Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

La Justicia de Estados Unidos desmanteló una red transnacional de fraude de visas, extorsión y lavado de dinero que durante cuatro años habría defraudado a miles de ciudadanos centroamericanos y suramericanos que buscaban trabajar legalmente en Estados Unidos.

Según la justicia de ese país, las víctimas entregaron más de 2,5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia indicó que tres de los acusados fueron arrestados en Medellín; otro en Sacramento, California, y uno más en el área de la ciudad de Dallas, en Texas.

Uno de los detenidos en Medellín fue identificado como Edwin Alberto Correa-David, señalado de supervisar aproximadamente ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín, “lo que incluía decidir qué sitios web fraudulentos utilizar, cuánto cobrar a las víctimas y qué receptores de fondos estadounidenses utilizar como intermediarios”, según el Departamento de Justicia.

El otro es Andrés Giraldo-Ospina, responsable de la creación de múltiples sitios web fraudulentos y de brindar asistencia técnica a centros de llamadas cuando estos no funcionaban correctamente. “Con el tiempo, también se hizo cargo de un grupo adicional de centros de llamadas, además de los supervisados ​​por Correa”.

Y Danna Pamela Porras-Marín, quien “gestionó un centro de llamadas en Medellín y brindó amplio apoyo administrativo a otros centros. También obtuvo y diseñó los sitios web utilizados en el fraude”, según las autoridades de Estados Unidos.

Una persona identificada como Esteban Robledo-Correa, quien según las investigaciones comenzó como intermediario en Estados Unidos, reclutaba y gestionaba a otros intermediarios para recibir fondos de las víctimas y luego los transfería.

“Tras regresar a Colombia, ayudó a administrar centros de llamadas en Medellín. Robledo-Correa sigue prófugo”, indica la justicia estadounidense sobre este último.

En Sacramento, California, un hombre identificado como Julián Giraldo-Ospina supervisaba un grupo de intermediarios que lavaban dinero en esa región. En compañía de su hermano Andrés Giraldo-Ospina, dirigió un centro con sede en Medellín.

Además, las autoridades detuvieron en Denton, Texas, a Viviana Urrego-Rojas, acusada de, presuntamente, coordinar a intermediarios para recibir dinero de las víctimas y enviar los fondos a Colombia.

Los detenidos en Estados Unidos fueron llevados ante tribunales de justicia el miércoles 3 y este jueves 4 de diciembre.

Por su parte, los de Medellín serán objeto de un proceso de extradición. Las autoridades estadounidenses indicaron que un acusado que está en Colombia está prófugo.

Otros 16 capturados que están en países como Ecuador y El Salvador enfrentarán cargos diferentes ante las justicias de esas naciones.

“Están acusados ​​de hacerse pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse fraudulentamente a costa de las víctimas que intentaban viajar legalmente a Estados Unidos”, declaró el miércoles, 3 de diciembre, el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Se alega que los acusados ​​implementaron su plan para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas. La División Penal perseguirá enérgicamente los planes que socavan las leyes de inmigración y erosionan la confianza en los procesos gubernamentales”, agregó.

“Esta operación demuestra la solidez de nuestras alianzas internacionales con las fuerzas del orden y nuestra determinación de exigir responsabilidades a los estafadores. El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) se enorgullece de haber apoyado este esfuerzo coordinado, que ha resultado en arrestos en cuatro países y en la desarticulación de una red transnacional de fraude financiero y de visas que afecta a víctimas en toda Latinoamérica y Sudamérica”, dijo Joseph Jung, jefe de la División de Investigaciones Criminales en el Extranjero del DSS.

Por su parte, Ricardo Mayoral, subdirector de Operaciones Internacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que ha trabajado de la mano de las autoridades en Medellín para detectar el ingreso de personas con potencial peligro para menores vulnerables de abuso sexual y trata de personas, dijo:

“HSI y nuestros socios federales han desmantelado con éxito un sofisticado esquema internacional multimillonario de fraude migratorio que no solo se extendía por varios países, sino que se aprovechaba de miles de migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos por la vía legal”.

Según explicaron las autoridades, “las víctimas fueron engañadas haciéndoles creer que participaban en un proceso legítimo de solicitud de visa a través de páginas de Facebook y otros sitios web que anunciaban fraudulentamente ayuda para obtener visas de trabajo supuestamente legales para Estados Unidos”.

Por el contrario, fueron sometidas a un proceso complejo y falso durante el cual cómplices, llamados “asesores”, fingieron ayudar con el proceso de solicitud y realizaron declaraciones falsas durante llamadas y comunicaciones electrónicas sobre empleos disponibles u ofrecidos en Estados Unidos.

“Estos asesores trabajaban en centros de llamadas ilegales en Colombia”, agregaron.

La Justicia de Estados Unidos indicó, además, que “como parte del fraude, los acusados ​​y otros cómplices se hicieron pasar por funcionarios del Gobierno estadounidense en videollamadas e indujeron a las víctimas a realizar transferencias internacionales, supuestamente para pagar las tasas estadounidenses requeridas a intermediarios en al menos 16 estados”.

“A las víctimas se les mostraron documentos falsificados, como aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo falsas que incluían réplicas falsas de los sellos de departamentos y agencias estadounidenses. El dinero estafado a las víctimas se blanqueaba al pasar de los intermediarios en EE. UU. a los directivos de las empresas; por lo general, cambiaba de manos al menos dos veces, y a menudo con mayor frecuencia”, señalaron.

Esto llevó a que miles de personas, creyendo que tenían citas reales en las embajadas estadounidenses de sus países de origen, asistieron para buscar una visa estadounidense cuando la solicitud ni siquiera se había realizado.

Las autoridades estadounidenses dijeron haber entrevistado a aproximadamente 700 víctimas “y existen pruebas de que más de 7.000 víctimas adicionales fueron atraídas por el esquema de fraude”.

Los reportes de los investigadores indican que estas personas perdieron entre 50.000 y 90.000 dólares cada una, o sea, entre los 200 millones de pesos y 320 millones de pesos.

“Entre 2021 y la fecha, aproximadamente, los miembros de la red han sido responsables de aproximadamente 2,5 millones de dólares enviados por víctimas de hasta 15 países a Estados Unidos en relación con este esquema”, puntualizó el Departamento de Justicia.

En la operación participaron múltiples agencias de seguridad como la Dijín, la Fiscalía y las autoridades en El Salvador y el estado de Guayas, en Ecuador.

El departamento de Justicia pidió a las víctimas que no hayan sido contactadas por las autoridades enviar un correo electrónico a FakeVisaVictim@state.gov para recibir información al respecto.