La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció un contrato que firmó la Unidad de Víctimas el pasado 17 de enero por $112.455 millones con la Corporación Colombia Digital, una organización mixta, para prestar servicios de asesoría jurídica.
“La Unidad no permitió que empresas privadas ofertaran. Suscribió un contrato interadministrativo para evadir la licitación bajo el pretexto de contratar empresas públicas, sin importar si los privados podían ofrecer un mejor precio”, aseguró la senadora.
ATENCIÓN. El 17 de enero la Unidad de Víctimas firmó un contrato por $112.455 millones mediante contratación directa (a dedo) con otra entidad pública para prestar, entre otros, el servicio de asesoría jurídica, a pesar que no estaría habilitada para hacerlo.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 21, 2026
Además, la Unidad… pic.twitter.com/LEoK4REZWE
Según dijo Valencia, en el contrato la Unidad de Víctimas justificó el proceso de contratación en dos grandes temas: por un lado, para gestionar técnicamente la atención de los usuarios a través de distintos canales; por otro lado, para responder los requerimientos judiciales, especialmente tutelas, pues la Unidad argumenta no tener esa capacidad.
El problema para la senadora es que la Corporación Colombia Digital tampoco tendría cómo solventar el segundo requisito. “Colombia Digital solo se enfoca en temas tecnológicos. Ni en Cámara de Comercio ni en el Registro Único de Proponentes el contratista está habilitado para prestar servicios jurídicos. La propia Unidad de Víctimas en los estudios previos acreditó que este es un contratista enfocado en tecnología”, señaló la senadora.
A pesar de eso, el contratista se comprometió a responder estos requerimientos jurídicos e incluso se trazaron metas. Para 2026 se proyectó que se puedan resolver 12.505 recursos, entre los que estarían tutelas, acciones de cumplimiento, procesos de restitución de tierras y justicia transicional. “¿Cómo va a hacer una empresa de tecnología para realizar esta labor jurídica?”, preguntó la candidata presidencial.
Una de las críticas que hace la senadora es que no se permitió que los actores privados ofertaran para que se lograra un mejor precio. “Con esta jugadita, la Unidad podía contratar de manera directa (a dedo) mediante un contrato interadministrativo, a pesar de que el monto del contrato es de $112.455 millones. Una estrategia reiterada de este Gobierno”, aseguró.
Según los registros del Secop, solo se habrían presentado tres ofertas. Dos fueron realizadas por una empresa de tecnología, que no tendría la habilitación para prestar servicios legales, y una persona natural que no cumpliría los requisitos.
“Al ser una empresa de tecnología, el contratista seguramente deberá tercerizar la contratación de los servicios jurídicos, lo cual hará bajo derecho privado. Es decir, nuevamente contratación a dedo”, alertó Valencia.
SEMANA contactó a la Unidad de Víctimas para conocer su versión de estos hechos. La entidad prepara un pronunciamiento.
