El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una fuerte crítica contra el decreto de emergencia económica y social expedido por el Gobierno Nacional, al que calificó como un nuevo abuso del Estado de derecho y una decisión que, según advirtió, profundiza el centralismo y pone en riesgo los ingresos de los departamentos.
En un comunicado divulgado este 26 de diciembre, el mandatario departamental aseguró que la medida no responde a una situación excepcional, sino a problemas estructurales y previsibles de las finanzas nacionales. “Este decreto de emergencia económica y social expedido por Petro representa un nuevo abuso del Estado de derecho y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados”, afirmó de manera directa.
El gobernador sostuvo que el escenario fiscal que enfrenta el país no justifica la declaratoria de emergencia, pues obedece a circunstancias que hacen parte del funcionamiento normal del sistema institucional. En ese sentido, explicó que el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso no puede interpretarse como un hecho extraordinario. “El hundimiento de la ley de financiamiento no es una anomalía institucional, sino una manifestación normal de la separación de poderes y la oposición”, señaló, al tiempo que subrayó que esto no habilita al presidente para legislar mediante decretos.
Uno de los puntos que más preocupación genera en Antioquia, según el comunicado, es la intención del Gobierno Nacional de modificar impuestos con destinación territorial. Andrés Julián alertó que se estarían tocando tributos como el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, que hoy representan una fuente clave de financiación para los departamentos. A su juicio, este cambio no solo debilita la autonomía regional, sino que también tendría efectos colaterales negativos. “Se incentiva el contrabando, se usurpan recursos de las regiones y se traslada una crisis de gasto de la Nación a una crisis de ingresos de los departamentos”, advirtió.
De acuerdo con estimaciones de la Gobernación de Antioquia, el impacto económico de estas modificaciones sería significativo. El departamento dejaría de percibir más de 30 mil millones de pesos, una cifra que, según el propio gobernador, supera el presupuesto anual conjunto de varias dependencias estratégicas. En términos prácticos, esos recursos equivalen a lo que hoy se destina a las secretarías de Gobierno, Juventud y Mujeres.
