Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, anunció acciones ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las denuncias reveladas por SEMANA sobre un supuesto entramado de favores sexuales a cambio de contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro.
En entrevista con SEMANA, Enciso calificó los señalamientos de Deisy Jiménez como hechos de la mayor gravedad y sostuvo que podrían configurar delitos contra la administración pública, entre ellos tráfico de influencias, concusión y peculado.
Según explicó, la concusión podría configurarse si un servidor público hubiera solicitado favores sexuales a cambio de facilitar contratos estatales. Por su parte, señaló que habría que investigar un posible peculado si se demuestra que se utilizaron recursos públicos para financiar contrataciones que no respondían a necesidades reales de las entidades.
Uno de los puntos que pidió esclarecer es la vinculación de Jiménez a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora María José Pizarro, en septiembre de 2023, mediante un contrato de prestación de servicios para apoyar la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado.
“Una pregunta muy válida que vale la pena hacerle a María José Pizarro es por qué contrató específicamente a esta persona”, afirmó Enciso, quien cuestionó cuáles eran las capacidades y la experiencia de Jiménez para aportar al trabajo legislativo.
El exfuncionario también pidió revisar los contratos que Jiménez habría obtenido en el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
“¿Cómo llegó esa hoja de vida allá? ¿Quién la recomendó?”, preguntó Enciso, al advertir que las autoridades deben establecer quién habría facilitado esas vinculaciones y bajo qué circunstancias.
El exsecretario insistió en que la investigación debe respetar la presunción de inocencia, pero reclamó que se esclarezcan los hechos y se determine si existió una relación entre los supuestos favores sexuales denunciados y la asignación de contratos públicos.
Finalmente, advirtió que la Comisión de Acusación tiene la responsabilidad de investigar con rigor y entregar resultados sobre las denuncias.