La tensión entre el Gobierno y los organismos de control sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la Defensoría del Pueblo respondiera con firmeza a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien había puesto en duda el papel de esa entidad en medio del debate por las muertes de pacientes y la situación del sistema de salud.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, dejó claro que la institución no actúa bajo presiones políticas ni electorales, sino en cumplimiento de su mandato constitucional.
La @DefensoriaCol es la voz de las personas, sobre todo de aquellas más vulnerables. Cuando denunciamos un caso, hacemos un llamado o emitimos una alerta, estamos buscando que prevalezca el orden constitucional, ese orden que dice que el Estado tiene como fin esencial proteger a… https://t.co/Nm3CWiGG54
— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) February 26, 2026
Según explicó, cada alerta o pronunciamiento busca garantizar los derechos fundamentales, especialmente de las poblaciones más vulnerables, y recordó que la salud es un derecho que debe traducirse en acceso real a servicios, tratamientos y medicamentos.
El pronunciamiento se produjo horas después de que el jefe de Estado señalara que entidades como la Defensoría se estarían “apresurando” a emitir conceptos sobre causas de muerte sin esperar los resultados legales definitivos, y sugiriera que algunos sectores han ignorado, según él, los avances del modelo preventivo impulsado por su administración.
Instituciones como la defensoria del pueblo, siguiendo el ambiente electoral de la prensa se apresuran antes del examen legal de rigor a conceptuar sobre la causa de muertes de los pacientes.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 25, 2026
Es totalmente cuestionable en mi opinión, la actitud de estas instituciones y de… https://t.co/r7y5f8sCbR
Sin embargo, la respuesta fue contundente. Marín aseguró que la crisis en el acceso a medicamentos es evidente y que sus efectos ya se reflejan en el deterioro de la salud y en el empobrecimiento de miles de familias que deben asumir costos que el sistema no está cubriendo oportunamente.
“La crisis de medicamentos es inocultable. Los efectos en el deterioro de la salud de la población también son inocultables. La falta de disponibilidad de medicamentos está generando también empobrecimiento de quienes menos recursos tienen. La falta de una reforma no es justificación para desatender dichas obligaciones. Seguiremos reiterando nuestro llamado a atender la grave crisis”, escribió Marín en su cuenta de X.
Además, enfatizó que la falta de una reforma estructural no puede servir como argumento para incumplir las obligaciones actuales del Estado, que incluyen desde la prevención hasta el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes.
La Defensoría también recordó que sus investigaciones y propuestas para enfrentar la crisis han sido presentadas al Gobierno y que su labor continuará antes, durante y después del actual periodo electoral.