A cinco días de las elecciones del 8 de marzo, el debate sobre la transparencia del proceso se intensificó. Mientras el presidente Gustavo Petro expresó en una alocución sus reservas frente al sistema electoral, la mayoría de los partidos políticos respaldó a la Registraduría y defendió la organización de los comicios.
El pulso quedó en evidencia durante la más reciente Comisión de Garantías Electorales, realizada en el Hotel Tequendama de Bogotá. Allí, voceros de distintas colectividades manifestaron su respaldo a la gestión del registrador Hernán Penagos.
Con excepción del Pacto Histórico, las intervenciones coincidieron en que han contado con acceso a la información técnica, espacios de auditoría y acompañamiento en los simulacros.
Uno de los pronunciamientos más llamativos fue el del partido Partido Mira. Esa colectividad recordó que fue protagonista de un fallo judicial en 2018 por irregularidades en el escrutinio, antecedente que el presidente ha citado para advertir posibles riesgos.
Sin embargo, su posición actual fue categórica. Reconocieron que las alertas son válidas en democracia, pero advirtieron que hablar de fraude sin pruebas concretas erosiona la confianza ciudadana. Según su balance, las observaciones técnicas que formularon fueron atendidas y, tras revisar el código fuente y participar en pruebas del sistema, no detectaron anomalías.
Desde el Centro Democrático también hubo respaldo a la autoridad electoral. Sus delegados cuestionaron lo que consideran ataques del Gobierno a la transparencia del proceso y señalaron que el foco debería estar en la seguridad en varias regiones del país.
En la misma línea se pronunció el Partido Conservador Colombiano, que dijo sentirse tranquilo con la logística electoral, aunque pidió mayores garantías tras incidentes en la sede central de la Registraduría en Bogotá.
Otras colectividades, como el partido En Marcha y el Partido de la U, respaldaron las contrataciones y rechazaron versiones sobre supuestos traslados irregulares de votos en elecciones pasadas.
En la comisión también surgieron alertas por compra de votos. Desde el Pacto Histórico se denunció que en algunos territorios se estarían ofreciendo sumas de hasta 400.000 pesos por paquetes que incluyen varias corporaciones. La Alianza Verde advirtió obstáculos a sus campañas en ciertas regiones y habló de presiones de autoridades locales.
También hubo llamados de atención sobre prácticas clientelistas en ciudades intermedias y dificultades de acceso a puestos de votación en zonas rurales.