Un grupo de inspectores de policía de Bogotá denunció el presunto incumplimiento en la aplicación de la Ley 2492 de 2025, que modificó su denominación a inspectores de convivencia y paz y ordenó su reclasificación al grado más alto dentro de cada entidad territorial.
“El 23 de julio del año 2025, el congreso aprobó una ley y, pues, fue sancionada por el presidente, una ley donde se cambiaba la denominación de inspectores de policía por inspectores de convivencia y paz”, explicó en SEMANA José Abdul Pérez, inspector de policía de Bogotá.
Según indicó Pérez, la norma estableció un plazo máximo de seis meses para su implementación, término que venció el pasado 23 de enero de 2026. Sin embargo, aseguró que en Bogotá no se ha aplicado, pese a que otras ciudades como Medellín, Santa Marta, Cali, Villavicencio y Yopal ya lo hicieron.
De acuerdo con el inspector, la administración distrital argumentó inicialmente que no alcanzó a cumplir el plazo, pero que lo haría días después. Posteriormente, señaló que la Secretaría Jurídica indicó que la medida no avanzaría por la vigencia de la ley de garantías.
“Ellos están escudándose en un concepto que sacó la función pública (…) en donde ellos dicen que, ojo, tenga cuidado con la ley de garantías”, argumentó.
No obstante, Pérez sostuvo que la función pública aclaró que dicho concepto no es vinculante y que cada entidad territorial debe revisar si aplica o no la ley. También señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció indicando que la ley de garantías no está por encima de derechos de carrera administrativa.
“Lo que necesitamos es que cumplan con lo que dice la ley, de colocarnos en el grado donde debemos estar”, manifestó y agregó que la administración habría planteado implementar el cambio sin efectos salariales retroactivos y con pagos posteriores a la ley de garantías.
Los inspectores anunciaron la realización de asambleas informativas intermitentes como mecanismo de protesta. Advirtieron que una eventual reducción en la operación podría afectar trámites relacionados con comparendos, demoliciones, invasiones y control urbanístico.
Pérez explicó que el cambio de denominación busca evitar confusiones con la Policía Nacional, especialmente en zonas rurales donde, según dijo, algunos inspectores fueron amenazados o asesinados al ser identificados erróneamente como miembros de esa institución.
“¿Qué estamos pidiendo? Que el alcalde nos cumpla, nada más”, concluyó en la entrevista con SEMANA.