El millonario contrato de la Fiscalía para promocionar sus logros, en medio de críticas por engavetar investigación de los computadores de Calarcá y procesos estancados

“Nos toca pagar para conseguir información y poder avanzar en las investigaciones”, es la dramática denuncia que hacen algunos funcionarios de la Fiscalía a SEMANA, mientras advierten que deben sacar de su propio bolsillo para desarrollar su trabajo. Esto, mientras la Fiscalía firmó un millonario contrato con el único fin de publicitar lo que consideran la “efectividad” en los pilares de Luz Adriana Camargo.

La fiscal Camargo asumió el cargo en marzo de 2024, luego de una compleja discusión en la Corte Suprema de Justicia que incluyó la renuncia de la entonces candidata Amelia Pérez. Cuando tomó posesión ante el presidente Gustavo Petro, el responsable de ternarla, advirtió que cinco pilares serían la base de su administración y del direccionamiento estratégico de los próximos cuatro años.

A menos de cuatro meses de completar la mitad de su gestión al frente de la Fiscalía, han sido casi nulos los resultados en procesos de relevancia para el país, como el juicio a Nicolás Petro o el saqueo a la UNGRD. Incluso, la fiscal ha sido duramente criticada por decisiones que en el papel parecían innovadoras, pero en la práctica frenaron la actividad del ente acusador, como sostienen en el búnker. Estableció reestructuraciones, firmó resoluciones para suspender órdenes de captura, revolcó las principales direcciones y cambió fiscales en investigaciones sensibles. El asunto se puso peor para Camargo y todos los reflectores apuntaron a la entidad cuando tuvo que reconocer un error en la investigación que reveló una supuesta infiltración de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y que estuvo engavetada por más de un año.

Los propios funcionarios le dijeron a la fiscal que “en esta administración la están pasando mal”, que falta personal, fiscales e investigadores. Aun así, la Fiscalía firmó un contrato por 1.116 millones de pesos con Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) que tiene como objeto la producción de piezas audiovisuales con un fin bastante particular: resaltar la “efectividad” de los cinco pilares propuestos por la fiscal al inicio de su gestión.

“En aras de visualizar la efectividad de los cinco pilares del Direccionamiento Estratégico, orientados en ejercer la acción penal de manera estratégica, para responder adecuadamente a las nuevas y cambiantes formas en las que opera la criminalidad”, señala el contrato de la Fiscalía con RTVC.

La totalidad del contrato se cancelará a RTVC de acuerdo con el avance y entrega de los productos audiovisuales. Un primer pago será asumido por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) del MinTIC y que suma 116 millones de pesos. Los restantes 1.000 millones saldrán del presupuesto de la Fiscalía, el mismo que reclaman los funcionarios.

En detalle, el contrato incluye la realización de dos comerciales institucionales, un documental de 30 minutos y dos microdocumentales de 15 minutos cada uno. Se advierte que los productos contratados con RTVC requieren de especificaciones técnicas para ser presentados en el sistema de medios públicos, ya que, según el contrato, la “Fiscalía no cuenta con elementos de producción”.

“En razón a que la FGN requiere la producción de piezas audiovisuales institucionales y su divulgación en un medio de comunicación audiovisual de acceso público, ya que la Fiscalía no cuenta con los elementos de producción audiovisual exigidos para la realización de mensajes institucionales, con los estándares de alta calidad requeridos por la televisión colombiana, ni con un canal de televisión pública para garantizar su difusión a nivel nacional”, advierte el contrato.

Si bien el contrato está reforzado en la necesidad que plantea la Fiscalía y que, según el mismo documento, no puede cubrirse con los funcionarios que forman parte de la Dirección de Comunicaciones, encargada de productos audiovisuales de alta calidad, casi diarios y que incluye reportajes, no deja de llamar la atención por el objetivo que plantea: la efectividad de los pilares.

“Que la Fiscalía requiere visualizar ante la ciudadanía los avances de los pilares del Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que la ciudadanía pueda reconocer y destacar la forma en la que se desarrollan las investigaciones a nivel regional y nacional y las rutas de atención a sus denuncias”, explica el contrato.

De manera repetida, el acuerdo advierte que la Fiscalía no está en capacidad de generar productos para mensajes institucionales con la calidad que exige o “requeridos por la televisión colombiana”. Además, señalan que el ente acusador no cuenta con un canal propio para garantizar que sus documentales, comerciales o mensajes se difundan con el impacto deseado.

“Mejores estándares de calidad visual y sonora, alineados con prácticas audiovisuales contemporáneas. Incorporación de Valor Agregado Estratégico”, señala el contrato, que además incluye lenguaje de señas para los cuatro productos y un detalle que no explican con claridad: “Adaptaciones que garantizan accesibilidad universal”.

El mismo contrato advierte que los documentales y mensajes institucionales serán presentados en las plataformas de RTVC con el objetivo de dar mayor alcance, cuando es claro que el sistema de medios públicos no tiene el impacto que se pretende en la propuesta del contrato como valor agregado.

La contratación fue directa, con ofertas, de acuerdo con la información incluida en el Secop II, y se dejó como supervisor al director de comunicaciones del ente acusador, el mismo que recibió la propuesta de RTVC con el valor total y la cantidad de productos ofrecidos, pero con una anotación especial respecto de la modificación de horarios de publicación.

Advierte el contrato que la transmisión de los documentales o comerciales, pagados por la Fiscalía, podrá ser suspendida en caso de que la Presidencia de la República solicite el espacio, así quedó en el listado de parágrafos: “RTVC podrá suspender la transmisión o emisión de cualquiera de las piezas audiovisuales objeto del contrato”. En otras palabras, la franja u horarios podrán ser modificados por el contratista y nuevamente el impacto que espera la Fiscalía no está garantizado.

Aunque los contratos interadministrativos entre la Fiscalía y RTVC no son nuevos en el ente acusador, incluso han dejado productos galardonados y replicados en otros países, los sindicatos no entienden cómo en un escenario de austeridad y cuando se necesitan más fiscales e investigadores, el ente acusador destina más de 1.100 millones de pesos para autorresaltar lo que considera “efectividad” de los cinco pilares de esta administración.