Esta semana, el país se volvió a agitar en materia judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera enviar a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados como protagonistas en el escándalo más grande de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
SEMANA obtuvo en exclusiva el documento que expone los motivos detrás de esta decisión, con la que el alto tribunal también acusó a cinco congresistas y a un excongresista más, dando inicio formal al juicio.
En la decisión hay una revelación explosiva que involucra a más congresistas con la presunta entrega de millonarios contratos de parte del Ministerio de Hacienda a cambio de sus votos. Una práctica que, al parecer, viene desde Gobiernos anteriores y se sostuvo en la era Petro según las evidencias.
La Sala de Instrucción detalló que el 10 de diciembre de 2024 se hizo un allanamiento a la vivienda de Andrea Ramírez, quien era asesora de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Ella estuvo ocupando el mismo cargo en administraciones anteriores.
En su domicilio encontraron documentos que “sugieren esa clase de relaciones clientelares entre actores del Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República”, advierte el documento en poder de SEMANA.
El hallazgo fue “una hoja manuscrita que, en cifras cerradas, distribuye lo que serían 650.000 millones de pesos en cuatro porciones: 3 Cámara, 3 Senado; 4 Cámara y 4 Senado. La cifra global se distribuye así: para 3 Cámara, 150 mm; para 3 Senado, 200 mm; para 4 Cámara, 150 mm; y para 4 Senado, 150 mm”. En la hoja, según la Corte, “se detalla una operación distributiva para ‘3 Senado’, en la que, además, queda claro que se trata de la Comisión Tercera Constitucional del Senado de la República”.
En este caso no se puede pasar por alto que Andrea Ramírez era la funcionaria del Ministerio de Hacienda que se ausentó por su licencia de maternidad. Su cargo como asesora del entonces ministro Bonilla fue ocupado por María Alejandra Benavides, ahora testigo estrella de la supuesta repartija de contratos de la UNGRD.
De ahí el interés en las comisiones Tercera y Cuarta, pues son las encargadas de manejar temas económicos y los préstamos de la nación; a su vez, son las que componen la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, célula salpicada en el escándalo de la UNGRD.
Lo que más ha llamado la atención de esa prueba en poder de la Corte es un cuadro que registra el nombre de 11 congresistas que tienen asignada una “porción” en los miles de millones de pesos que se habrían destinado, sin que se precise exactamente la fecha en que habrían ocurrido los hechos. En ese listado aparece el nombre de los senadores Efraín Cepeda y Juan Carlos Garcés con una asignación de “30 MM”, haciendo referencia a 30.000 millones de pesos.
Los siguientes en la lista son los congresistas “Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez, José Alfredo Gnecco, Juan Diego Echavarría”, con una destinación de “20 MM”; y los legisladores “Karina Espinosa, Jairo Castellanos, Arturo Char y Armando Zabaraín”, con una designación de “10 MM”.
El caso de Gómez Amín
No obstante, en referencia a Mauricio Gomez Amín, una declaración de María Alejandra Benavides en la Corte Suprema de Justicia señala lo siguiente: “Antes del senador JPG (en referencia a Juan Pablo Gallo), quien ocupaba el puesto en la comisión era el senador Mauricio Gómez Amín. Sin embargo, en las conversaciones con Andrea (Ramírez), Andrea me dijo: al senador Mauricio Gómez Amín nunca le han interesado los cupos indicativos. A ese senador esto no le importa”.
En el documento aparecen los nombres de otros seis congresistas, que SEMANA se abstiene de publicar porque no tienen monto asignado y no hay claridad sobre su participación. En la lista también está Arturo Char, quien actualmente no es senador, por lo que la Corte concluyó que “es probable que existieran y existan todavía prácticas equivalentes dirigidas a comprar a otros congresistas”.
Para la Sala de Instrucción, los montos y porcentajes similares a los que se obtuvieron en la negociación del Ministerio de Hacienda y los congresistas de la Comisión de Crédito Público con los contratos de la UNGRD muestran “la dimensión política latente de la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo que deformó la negociación política (...) para convertirla en un ejercicio mercantilista de compra de votos y decisiones”.
SEMANA reveló en exclusiva el testimonio que Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, le dio a la Corte Suprema de Justicia por este caso, en el que terminó confesando que en esa cartera existe una “matriz” con proyectos de inversión asignados a congresistas. El propio Luis Carlos Reyes, exministro del Gobierno Petro, le ha pedido a la Justicia que investigue “a fondo el papel de Ramírez en el desvío de recursos públicos a través de cupos indicativos en los últimos tres Gobiernos”.
Manzur y Manrique
La Corte Suprema de Justicia argumenta en el documento los motivos por los que decidió enviar a la cárcel a los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, después de que encontró nuevos elementos en los testimonios que dieron María Alejandra Benavides, la exasesora del MinHacienda que reemplazó a Ramírez durante su licencia de maternidad; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Para la Corte, los testimonios coinciden y dan credibilidad a la operación corrupta que se habría dado.
La Sala explicó que “la detención preventiva resulta plenamente justificada en el caso de Manzur Imbett y Manrique Olarte porque es necesaria para proteger a la comunidad; y, adicionalmente, frente al primer sindicado, se justifica esta medida preventiva con el fin de proteger la actividad procesal y probatoria”.
Esos fueron los dos indicios graves para enviarlos a la cárcel, pero los magistrados explicaron que eran un peligro para la sociedad porque “habrían comprometido por fines corruptos la función pública, minando así la confianza institucional y la confianza de los ciudadanos en sus representantes (...) habrían, también, afectado el principio de separación de poderes que implica la obligación de los congresistas de hacer control efectivo de las decisiones del Ejecutivo”.
Asimismo, explicaron que Manzur y Manrique, así como sus colegas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, irán a juicio por cohecho impropio, un delito que “pretende castigar, en términos gruesos, el comportamiento corrupto del funcionario público que, por razones privadas, vende su función a cambio de una dádiva”.
Para la Corte, este tipo de negociaciones ilícitas entre votos parlamentarios y decisiones administrativas causa que “los congresistas terminen condicionando decisiones del Ejecutivo” e imponiendo “intereses particulares, presionando trámites y acelerando decisiones con el fin de obtener beneficios propios o de terceros (...) pasando a depender de negociaciones políticas clandestinas”.
La Corte recordó que los testimonios implican a los dos legisladores capturados con dilaciones en las sesiones de la Comisión de Crédito Público para los empréstitos de la nación, “ralentización de manera injustificada de trámites crediticios y otro tipo de jugaditas mientras se habría venido gestando una negociación criminal liderada por ellos”.
El documento también expuso que las conversaciones formales e informales que se han conocido de Manzur y Manrique en ese caso dejan ver cómo, “con probable desprecio por la legalidad, indagaban por avances en la negociación criminal, solicitaban resultados, requerían ser atendidos privilegiadamente para que se escucharan sus solicitudes indebidas y, en general, alejados de cualquier discusión técnica o normativa, controlaban el avance de la negociación criminal”.
La Sala de Instrucción concluyó que los dos congresistas enviados a la cárcel “acumularon recursos, contactos e influencias que les permitirían seguir con su actividad delictiva”, por lo que su conducta fue enmarcada en una “red criminal capaz de cooptar, como presuntamente lo hizo en este caso, las principales instituciones del país”. La Corte advirtió que los congresistas tienen “una alta capacidad de mantenerse en prácticas corruptas”. Por eso fueron capturados tras ser reelegidos.