Un informe de inteligencia de la fuerza pública pone sobre la mesa las pistas de cómo los grupos armados ilegales de Colombia se habrían infiltrado en algunas universidades de Medellín. SEMANA revela el contenido del documento que alerta, entre tantas cosas, sobre una posible reactivación de la primera línea y eventuales alteraciones del orden público de cara a las jornadas electorales programadas para este año.
Los investigadores recogieron pruebas que indicarían que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc financiarían, coordinarían y consolidarían grupos clandestinos en la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional sede Medellín y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Por lo menos, identificaron 38 movimientos que estarían ligados con estructuras delincuenciales y con las ideologías de otros bloques desmovilizados.
La versión que inquieta a las autoridades es que las guerrillas adelantarían actividades políticas y acciones violentas a través de ellos, principalmente conformados por estudiantes y en eventos de protesta. “Son estos grupos los encargados de posicionar agendas políticas de los grupos criminales, así como de la instalación de banderas, explosivos y demás actos de apología al terrorismo”, se lee en un fragmento del archivo.
Las autoridades establecieron que cinco movimientos, presuntamente, tendrían nexos directos con el ELN. Tres más serían cercanos a las disidencias de las Farc, siete actuarían bajo las banderas ideológicas del extinto M-19, cuatro con tendencia hacia la primera línea y 19 son calificados como “núcleos revolucionarios o sin identificar alianza”.
Se documentó que el proceso de reclutamiento desarrollado por las estructuras armadas en estas instituciones de educación superior públicas tiene distintos niveles, y no se limita al establecimiento de redes de apoyo, influencia o injerencia en los centros académicos: “Muchos de los jóvenes que participan en estos grupos estudiantiles tienen la posibilidad de asistir a distintos escenarios de entrenamiento militar e ideológico en zonas rurales alejadas de los centros urbanos. En el caso de que así lo deseen, los jóvenes pueden tener la posibilidad de quedarse como combatientes en armas para la estructura”.
No solo eso. La fuerza pública obtuvo información sobre la supuesta voluntad de llevar a cabo desmanes en la primera mitad de 2026 con supuesta incidencia política. “Algo que tendría fuertes implicaciones, teniendo en cuenta el contexto electoral en el que se encuentra el país. En este sentido, ha habido intentos que no han sido fructíferos para reactivar las primeras líneas”, anota el informe que revela SEMANA.
En 2025, las autoridades identificaron que, en el interior de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional (Medellín) y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se registraron 14 acciones violentas relacionadas con estos movimientos, como la obstrucción de vías y la manipulación de artefactos explosivos improvisados (papas bomba). Para mitigar los mismos riesgos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá habría recibido órdenes del Gobierno nacional para limitar su operación porque los hechos se presentaron como protestas sociales, según testimonios recogidos por SEMANA, y expuestos en consejos de seguridad realizados en la capital de Antioquia en los últimos meses con presencia del Ministerio Público y la Alcaldía de Medellín.
El mismo informe de inteligencia detectó que los movimientos que tendrían nexos con los grupos armados ilegales también estarían cumpliendo labores administrativas y controlando sectores dentro de los campus universitarios. En el caso del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se describió: “Estos mismos estudiantes se encargarían de monopolizar distintos tipos de venta en el espacio público en el interior de la universidad, así como los lugares del expendio de estupefacientes que se encuentran allí, y el laboratorio clandestino en el que se estarían fabricando los distintos artefactos explosivos que se suelen utilizar en las manifestaciones”.
La sombra del ELN
La guerrilla del ELN, al igual que en Bogotá, puso sus tentáculos en Medellín y ejercería gran influencia sobre los movimientos clandestinos de las instituciones de educación superior.
En la ciudad no se cuenta con presencia directa de los componentes armados de los elenos, pero sí hay redes de apoyo al terrorismo que apalancarían el miedo en los centros académicos.
El frente urbano Luis Fernando Giraldo Builes está posicionado como el más activo. Se contó que la trayectoria criminal de sus integrantes les permitiría desarrollar procesos ideológicos, focalizando su despliegue en las universidades públicas.
Así se dijo en el documento confidencial de las autoridades: “(El ELN) buscaría mimetizarse dentro de los espacios académicos, bajo la premisa de apoyo a supuestas causas e inconformismos sociales; participación en asambleas, foros, debates y distribución de propaganda ideológica para introducir narrativas que justifiquen la lucha armada; las actividades de manifestación serían los medios para la generación de escenarios de desestabilización y difusión de su propaganda por medio de las acciones violentas como herramienta para radicalizar la base estudiantil”.
Por ejemplo, la guerrilla ya ha sentado posición sobre el encarecimiento de la vida en Medellín e instó a las masas para actuar contra ello.
Las autoridades sospechan que detrás de la influencia del ELN en Medellín, y en sus centros académicos, está el nombre de Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, en libertad bajo la figura de gestor de paz por medio de la negociación que tiene el Gobierno Petro con los Comuneros del Sur, una de las disidencias de los elenos concentrada en el departamento de Nariño.
La peligrosidad de este hombre ha sido denunciada reiteradamente por el alcalde Federico Gutiérrez. Él se ha opuesto a que el guerrillero, con una condena de 40 años, se encuentre libre.
Las alarmas están encendidas en la capital de Antioquia por la influencia del ELN y demás actores criminales en las universidades públicas. La preocupación ya fue expresada a los altos mandos de la Policía, limitada para actuar ante la autonomía de las instituciones de educación superior del país.