SEMANA: Drummond lleva muchos años en medio de pleitos judiciales. Y este año ganó uno de esos pulsos en los Estados Unidos. Usted ha sido el abogado en este país que ha representado a la empresa; en términos sencillos, ¿a qué responden esos procesos?
Trey Wells: Lo sucedido es el resultado de un juicio ante el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama (Estados Unidos). Allí, el jurado emitió un veredicto sobre todas las acusaciones contra el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización International Rights Advocates (IRAdvocates). Este veredicto constituye una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. La compañía lleva décadas enfrentando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas.
SEMANA: ¿Cuál es la historia de este pleito judicial?
Trey Wells: En 2011 estaban en curso dos demandas interpuestas por el abogado Collingsworth contra Drummond. El abogado Collingsworth envió tres cartas, dos al gobierno holandés y una a un socio de negocios de la compañía en Japón, en las que acusaba a Drummond de apoyar a paramilitares y de ser cómplice del asesinato de ciudadanos colombianos. En ese momento, ante esas acusaciones, presentamos una demanda por difamación. En esa época desconocíamos que se les hubiera pagado a los testigos. Solo sabíamos que lo que decía en las cartas era falso.
SEMANA: ¿Cómo se descubrió eso?
Trey Wells: Durante el proceso de descubrimiento hicimos preguntas, enviamos citaciones y buscamos documentos relacionados con si alguno de estos testigos había recibido algún beneficio. Este es el momento procesal en Estados Unidos en el que todas las partes deben compartir las pruebas que tienen para preparar sus casos y presentarlos. A medida que descubrimos más sobre los beneficios otorgados a estos testigos, presentamos una demanda RICO en 2015. Es decir, interpusimos una segunda demanda, amparada en esa ley, contra, entre otros, Terry Collingsworth, su ONG IR Advocates, el abogado colombiano Iván Otero, que estaba involucrado en esos pagos, y el empresario holandés Albert van Bilderbeek. Este último había estado interesado en un título minero en un área que ya tenía Drummond.
SEMANA: ¿Qué evidencias lograron sobre esos pagos?
Trey Wells: Una variedad de temas. En primer lugar, Collingsworth contactó a Iván Otero a finales de 2008. Tenemos correos electrónicos en los que Collingsworth afirma que la razón por la que contactó a Iván Otero fue porque sabía que representaba tanto a El Tigre como a Samario, quienes eran paramilitares detenidos en cárceles colombianas. Collingsworth le prometió a Iván Otero honorarios de contingencia en los casos contra Drummond —que se pagan solo cuando se gana el proceso—, así como un pago inicial de 80.000 dólares estadounidenses. Poco después de llegar a ese acuerdo, tanto El Tigre como Samario firmaron declaraciones acusando a Drummond de hechos que el jurado de Alabama ahora ha determinado que eran falsos. Descubrimos evidencia de pagos mensuales a otras personas también.
SEMANA: ¿A quiénes?
Trey Wells: A familiares, por ejemplo, de Jairo de Jesús Charris, quien declaró contra Drummond. También descubrimos evidencia de más de 100.000 dólares pagados a Jaime Blanco, quien fue dueño de una empresa de alimentación que fue contratista de Drummond y también declaró contra la empresa. Asimismo, hay pagos realizados a las familias de Libardo Duarte, alias Bam Bam, y José Gélvez Albarracín, alias El Canoso.
Collingsworth afirmó que, con excepción de los pagos realizados a Jaime Blanco, los demás eran para “seguridad”. Sin embargo, no presentó ninguna prueba en el juicio de que se hubiera proporcionado seguridad a alguien. Según su testimonio, tampoco denunció ante las autoridades colombianas ninguna supuesta amenaza contra estas personas.
Sobre los pagos en beneficio de Jaime Blanco, Collingsworth afirmó que eran para cubrir los honorarios del abogado penalista que lo defendía de cargos por asesinatos de líderes sindicales. En el juicio, Collingsworth no presentó pruebas documentales de que ese dinero hubiera sido destinado a algún abogado.
SEMANA: ¿Cuál fue exactamente el veredicto?
Trey Wells: El jurado determinó, en primer lugar, que las afirmaciones que Collingsworth hizo en sus cartas, en las que acusaba a Drummond de asesinato, violaciones de derechos humanos y apoyo a organizaciones terroristas, eran falsas. Y no solo eso. El señor Collingsworth sabía que eran falsas al momento de hacer esas afirmaciones o, imprudentemente, omitió verificar si lo eran.
Por la demanda de difamación, el jurado lo condenó a pagar 26 millones de dólares en daños compensatorios y 26 millones de dólares en daños punitivos, para un total de 52 millones de dólares.
En el caso RICO, el jurado además determinó que el señor Collingsworth, el señor Albert van Bilderbeek, el señor Iván Otero y la ONG IR Advocates habían cometido actos de soborno y manipulación de testigos, lavado de dinero, fraude bancario, obstrucción a la justicia, extorsión y conspiración para delinquir.
SEMANA: ¿Cuál fue el veredicto por la segunda demanda?
Trey Wells: Por la demanda RICO, el jurado otorgó 68 millones de dólares por daños. De acuerdo con la ley RICO, ese monto indicado por el jurado debe triplicarse de forma automática, de manera que la condena total será de 256 millones de dólares.
SEMANA. ¿Qué es la ley RICO y por qué se aplica a casos en Colombia?
Trey Wells: Fue una ley creada originalmente para combatir el crimen organizado. Es principalmente una ley penal, pero contiene una disposición que permite que el perjudicado por la conducta interponga una acción civil.
En lo que respecta a su aplicación a las actividades en Colombia, la explicación es que la gran mayoría del dinero del que hablamos se originó en Estados Unidos. El lavado de dinero requiere el movimiento de recursos de un país a otro para ser utilizados en actividades ilegales. Todo se hizo en soporte de los casos pendientes en Estados Unidos. Muchos aspectos de las violaciones de la ley RICO involucraban territorio estadounidense.
SEMANA: ¿En el desarrollo del proceso se logró documentar casos semejantes con otras empresas?
Trey Wells: En el descubrimiento encontramos evidencia de conductas similares en otros casos, pero realmente no quiero hacer comentarios sobre otros casos.
SEMANA: ¿Y sobre el abogado colombiano Iván Otero?
Trey Wells: La información que tengo es que era abogado de paramilitares encarcelados.
SEMANA: La empresa ha dicho que el abogado Collingsworth buscaba dinero con estos pleitos, ¿cuál era la pretensión?
Trey Wells: Para cometer el acto de extorsión, de acuerdo con la Ley RICO, no es necesario lograr la obtención del dinero que se pretende, sino que basta con intentarlo. Encontramos un correo en el que Collingsworth hablaba de un abogado francés, André Lasserre, quien supuestamente iba a reunirse con el presidente de Colombia de la época, en 2011, para convencerlo de que Drummond estaba involucrada en actos ilegales.
Collingsworth le dijo al abogado francés que quería que le dijera al presidente que, con un billón de dólares, arreglarían el caso. Collingsworth testificó que tenía la esperanza de que el gobierno colombiano le quitara a Drummond las concesiones de carbón y petróleo en el país. Está probado que Collingsworth tenía un acuerdo de honorarios de contingencia con Albert van Bilderbeek y su empresa, Llanos Oil. Esos esfuerzos estaban enfocados en que ellos recuperaran una concesión que ahora tenía Drummond, avaluada por Collingsworth en más de 70 billones de euros.
Drummond nunca le pagó a Collingsworth para llegar a un arreglo sobre el caso. Drummond nunca llegará a un acuerdo con alguien que ha acusado falsamente a la compañía de asesinato.