Lo llamaron con una promesa que sonaba razonable. Un contrato de maquinaria amarilla, el tipo de negocio que se cierra con un apretón de manos en una sala de reuniones y que puede mover varios cientos de millones de pesos. Alguien del otro lado de la línea conocía su nombre, su sector y términos correctos.
El ciudadano de nacionalidad colombobritánica, de 61 años, compró el tiquete, tomó el vuelo y el 26 de abril de 2026 fue visto por última vez en la terminal de transportes de Cali. Desde entonces está en poder de la columna Jaime Martínez, disidencia de las Farc.
Su caso no es el primero. Tampoco será el último, advierten defensores de derechos humanos y líderes sociales que han seguido de cerca esta dinámica.El patrón se repite con una consistencia que los investigadores describen como un modus operandi consolidado.
Todo empieza con un contacto: una llamada, un mensaje por WhatsApp, a veces una cadena de comunicaciones que se extiende durante semanas y que simula con precisión los tiempos y el lenguaje de una negociación comercial legítima. El objetivo son ciudadanos de alto perfil económico: empresarios, comerciantes, intermediarios de negocios, personas con activos visibles o con reputación en sectores como construcción, minería, agroindustria o maquinaria pesada.
Los emisarios de la columna Jaime Martínez, según relataron a este medio varias fuentes con conocimiento directo de los casos, delinquen con perfiles falsos que incluyen referencias verificables, documentos de empresa, incluso números de NIT que corresponden a sociedades reales. En algunos casos han llegado a sostener videoconferencias previas al encuentro para reforzar la credibilidad de la trampa. La cita siempre es en Cali.
“Le mandaron un contrato preliminar, una carta de intención con membrete y todo. Mi familiar no tenía razón para desconfiar. Era un negocio como muchos otros que había cerrado antes”, señaló la familiar de una de las víctimas.
Una vez la víctima llega a la capital del Valle del Cauca, la intercepción ocurre en los dos nodos de entrada más concurridos de la ciudad: el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, o la terminal de transportes de Cali. Ambos puntos concentran un flujo masivo de viajeros que los convierte en lugares donde una persona puede ser abordada, rodeada y retenida sin que el hecho sea inmediatamente visible para los demás. La rapidez de la operación, según los testimonios recogidos, no deja margen de reacción.
Desde allí, los secuestrados son transportados hacia las zonas montañosas del municipio de Jamundí, al sur de Cali, donde la columna Jaime Martínez mantiene presencia histórica y corredores de movilidad que le permiten sostenerse fuera del alcance operativo de la fuerza pública en terrenos de alta complejidad.
Jamundí es un municipio que colinda con Cali por el sur y que sube hacia la cordillera Occidental en un relieve abrupto que históricamente ha servido de retaguardia para diferentes actores armados.
Los familiares de las víctimas que accedieron a hablar con este medio, bajo reserva de identidad por razones de seguridad, describieron contactos iniciales con intermediarios que exigen sumas que oscilan entre los 200 y los 800 millones de pesos, dependiendo del perfil económico estimado del secuestrado. Las negociaciones, cuando se inician, son lentas, deliberadas y están diseñadas para extenuar a las familias hasta que accedan a montos que en muchos casos implican la venta de propiedades o la liquidación de activos empresariales.
En al menos dos de los casos documentados, las familias pagaron. En ambos, las víctimas fueron liberadas en zonas rurales del sur del Valle, sin acceso a comunicaciones, con instrucciones precisas de no denunciar. El miedo a represalias ha mantenido muchos de estos casos fuera del conocimiento público y de las estadísticas oficiales.
Un defensor de derechos humanos le contó a SEMANA que “esto no es improvisado. Tienen información que solo se consigue con inteligencia previa: saben cuánto gana la persona, qué propiedades tiene, si tiene familia en el exterior. No están pescando al azar”.
El caso del colomboinglés
El hombre tiene 61 años, nacionalidad colombiana y británica, y experiencia en el sector de maquinaria pesada. Fue contactado semanas antes de su viaje por personas que se presentaron como representantes de una empresa interesada en cerrar un contrato de alquiler y mantenimiento de maquinaria amarilla para un proyecto en el suroccidente del país. Todo apuntaba a una operación comercial ordinaria.
El 26 de abril de 2026, familiares confirmaron que llegó a la terminal de transportes de Cali. Eso fue lo último que se supo de él por canales directos. Su desaparición fue reportada a las autoridades colombianas y, por su doble nacionalidad, también se activaron canales consulares del Reino Unido.
Líderes sociales que trabajan en zonas de influencia de la columna Jaime Martínez confirmaron a este medio que el hombre se encuentra retenido en el área montañosa de Jamundí. La familia ha recibido contactos exigiendo dinero y, por la sensibilidad del caso y la seguridad de la víctima, no ha hecho declaraciones públicas.
Su caso se suma a una cadena de hechos que las organizaciones de derechos humanos venían advirtiendo desde finales de 2025, cuando comenzaron a registrar un aumento en los reportes de empresarios contactados con propuestas comerciales que no se materializaron y que en algunos casos derivaron en amenazas directas o en retenciones que las familias no denunciaron formalmente.
Fue a través de líderes sociales y defensores de derechos humanos que operan en el Valle del Cauca y en zonas de frontera con el Cauca que este patrón llegó al conocimiento de SEMANA.
Uno de los defensores de derechos humanos consultados, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad, describió la situación en términos precisos: la columna Jaime Martínez encontró en el secuestro selectivo de empresarios una fuente de financiación más discreta y más rentable que la extorsión masiva, pues las víctimas tienen más capacidad de pago, más razones para guardar silencio y generan menos movilización social que otros perfiles.
“Lo que estamos viendo es una mutación del secuestro tradicional. Ya no es el político de los años noventa ni el masivo de carretera. Es un secuestro de alto valor, quirúrgico, que usa las herramientas del mundo de los negocios para operar. Y eso lo hace mucho más difícil de prevenir”, subrayó la fuente. Los casos documentados por este medio muestran un perfil consistente: hombres entre 45 y 65 años, con actividad económica en sectores como construcción, comercio de maquinaria, agronegocios o importaciones.
Varios de ellos residen o tienen vínculos con ciudades distintas a Cali, lo que los convierte en visitantes que no conocen bien la ciudad, no tienen redes locales de apoyo inmediato y son más vulnerables a ser interceptados en puntos de llegada sin que nadie en la ciudad note su ausencia de manera rápida.
Organizaciones han documentado, de manera independiente y sin cruzar información entre sí necesariamente, casos que comparten las mismas características: cita comercial, intercepción en punto de entrada a Cali y retención en zona montañosa de Jamundí.