Fueron 11 las personas capturadas por la Fiscalía en un operativo contra una organización criminal que se estaba quedando con los subsidios destinados a víctimas de la violencia en el departamento de Antioquia. Los delincuentes lograron acceder a las bases de datos y suplantar a las víctimas.
El plan criminal tenía roles definidos en la misma organización. Los delincuentes accedieron de manera irregular a los sistemas y bases de datos; allí extrajeron nombres, números de cédula y hasta registros biométricos que clonaron para generar los nuevos registros y cobrar los subsidios.
“La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba)”, señaló el ente acusador.
El presunto cabecilla de esta organización criminal era el encargado de suministrar los datos precisos de las personas que podían acceder a los beneficios otorgados por el gobierno nacional y departamental; justamente, estas víctimas del conflicto, desplazadas por la violencia, que previamente se habrían inscrito.
“Las evidencias indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros”, explicó el ente acusador.
Los fiscales a cargo del proceso señalaron que durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.
“Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados de cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad”, dijo la Fiscalía.
El ente acusador les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza. Cinco fueron enviados a la cárcel y el resto a la detención domiciliaria.