Tras revelación de SEMANA, se suspendió la licitación del IDRD por más de $ 140.000 millones; Procuraduría asumió vigilancia y el instituto respondió

Después de que SEMANA revelara los cuestionamientos al millonario contrato de seguridad privada del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), el proceso se suspendió este jueves, 16 de octubre. La licitación, por más de 140.000 millones de pesos, presuntamente, iba a ser adjudicada a un único oferente a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), en medio de denuncias por presuntas irregularidades en los pliegos y reclamos del sector por supuesta falta de pluralidad.

SEMANA supo que la administración del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, pidió explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo con el proceso, lo que llevó a su suspensión mientras se revisan las condiciones y actuaciones en la entidad.

El gremio de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS), que agrupa a las empresas de seguridad privada, había advertido sobre el caso en una carta enviada a la Bolsa Mercantil de Colombia. En el documento, conocido por esta revista, se lee: “El MCP [Mercado de Compras Públicas] se ha convertido en un escenario de lavado de activos mediante el cual entidades estatales crean pliegos sastre para que solo una empresa quede habilitada”.

En otro aparte, el gremio advierte que “los miembros de la junta directiva no estarían cumpliendo sus deberes como administradores ni como buenos hombres de negocios si permiten que continúe este proceso que se sabe que es corrupto”.

IDRD responde y defiende la “transparencia” del proceso

Consultado por SEMANA, el IDRD emitió un comunicado en el que defendió la “transparencia” del proceso adelantado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. La entidad aseguró que “la definición de las condiciones de participación en todos sus procesos responde a las necesidades propias de su misionalidad y se rige por los principios de selección objetiva, responsabilidad, transparencia y pluralidad de oferentes”.

Según el pronunciamiento, las condiciones fueron estructuradas para garantizar la participación en igualdad de oportunidades y promover la libre concurrencia de las empresas interesadas. Además, el IDRD enfatizó que “en ningún caso se establecieron condiciones restrictivas con fines excluyentes” y que la evaluación de los oferentes está a cargo de la Bolsa Mercantil, encargada de habilitar a los proponentes que cumplan los requisitos antes de la rueda de negociación.

Vigilancia de la Procuraduría

En medio de la controversia y tras las revelaciones de SEMANA, la Procuraduría General de la Nación decidió intervenir y ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso. El organismo de control solicitó información detallada al IDRD y citó a una mesa técnica que se realizará este viernes, 17 de octubre, con el fin de revisar las condiciones y los criterios establecidos en la contratación.

En un oficio fechado el 16 de octubre, la entidad explicó que asumió el caso luego de que la Bolsa Mercantil comunicara su decisión de no realizar la rueda de negociación convocada, argumentando “la ausencia de pluralidad de oferentes y la existencia de posibles contradicciones regulatorias entre las condiciones establecidas en la Ficha Técnica de Negociación (FTN) y las normas expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.

La Procuraduría citó a los representantes del IDRD y de la Bolsa Mercantil a una Mesa Técnica Preventiva “con el propósito de exponer los hechos, actuaciones y fundamentos técnicos relacionados con la suspensión de la rueda de negociación mencionada”.

Mientras tanto, el futuro del contrato de seguridad del instituto queda en manos de los entes de control, que buscan esclarecer si el proceso cumplió con los principios de transparencia y libre competencia que deben regir la contratación pública.