La candidata a la Presidencia, Paloma Valencia, radicó una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Procuraduría General de la Nación.
El proceso se sustenta en lo que ella asegura son las “graves consecuencias” que han tenido las decisiones del Gobierno nacional en la crisis del sistema de salud, especialmente en un escenario en el que la atención a los usuarios se ve cada vez más afectada.
La queja de Valencia contra Jaramillo surge después de la muerte de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que falleció tras pasar meses sin recibir medicamentos de Nueva EPS para atender su cuadro de hemofilia. Esa entidad está intervenida por el Gobierno nacional.
En el expediente, la candidata alega que las EPS intervenidas por el Gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y de prestación de servicios, un asunto que repercute de manera directa en los afiliados, pues se han incrementado las quejas y los casos letales. Esta realidad, señala, se hace evidente en las tutelas radicadas para reclamar el derecho a la salud.
La candidata presidencial acusa al Ministerio de Salud de haber incumplido de manera “deliberada” la orden impartida por la Corte Constitucional de aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que, según sostiene, ha afectado la sostenibilidad financiera del sistema.
El presidente Gustavo Petro y el ministro Jaramillo hicieron declaraciones públicas en las que aseguraron que la muerte de Kevin Arley se habría suscitado porque su familia lo dejó montar en bicicleta, a pesar de que padecía hemofilia. Sin embargo, la candidata del Centro Democrático alega que publicaciones científicas señalan que los pacientes con ese diagnóstico pueden y deben realizar actividad física.
“Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, consideró Valencia.
Finalmente, Valencia asegura que el Gobierno vulneró la historia clínica del menor de edad, luego de que el propio presidente de la República hiciera pública información de carácter privado.