ahora, con este fallo de fondo, el asunto llegó a segunda instancia en el Tribunal Superior de Antioquia, donde el magistrado René Molina Cárdenas tendrá que dictar sentencia. Sobre la mesa entra el debate del pago por cuenta de extorsiones, obligado, contra el reclutamiento de testigos que planteaban una alianza criminal con los paramilitares.
SEMANA tiene en su poder un memorial enviado por los abogados de Chiquita Brands al tribunal, en el que reclaman que “acudimos a su despacho para aportar información relevante y sobreviniente relacionada con esta actuación y especialmente con la confiabilidad del testimonio del señor Raúl Emilio Hasbún Mendoza, principal testigo de cargo presentado por la Fiscalía, cuyas declaraciones han sido uno de los elementos esenciales para la estructuración de los cargos que produjeron el fallo de condena de primera instancia en contra de los procesados”.
Esto lo hacen con base en la decisión que tomó hace poco la Justicia de Estados Unidos: “Se refiere a las recientes decisiones proferidas por la Corte del Distrito Norte de Alabama, División Sur de los Estados Unidos, en las cuales se estableció que el abogado Terry Collingsworth estructuró un elaborado plan para obtener declaraciones en favor de sus pretensiones a cambio del pago de cuantiosos recursos en favor de testigos, varios de ellos miembros desmovilizados de grupos paramilitares (…) queda demostrado que se trató de una práctica permanente de dicho abogado, la que se produjo en el caso actualmente bajo decisión de este tribunal, tal como se acreditó debidamente”.
“El fallo demuestra que Collingsworth ofreció dinero, que camufló bajo el concepto de apoyos de seguridad para los testigos y sus familias, a cambio de obtener declaraciones que incriminaran a las compañías contra las cuales inició acciones en los Estados Unidos”, agrega el documento de tres páginas, que ya está en poder del tribunal.
Lo que plantean los abogados es grave: aunque es imposible negar la existencia del fenómeno paramilitar, sí estaría quedando en evidencia una red de reclutadores de falsos testigos, encabezada por el recién condenado abogado Collingsworth y sus aliados en Colombia.
“Dentro de dicho esquema, el abogado Collingsworth contactó, a través de su abogado Jarley Maya, al testigo Raúl Emilio Hasbún en varias ocasiones, que se encuentran debidamente documentadas, en las que ambos sujetos discutieron tanto la información que debía incorporar Hasbún en sus declaraciones como los valores a reconocer en favor de este por prestar esta colaboración, actuaciones a todas luces ilícitas. Los ofrecimientos coinciden temporalmente con los cambios de postura asumidos por el testigo”, se lee en el documento.
La mentira a los jueces de Hasbún y otros testigos parece estar debidamente documentada. “Raúl Emilio Hasbún rindió unas primeras declaraciones en las que corroboró la hipótesis de esta defensa, y las variaciones que les fueron introducidas a esas versiones, que fueron las empleadas por la Fiscalía para solicitar la condena, surgieron en un momento posterior, que coincide temporalmente con las reuniones que sostuvo con el abogado Collingsworth y con el señor Jarley Maya”.
En agosto de 2008, Hasbún había afirmado ante la Justicia que los bananeros no tuvieron conocimiento de que las autodefensas manejaran las Convivir. De igual modo lo ratificó en septiembre del mismo año. Con la aparición de Collingsworth y sus abogados vienen los cambios. En 2009, el abogado estadounidense empezó a reunirse con Hasbún y Maya.
“Los temas tratados y los acuerdos a los que llegaron constan en los correos electrónicos que esta defensa aportó al proceso y que fueron conocidos a raíz del procedimiento de levantamiento de la reserva cliente-abogado ordenada por el juez del Distrito Sur de Alabama, Estados Unidos, dentro de los procesos que se adelantan contra Collingsworth por actos de difamación”, señala un documento en poder de SEMANA.
Hay una lista de por lo menos 11 correos que tienen sentencias muy graves y que demostrarían que la declaración de Hasbún se podría calificar de prepago. Uno de ellos, enviado de Collingsworth a Maya, afirma: “Espero que tú y tu familia tuvieran buenas vacaciones en la playa y que estés listo para derrotar a Dole y Chiquita. He estado tratando de conseguir fondos”.
Otro más demuestra que los testimonios eran libreteados: “Necesitamos párrafos parecidos a estos redactados para cada demandante (...). Los párrafos deben ser precisos, sin exagerar las alegaciones”. En el cruce de correos también se lee: “Cómo hacemos para poder adelantar lo de las víctimas. No hemos empezado nada esperando el otro adelanto”.
Del asunto hay mucha tela que cortar. Ya Chiquita Brands había sido condenada en primera instancia tanto en Colombia como en Estados Unidos. Ahora, con este multimillonario fallo contra el abogado Collingsworth, parece volver a barajarse el tema con un asunto de fondo: quienes reclutaron falsos testimonios tendrían que responder ante la justicia.