Política
“Interpondremos denuncias penales contra directivas y junta de Ultra. Hay soporte probatorio de estafa agravada en masa. Una pirámide”: minTransporte
La aerolínea, aún a sabiendas de la crisis económica en la que se encontraba, siguió vendiendo tiquetes.
En medio del complejo lío jurídico y económico que se vive en el país por cuenta de la decisión de la aerolínea Ultra Air de suspender sus operaciones a pesar de que habían seguido vendiendo tiquetes en medio de una aguda crisis financiera, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció nuevas acciones de parte del Gobierno nacional.
De acuerdo con el ministro, su cartera tiene pruebas para demostrar que en este caso habría existido una “estafa agravada en masa”, razón por la cual pondrán denuncias contra las directivas de la aerolínea.
“En el transcurso de esta semana interpondremos denuncias penales contra directivas y junta directivas de Ultra. Tenemos el soporte probatorio de estafa agravada en masa. Una pirámide”, apuntó Reyes, en diálogo con La FM.
Tal como lo publicó SEMANA el jueves 6 de abril, las cabezas más visibles de Ultra Air son William Shaw, CEO de la compañía, y David Bojanini, presidente de la junta directiva.
La crisis ha impactado de manera grave a los colombianos. Por ejemplo, el ciudadano Pedro Vergara adquirió en Ultra Air, el pasado 10 de enero, cuatro tiquetes para él y su familia con destino a San Andrés en Semana Santa. La idea era disfrutar de la temporada vacacional. Sin embargo, apenas unos días antes de cumplirse la fecha y cuando estaban alistando maletas y programando las actividades en la isla, quedaron, literalmente, en el aire.
Ultra anunció la suspensión de sus operaciones y vuelos, y la familia Vergara buscaba cupos en la alta temporada para ser reacomodados en otras aerolíneas.
Problemas financieros y altas deudas, sumado al incremento en los costos por un dólar fortalecido y el aumento en los precios de los combustibles, fueron los argumentos de las compañías para tomar esta medida. Sin embargo, también hubo otros componentes que van desde problemas en la vigilancia a estas aerolíneas hasta agresivas estrategias en ventas de tiquetes futuros, incluso sabiendo que su situación era incierta. De hecho, para algunos de los protagonistas no era una historia nueva. William Shaw, socio de Ultra y su CEO, y quien fundó hace unos años Viva, ya había tenido una crisis similar con la firma Interjet. La turbulencia se transformó en una tormenta perfecta.
La aerolínea Ultra Air tiene un registro de 327.551 tiquetes vendidos para el periodo que va del 30 de marzo de 2023 al 28 de febrero de 2024. Se habla de millonarios recursos pertenecientes a personas comunes y corrientes que entregaron sus ahorros confiando en estas aerolíneas, mientras sus administradores sabían que su realidad era otra.
“¿Por qué se da la estafa? Yo vendo tiquetes a futuro, cojo la plata, la utilizo con otra finalidad, tenemos que establecer una restricción de cómo usar ese dinero, como lo hace el modelo norteamericano, en Estados Unidos no se hace efectivo el cobro de la tarjeta hasta que el viaje no se haya efectuado”, indicó Reyes en la mencionada emisora.
El ministro agregó que la afectación es mayor si se tiene en cuenta que no solo se pierde el dinero de un tiquete, sino que los usuarios también habían invertido en hoteles y planes turísticos.
Por ahora, las autoridades intentan enfrentar la catástrofe en el sector aéreo con medidas de corto plazo para reubicar a pasajeros en otras aerolíneas, utilizar aviones de la Fuerza Aérea e, incluso, los de uso del presidente Gustavo Petro han servido para paliar la coyuntura. Y hacia el futuro se esperan decisiones puntuales, como la declaratoria de una emergencia en San Andrés y llevar al Congreso la discusión de la reducción del IVA en tiquetes aéreos y tarifas de hotel, que se habían tenido después de la pandemia.
Mientras tanto, avanzan las investigaciones de las autoridades para encontrar a los responsables de esta crisis e identificar la ruta de los dineros recaudados con las ventas de tiquetes futuros, al tiempo que continúan los procesos penales en demandas por estafa ante la Fiscalía.