Nuevos detalles se empiezan a conocer detrás del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por las ‘jugaditas’ que habrían hecho para beneficiarse de contratos de esa entidad, cuando integraban la Comisión de Crédito Público en el Congreso.
SEMANA reveló este fin de semana apartes del documento de 1.020 páginas que, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Sala de Instrucción expidió para acusar a seis congresistas involucrados en este capítulo de corrupción y envió a la cárcel a Manzur y a Manrique, tras considerarlos un peligro para la comunidad.
Pero además de definir la situación jurídica de Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur, la investigación de la Corte también sacó a flote que la negociación ilegal detrás de los contratos de la UNGRD es una “práctica relativamente sostenida que venía ya teniendo lugar en la CICP (Comisión Interparlamentaria de Crédito Público) desde antes de los hechos objeto de este proceso y que, probablemente, puede repetirse”.
El documento en poder de esta revista reveló que “el 8 de noviembre de 2023, el sindicado Manzur Imbett le manifestó a la asesora Benavides Soto que aún estaban en disputa por ‘las deudas del año anterior’ y que no querían que les pasara, esta vez, lo mismo”.
Esa manifestación, para la Corte, dejaría en evidencia la existencia de compromisos entre el Ejecutivo y los congresistas que se situarían un periodo antes de que llegaran a la Comisión de Crédito Público; Wadith Manzur ingresó a esa célula del Legislativo en agosto de 2023.
Pero la investigación del alto tribunal también destapó que “en agosto de 2023, el viceministro Guevara Castañeda le contó a la asesora Ramírez Oliveros (mano derecha de Ricardo Bonilla) acerca de una ‘encerrona’ que le hicieron dos presidentes de las comisiones económicas con el mensaje de exigencia de deuda: ‘Nos deben cositas y toca definir el monto’“.
SEMANA reveló chats entre la exasesora María Alejandra Benavides y el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, que lo comprometen con la presunta compra corrupta de la conciencia de los congresistas de la Comisión de Crédito Público con contratos de la UNGRD, a cambio de que aprobaran los créditos que solicitaba el Gobierno Petro con la banca internacional.
Los once congresistas en la mira de la Corte
Con las deudas que cobró Manzur y dos presidentes de las comisiones económicas al Ministerio de Hacienda, la Corte Suprema también halló en la casa de Andrea Ramírez, la exasesora principal de esa cartera que fue reemplazada por Benavides durante una licencia de maternidad, una prueba contundente que dejaría en evidencia que esa práctica corrupta vendría desde gobiernos anteriores y se sostuvo en la era Petro.
La Sala de Instrucción develó que esa evidencia es “una hoja manuscrita que, en cifras cerradas, distribuye lo que serían 650.000 millones de pesos en cuatro porciones: 3 Cámara, 3 Senado; 4 Cámara y 4 Senado. La cifra global se distribuye así: para 3 Cámara, 150 mm; para 3 Senado, 200 mm; para 4 Cámara, 150 mm; y para 4 Senado, 150 mm”. En la hoja, según la Corte, “se detalla una operación distributiva para ‘3 Senado’, en la que, además, queda claro que se trata de la Comisión Tercera Constitucional del Senado de la República”.
La hoja escrita a puño y letra es una lista de 11 congresistas que tienen asignada una “porción” en los miles de millones de pesos que se habrían destinado, sin que se precise exactamente la fecha en que habrían ocurrido los hechos. En ese listado aparece el nombre de los senadores Efraín Cepeda y Juan Carlos Garcés con una asignación de “30 MM”, haciendo referencia a 30.000 millones de pesos.
En la fila también aparecieron los nombres de los congresistas “Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez, José Alfredo Gnecco, Juan Diego Echavarría”, con una destinación de “20 MM”; y los legisladores “Karina Espinosa, Jairo Castellanos, Arturo Char y Armando Zabaraín”, con una designación de “10 MM”.
Los nombres de otros seis congresistas también aparecen en ese listado, que SEMANA se abstiene de publicar porque no tienen monto asignado y no hay claridad sobre su participación. En la lista también está Arturo Char, quien actualmente no es senador, por lo que la Corte concluyó que “es probable que existieran y existan todavía prácticas equivalentes dirigidas a comprar a otros congresistas”.
La Corte Suprema advirtió que estas pruebas demostrarían cómo la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo “deformó la negociación política (…) para convertirla en un ejercicio mercantilista de compra de votos y decisiones”.