Wadith Manzur y Karen Manrique fueron reelectos para ocupar una curul en el Congreso, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida de aseguramiento en su contra por el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Inpec definió su sitio de reclusión.
En el caso de Manzur será recluido en la escuela de carabineros en el nororiente de Bogotá, donde también se encuentra la exconsejera para las regiones del presidente Gustavo Petro, Sandra Ortiz, judicializada por el mismo escándalo.
Por su parte, Karen Manrique tendrá un espacio en un pabellón especial de la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá, donde será trasladada en las próximas horas de acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario, para que allí cumpla la medida de aseguramiento impuesta por la sala de instrucción de la Corte.
Justamente la defensa de los dos parlamentarios le habría solicitado al Inpec un sitio de reclusión especial en una guarnición militar, para que allí enfrenten el proceso que apenas arranca en una nueva etapa. Sin embargo, el beneficio ocurrió solo en el caso de Manzur, que será vecino de Sandra Ortiz.
Los dos Manrique y Manzur, fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de favorecer los intereses del Gobierno a cambio de proyectos en la Unidad para la Gestión del Riesgo, que incluyen millonarios recursos supuestamente destinados a la atención de emergencias en varios departamentos.
De acuerdo con los magistrados Manzur y Manrique entregaron su voto en el Congreso en la aprobación de reformas legislativas del Gobierno Nacional con la promesa de recibir los proyectos de la UNGRD que en criterio de la Corte, estaban cargados de un interés personal y económico.
La Corte Suprema de Justicia definió su situación jurídica y decidió acusarlos por el delito de cohecho y además imponer una medida de aseguramiento tras advertir que su reelección en el Congreso representa un riesgo para el proceso y para la sociedad, como quedó sustentado en el documento.
La defensa de los dos congresistas ha reiterado su inocencia, lo único que hicieron fue tramitar ante el Gobierno Nacional y las entidades, los recursos necesarios para atender las emergencias en sus regiones y advierten que no hay pruebas de supuestas exigencias de dinero o dádivas a funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Por ahora los trámites en su proceso judicial y la acusación formal de la Corte Suprema de Justicia los tendrán que enfrentar a privados de la libertad. Una medida contundente si se tiene en cuenta que el resto de congresistas involucrados en el capítulo de la Comisión de Crédito Público, siguen libres.