El Gobierno de Abelardo De La Espriella llegó al Congreso con una apuesta que, en el papel, debería tener ambiente para avanzar. Un Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 de 634,9 billones de pesos y un Legislativo en el que, al parecer, cuenta con sectores políticos dispuestos a acompañar su agenda.
El desconcierto es transversal y el reclamo que une a oficialistas, independientes y opositores es sencillo: si el Gobierno quiere que le aprueben su presupuesto, sus ministros tienen que estar en el recinto.
Eso fue lo que ocurrió esta semana en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Después de una primera jornada en la que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto y recibió más de 40 preguntas, los congresistas esperaban que varios de los responsables de las carteras regresaran al día siguiente para responderlas.
No ocurrió. Gómez delegó en el viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. El director del DNP, Julián Buitrago, envió a su subdirectora de Inversiones, Martha Cecilia García. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, estuvo representado por la directora de la Oficina de Planeación de su cartera. Y la ministra de Educación, Viviane Morales, presentó excusa, pues estaba atendiendo, junto con el ministro de Hacienda, al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La sesión terminó levantándose.
El presupuesto es la primera gran prueba de gobernabilidad de De la Espriella. Y, paradójicamente, el Gobierno no está encontrando enfrente un bloque compacto opositor. Por el contrario, está frente a congresistas que, incluso desde sus propias filas, quieren saber qué se está votando, por qué cuesta tanto y cómo piensa financiarlo el Ejecutivo.
Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, fue uno de los que dejó la advertencia más clara. Su mensaje no fue el de un opositor: dijo que quienes quieren ayudar y acompañar al Gobierno necesitan que los jefes de las carteras expliquen directamente cada peso.
Para Meisel, el episodio no puede convertirse en la forma de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. La frase revela el tamaño del problema: De La Espriella necesita construir una relación con el Congreso, incluso con quienes están dispuestos a respaldarlo.
Desde la Presidencia de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alexánder Harley Bermúdez fue directo: “No hay comunicación entre el Congreso y el Gobierno”. La Comisión, dijo, necesita saber cómo se gastará la plata de cada ministerio antes de votar el monto.
La oposición aprovechó el episodio. David Racero pidió que los ministros “den la cara”, mientras Catherine Juvinao le recordó que, cuando eran Gobierno, también faltaron a debates presupuestales. La coincidencia fue una: el Congreso no quiere discutir un presupuesto de este tamaño con delegados.
Ese ambiente se explica también por las cifras. El nuevo proyecto asciende a 634,9 billones de pesos, unos 59,2 billones de pesos más que la propuesta de 575,7 billones de pesos que había presentado el Gobierno de Gustavo Petro, y que las comisiones económicas devolvieron el 11 de agosto.
El Gobierno sostiene que no se trata solo de aumentar el gasto, sino de “sincerar” obligaciones que no estaban suficientemente incorporadas. Entre ellas están recursos para pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
La presión está en la deuda. El servicio de la deuda para 2027 llega a 155,4 billones de pesos, mientras que el presupuesto contempla 392,5 billones para funcionamiento y otros 86,9 billones para inversión.
En la Cámara, el representante Durguez Espinosa, del Centro Democrático, llamó la atención sobre presuntas inconsistencias en los supuestos de inflación que aparecen en los anexos del proyecto: 6 por ciento, 6,6 por ciento y 6,8 por ciento. Santiago Osorio, de la Alianza Verde y uno de los ponentes de PGN, advirtió que no habrá “cheque en blanco” y que cada rubro deberá ser revisado con lupa.
El Gobierno puede tener disposición favorable en buena parte del Congreso, pero eso no equivale a obediencia. Los partidos aliados piden información, ajustes y presencia; los independientes hacen cuentas y la oposición encuentra munición en un presupuesto que creció casi 60 billones de pesos frente al que el Congreso rechazó al final del gobierno de Gustavo Petro.
El Gobierno necesita que el Congreso apruebe el monto antes del 15 de septiembre y el articulado antes del 25. Después, las plenarias tendrán hasta el 20 de octubre para completar el trámite. El reloj corre y cada jornada perdida reduce el margen para negociar.
De La Espriella y Gómez todavía pueden ganar esta primera batalla. El Gobierno tiene una oportunidad concreta porque parte con sectores que simpatizan con su proyecto y porque un buen número del Congreso reconoce la gravedad fiscal. Pero la votación no será un trámite automático. La primera sesión dejó claro que los congresistas quieren saber qué hay detrás de los 634,9 billones de pesos antes de votar.