Todo un revuelo hay en Santa Marta, Magdalena, en la propiedad horizontal condominio Porto Horizonte, conformada en su mayoría por locales comerciales y 500 apartasuites destinados a servicios de alojamiento turístico por días a través de diversas plataformas virtuales.
Los propietarios de estos inmuebles se sienten estafados tras haber invertido en este proyecto, pues aseguran que no participan en las decisiones económicas y sociales que se toman desde la administración provisional. Esta, según denuncian, se mantiene de forma ilegítima en poder del constructor, quien, además, estaría en proceso de liquidación.
SEMANA conversó con Carlos Felipe Diago, representante legal de Sinercolm S. A. S., administrador de uno de estos apartamentos. Denunció el conflicto que se ha desatado de forma administrativa y jurídica entre propietarios y la sociedad constructora, hoy en liquidación.
“Lo que sucede es que el constructor y la firma administradora provisional Propiedad 360 S. A. S. se niegan a entregar la administración de la propiedad horizontal a sus propietarios, alegando que actualmente solo está construida la primera etapa del proyecto inmobiliario, concebido por Alianza Fiduciaria S. A. y la sociedad Porto Horizonte S. A. S. para ser desarrollado en dos etapas. Algo que difícilmente ocurrirá en el corto plazo debido al procedimiento de disolución y al proceso de liquidación iniciado por la constructora desde el primer semestre de 2025”, indicó.
Ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta cursa una demanda contra esta constructora, que solo habría sido creada para la realización de un proyecto inmobiliario y que, a la fecha, ejerce actos de administración, pese a la negativa de renovación de la certificación de representación legal por parte de la Alcaldía de Santa Marta. Esta invitó a las partes a solucionar sus controversias mediante mecanismos alternativos o ante la autoridad judicial competente.
“Los incrementos en la cuota de administración han sido aprobados sin la debida participación de los copropietarios, en un escenario en el que la sociedad constructora mantiene el control de la asamblea y de las decisiones presupuestales, generando un desequilibrio evidente en la toma de decisiones”, señaló el representante legal que administra una de las suites.
Uno de los puntos más sensibles es el valor de la cuota de administración, que ha aumentado de manera considerable con el paso de los meses. Según el denunciante, los propietarios estarían pagando cifras superiores al promedio nacional.
“En promedio, en Colombia se pagan alrededor de 10.000 pesos por metro cuadrado. En Porto Horizonte estamos pagando más de 17.000 pesos por metro cuadrado (el valor que resulta de dividir el área por el monto cancelado es de 22.188 pesos). En mi caso, por una suite de 32 metros cuadrados, pago cerca de 710.000 pesos mensuales. Hay propietarios que pagan entre 1.300.000 y 1.400.000 pesos”, explicó Diago.
Asimismo, indicó que no existe una verdadera veeduría de los copropietarios de estas suites destinadas al turismo, por lo que podrían estar enfrentándose a una posible estafa, situación que buscan evitar mediante acciones legales.
“Como el constructor se atribuye el 51 por ciento del proyecto, impone directamente la administración y aprueba los incrementos. Nosotros solo pagamos, pero no tenemos verdadera veeduría”, manifestó.
El edificio funciona bajo un modelo mixto, residencial y hotelero. La operación hotelera está a cargo de Oxo Hoteles, pero, según la denuncia, los propietarios residenciales estarían asumiendo gastos asociados a esa operación.
“El edificio opera bajo un modelo mixto, residencial y hotelero. El hotel lo maneja Oxo Hoteles. Sin embargo, los propietarios residenciales estamos asumiendo parte de la nómina del hotel, incluido el gerente, lo que representa cerca de 100 millones de pesos en sobrecostos, pese a que no recibimos beneficios de esa operación”, indicó Diago.
La demanda en curso busca que la Justicia les ordene a Alianza Fiduciaria S. A. y Porto Horizonte S. A. S. la entrega, sin mayores dilaciones, de la administración provisional y de los bienes comunes a los propietarios de las unidades privadas inmobiliarias que conforman el edificio.
“Se estaría trasladando a los propietarios residenciales el pago de gastos asociados exclusivamente a la explotación hotelera, lo cual configura un posible enriquecimiento sin causa y una afectación directa al patrimonio de los copropietarios”, se lee en la demanda.
Asimismo, sostuvo que “existe una circular interna de 2025 en la que la administración informa que el constructor está en liquidación. Además, esa información puede verificarse en registros públicos. El constructor adeuda más de 600 millones de pesos en gastos de administración”.
Otra de las polémicas gira en torno a un contrato que se firmó antes de la entrega del proyecto con el servicio de internet, que debe prestarse con una empresa específica.
“Antes de la entrega, se firmó un contrato con la empresa NetWiFi para el cableado estructural. Estamos pagando entre 60 y 66 millones de pesos mensuales durante cinco años. Ese costo se distribuye entre los propietarios y consideramos que debió estar incluido en el valor del inmueble”, explicó.
Asimismo, indicaron que “el contrato fue suscrito sin la aprobación expresa de la asamblea de copropietarios y compromete recursos por varios años, afectando gravemente las finanzas del edificio”.
Los propietarios precisaron que el constructor habría realizado obras por fuera de lo establecido en la licencia de construcción, por lo que piden especial vigilancia de las autoridades competentes.
“En la suite 309 se habría construido un jacuzzi en una terraza sin licencia de construcción ni estudios estructurales. La Curaduría n.º 1 de Santa Marta informó que no existe licencia para esa obra. La Alcaldía respondió que no ha podido hacer visita técnica por falta de transporte”, aseguró Diago.
Asimismo, agregó: “La construcción denunciada podría comprometer la estabilidad del edificio y poner en riesgo a los residentes, razón por la cual solicitamos la intervención inmediata de las autoridades competentes”.
SEMANA se comunicó con la constructora, pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. En este caso, serán las autoridades las que determinen si las presuntas irregularidades denunciadas configuran responsabilidades administrativas o civiles.
Tras la publicación de este informe periodístico, Erica de la Cruz Cervantes, Administradora Provisional Delegada de Propiedad 360 S.A.S., quienes son los encargados de la administración de Porto Horizonte, se pronunció entregando sus argumentos a las denuncias que realizan los copropietarios.
“La contabilidad de la copropiedad del EDIFICIO PORTO HORIZONTE CONDOHOTEL PRIMERA ETAPA PH se lleva bajo las normas legales vigentes y, tras la revisión de los estados financieros, se constata que no existe traslado de gastos, rubros ni partidas asociados a la operación comercial u hotelera hacia la contabilidad de la copropiedad residencial”, explicó.
Asimismo, indicó: “Los costos de nómina del gerente del hotel y del personal vinculado a la explotación comercial no son asumidos por la copropiedad ni hacen parte de las expensas comunes, por cuanto existe independencia y separación contable, destinándose las cuotas de administración exclusivamente a los gastos de mantenimiento, conservación y administración de bienes y servicios comunes, conforme al presupuesto aprobado y en ejecución”.
Frente a la empresa de wifi que fue cuestionada por los copropietarios, señaló: “Respecto a la infraestructura tecnológica mencionada, aclaramos que dicho vínculo contractual fue recibido por esta administración como una estructura preexistente. Nuestra labor se limita a la supervisión de su ejecución técnica para asegurar la prestación del servicio a la comunidad, evitando incumplimientos contractuales que perjudiquen a la copropiedad”.