medioambiente

Radican proyecto de participación ciudadana en asuntos mineros y de hidrocarburos

La iniciativa denominada Democracia Ambiental tiene el respaldo de 40 congresistas de diferentes partidos y fue construida por más de 150 organizaciones ambientales de distintas regiones del país.


Este jueves en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, fue radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Democracia Ambiental, que busca regular la participación de la ciudadanía afectada, o que potencialmente puede serlo, por proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.

Con el respaldo de 40 congresistas de diferentes partidos y 150 organizaciones ambientalistas, se pretende que esta iniciativa se consolide como una de las más importantes que se debata en materia ambiental en la presente legislatura.

“Este proyecto cumple con las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-095 que ordena al Congreso expedir una norma que garantice estos mecanismos de participación de la ciudadanía frente a proyectos mineros y de hidrocarburos”, explicó el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.

La iniciativa que fue construida de manera conjunta con el Movimiento Nacional Ambiental, es también, según el congresista, una oportunidad para que el país establezca mecanismos que permitan solucionar conflictos ambientales y avanzar en el desarrollo de los principios base del Acuerdo de Escazú.

Recordó que según al Atlas de Justicia Ambiental, a julio de 2020 se habían presentado 2.743 conflictos ambientales por deforestación por efectos del modelo extractivista y por la delimitación de páramos, entre otros. El objetivo de esta iniciativa, según Sanguino, es que en el país se puedan implementar estrategias que permitan que todos los actores trabajen en defensa de los territorios.

En 2018, la Corte Constitucional le ordenó al Congreso expedir una Ley para garantizar la participación de las comunidades que habitan en zonas en donde se desarrollan proyectos de exploración o explotación de recursos naturales y que se puedan ver afectadas por esta causa. Hasta el momento no se ha expedido ninguna normatividad tal como lo determinó el Alto Tribunal.

Según los gestores de la iniciativa, una Ley de Democracia Ambiental profundizará el modelo de democracia participativa que caracteriza a la Constitución Política de 1991.

Según explicaron, esta ley tiene una visión del territorio basada en factores ambientales, económicos, sociales y culturales, relevantes para la vida comunitaria y no basada en el potencial minero-energético.

Para los congresistas y ambientalistas que trabajan en esta iniciativa, esta ley les brindaría a los habitantes de las diferentes regiones garantías frente al desarrollo de proyectos mineros como Quebradona, en Antioquia, iniciativa de la multinacional AngloGold Ashanti o el que pretende desarrollar Minesa cerca al Páramo de Santurbán, en Santander, entre otros.

Frente a este proyecto, el senador, Iván Cepeda Castro, dijo que es una propuesta desde las organizaciones sociales y las comunidades para subsanar el déficit de participación que se generó luego de que fueron limitadas las consultas populares de grandes proyectos de extracción minera.

“Las comunidades de los territorios exigen participar en las decisiones que los afectan, y el Congreso debe tramitar con celeridad el proyecto de Ley de Democracia Ambiental que garantiza esa participación”, advirtió.

Desde el Movimiento Nacional Ambiental celebraron la radicación, señalando que el Congreso estaba en mora de discutir una propuesta legislativa que apunte en esta dirección.

“El diseño de los mecanismos de participación que reglamenta esta ley, contribuye a que la toma de decisiones no se oriente solamente por el potencial minero energético de los territorios, tal como sucede actualmente, sino por otros factores relevantes para la vida de las comunidades como los ambientales, económicos, sociales y culturales”, manifestó Robinson Mejia, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime y quien también hace parte del Movimiento Nacional Ambiental.

En la lista de congresistas que apoyan la iniciativa se encuentran, entre otros, Jorge Eduardo Londoño, María José Pizarro, Inti Asprilla, Feliciano Valencia, León Fredy Muñoz, Julián Gallo, Wilson Arias, Alexander López, César Pachón, Jorque Enrique Robledo, Juan Luis Castro, Juan Carlos Losada y Roy Barreras.