Atentado en Centro Comercial Andino: tres años después víctimas piden justicia

Los familiares de las víctimas del atentado ocurrido hace tres años en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, no han cesado en su llamado por pedir justicia a las autoridades. En diálogo con Semana Noticias, al hacer un barrido desde que sucedieron los hechos ese fatídico 17 de junio de 2017, cuya autoría se adjudicó la guerrilla del ELN, estas personas clamaron por la verdad y dijeron no confiar en las investigaciones adelantadas hasta el momento.

Particularmente porque, dicen ellos, al día de hoy siete de los diez implicados han quedado en libertad por vencimiento de términos lo que, para los familiares, es un símbolo de impunidad. “Son tres años en los que hemos estado a la lucha, enviando cartas, buscando derechos de petición y la manera que seamos reconocidas como víctimas, no hemos tenido apoyo ni siquiera psicológico, seguimos trabajando de la mano de los entes que dicen estar de nuestro lado pero no parece. Los dejan libres por vencimiento de términos y nadie responde nada”, dijo Julieth Jaime, hermana de Lady Paola Jaime, una de las mujeres que falleció en el atentado.

John Parra, esposo de Lady recordó que llevaba, junto a su esposa, una vida muy tranquila, cumpliendo ya seis años juntos. “Esto que nos hicieron no tiene ninguna lógica, no sabemos en qué justicia estamos, qué han hecho jueces, Gobierno, Alcaldía. No han hecho nada, ni una llamada, una carta”, dijo Parra, también reclamando al centro comercial del cual, afirmó, no recibió ni siquiera las condolencias por el fallecimiento de su mujer. “Es injusto que tengamos que vivir con que los dueños de la propiedad no se hayan manifestado con las víctimas. Es inaudito el abandono”, agregó.

Finalmente, el abogado Francisco Bernate, que representa a las víctimas, dijo que seguirá insistiendo para que, en la Fiscalía, se avance con las investigaciones y se dé con un castigo ejemplar en este caso. Eso sí, aclaró que ellos no han sido declarados como víctimas en el proceso que se adelanta contra los capturados para comprobarles su presunta pertenencia a las milicias urbanas del ELN.