La denuncia que hace varios días se conoció de parte de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), advertía una serie de contratos a mujeres en esa dirección y sin ninguna clase de justificación.
Si hablaba de que los contratos eran ofrecidos a mujeres que sostenían comunicación directa con el entonces presidente de la República, Gustavo Petro, algunas versiones advertían que se trataba de encuentros sexuales. Esas versiones tomaron forma con una entrevista exclusiva de Vicky Dávila en SEMANA.
Deicy Jiménez reveló de qué manera, a cambio de encuentros sexuales con el entonces presidente Gustavo Petro, le ofrecían contratos con el Gobierno nacional. Esa revelación ahora se convierte en una investigación en la Fiscalía, y en la unidad de delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Las revelaciones de Jiménez fueron acompañadas con elementos de prueba, fotografías, audios y hasta videos, que advierten que todo lo que dijo en SEMANA sería verdad, y que requieren de manera urgente una investigación de las autoridades.
“La noticia criminal con relación a las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en otras entidades públicas durante el anterior gobierno”, señaló la Fiscalía.
El ente acusador aseguró que para avanzar en esta investigación fueron citadas a diligencia de entrevista las dos directoras del Dapre, Angie Rodríguez y Laura Sarabia, en el propósito de que entreguen la información que tienen respecto de las denuncias que durante los últimos días se han conocido.
“Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos. La indagación es asumida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que contará con el apoyo de un equipo especializado”, explicó la Fiscalía.
Aclara la Fiscalía que lo pertinente a Gustavo Petro y su presunta responsabilidad en los llamados “sexo contratos” será competencia de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta a las actividades que desarrolló como senador, y de la Comisión de Acusaciones, en su cargo como presidente.