Transmilenio, SITP, carros y motos: el caos y la ira

Mientras la “social bacanería” cachaca y nacional les sigue creando trampas y obstáculos a la construcción de la Avenida Longitudinal, a las nuevas troncales de Transmilenio, al Metro y a todo lo que tenga que ver con Enrique Peñalosa, el más reciente estudio de la consultora internacional Inrix -desarrollado en más de mil ciudades- indica que Bogotá ya tiene el peor tránsito de Latinoamérica -por encima de Sao Paulo y de México- y el quinto peor del mundo. Precisa que los bogotanos gastamos en promedio 80 horas en trancones durante los segmentos de mayor congestión (104 gastan en Los Ángeles, que es la peor de todas).

Alcanza tamaño y resonancia universal esa crisis que, con sus dolores y miserias cotidianas, es la que más afecta e irrita a la población: las multitudes hacinadas en las estaciones y en los buses de Transmilenio, las calles atiborradas de vehículos, las filas, la contaminación, los conflictos, las titánicas dificultades que enfrentan a diario millones de personas para movilizarse en la ciudad.

El caos y el infierno del tránsito en Bogotá arrancan por la incompetencia de los gobiernos para construir nuevas vías. La ciudad se estancó en 15.557 kilómetros y pese a que para aliviar la congestión se necesitarían mínimo 2.772 kilómetros más, no se construye una gran vía desde hace más de 20 años, cuando se hizo la Avenida Ciudad de Cali.

Esta ineptitud contrasta con el desenfreno de los fabricantes de carros y de motos que, según informes de Asopartes, logran en la cuidad el 50 % de todas sus ventas. Para dimensionar el fenómeno bastaría decir que los bogotanos compran vehículos a un ritmo 16 veces mayor al de la gente de Medellín. Esto llevó a que sobre las mismas vías de los últimas tres décadas la ciudad tenga ahora 1,5 millones de vehículos y 500.000 motocicletas, una desproporción que también se relaciona con las deficiencias del sistema de transporte público y con la negligencia de los gobiernos para regular el mercado, desarrollar un sistema inteligente de tránsito e imponer cobros por congestión.

Pero tanto o más daño que la inactividad han causado las improvisaciones y la corrupción aguzados durante los últimos años por los egos, los fanatismos y las pasiones políticas en torno a Transmilenio. Enrique Peñalosa tomó el modelo de Brasil y sobre la base de que un kilómetro de ese sistema cuesta 10 veces menos que un kilómetro de metro, planificó en el año 2000 la construcción de 388 km de troncales que en un plazo de 16 años, cubrirían el 80 % del transporte público de la ciudad. Sólo se construyeron 122 kilómetros porque los gobiernos de izquierda de Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro atrofiaron, detuvieron y dañaron a Transmilenio, a cambio de nada.

Samuel Moreno eliminó la trocal de la carrera 7ª y la forma como construyó las de la 10 y la 26 pasó a la historia nacional de la corrupción. Su gobierno y el de Clara López elevaron exponencialmente el desorden con la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte público (SITP) que reemplazó a los viejos buses y busetas, tan mal concebido y diseñado que sus ineficiencias les cuestan hoy a los bogotanos entre 13.000 y 15.000 millones de pesos a la semana. Gustavo Petro anunció un tranvía por la carrera 7, la troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá y la primera línea del metro, proyectos que, como muchos otros, nunca realizó.

Construir nuevas troncales de Transmilenio, poner en orden la red actual -pauperizada por la congestión, la inseguridad, los colados y los vendedores ambulantes-, reestructurar el SITP, arrancar el metro, construir la ALO y otras vías prioritarias son tareas de gran envergadura. Al regresar al gobierno en el 2016 Peñalosa heredó el desorden y los retos, pese a lo cual, con no poco descaro, desde múltiples tribunas, las bravas barras de Petro y de la social bacanería protestan y exigen soluciones inmediatas a la crisis que ellos mismos crearon.

El alcalde actual genera resistencia en mucha gente y su precaria habilidad mediática, el contenido y el tono de algunas de sus declaraciones, le suman adversarios. Pero frente a los intereses de la ciudad, el de su imagen es un tema menor. Que Bogotá sea la ciudad más congestionada de Latinoamérica debería ser motivo suficiente para hacer causa común en torno de las mejoras en la gestión y en los servicios, las inversiones en infraestructura y el impulso de la cultura ciudadana que hacen falta para remediar una crisis seria y profunda que está más allá de lo político y de lo personal y que ocasiona tan graves perjuicios a todos los bogotanos.