VICKY DÁVILA: Ministro, ¿está listo el proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno de Abelardo De La Espriella va a presentar al Congreso?
IVÁN CANCINO: Sí, va muy adelantado. Estamos en trámites de revisión por parte de la Presidencia. Ha sido un trabajo arduo, de muchas personas, muchas horas; es una ley necesaria. La 418 está desde 1997 y cada gobierno la ha ido utilizando para medir su política pública frente a ciertos temas. Nosotros vamos a utilizar esa ley, pero mucho más fuerte, más consistente. Reflejará la política que expresó el hoy presidente Abelardo De La Espriella desde la campaña.
V.D.: El mandatario ha dicho que se buscará la paz “por la razón o por la fuerza”. ¿Se puede decir que la ley de sometimiento es la razón?
I.C.: Sí, es la razón, es una ley de sometimiento a la Constitución. No hay la más mínima posibilidad de que este Gobierno abra espacios para mesas de diálogo, para negociaciones, para un estatus político, que era una de las grandes preocupaciones que uno escuchaba en la oposición. No hay zonas para concentraciones de largo tiempo sin compromiso frente a la ley. Y, sobre todo, jamás habrá apertura de canales para que los grupos ilegales o terroristas puedan opinar o debatir con el Gobierno acerca de este proyecto de ley. Los interlocutores serán el Congreso y, por supuesto, les daremos traslado a las autoridades que tengan relación, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
V.D.: Dígame sí o no: ¿la ley de sometimiento significa la sepultura de la paz total?
I.C.: Sí. Las resoluciones, las revocatorias y las derogatorias que firmó el presidente son un mensaje claro. Esta no es una ley para un gobierno; vamos a tratar que sea una política de Estado y que no esté identificada solamente a cuatro años, sino para periodos más largos.
V.D.: ¿En qué consiste el proyecto? Por ejemplo, ¿cuáles serían las rebajas de pena que se contemplan?
I.C.: La rebaja no es una concesión que haga el Gobierno, existe ya, por ejemplo, en la ley ordinaria. Sabemos que es un compromiso llegar a la paz, pero le digo lo siguiente: si usted es líder o tiene carácter de mando en una organización (criminal), no va a tener una rebaja mayor al 30 por ciento. Si usted pertenece a cualquier otro rango en dicha organización ilegal o terrorista, podrá aspirar a que se le asegure el 50 por ciento (de rebaja).
V.D.: En la justicia ordinaria, una persona puede aspirar hoy al 50 por ciento de rebaja de la pena si acepta cargos…
I.C.: Sí, pero lo difícil es que le den ese 50 por ciento. Aquí todo va a estar supeditado a las víctimas. Por ejemplo, hoy, para obtener la libertad condicional, una persona debe cumplir con las tres quintas partes de su condena. En este proyecto de sometimiento se propone que sean las cuatro quintas. En materia de rebajas, está la regla general de tres días de trabajo o estudio por uno (de rebaja), y aquí van a ser más fuertes. Pero si la persona en el cumplimiento de su pena muestra un buen comportamiento, repara a las víctimas, cuenta la verdad, entrega dinero, libera a los secuestrados y revela la ruta de las desapariciones, por ejemplo, eso puede ir disminuyendo para que tenga un plus en comparación con la ley ordinaria.
V.D.: ¿Y hasta dónde se puede llegar?
I.C.: Puede llegar a la rebaja de las tres quintas, y a dos días de trabajo y estudio por un día (de rebaja). Para obtener la libertad condicional, aparte de todo lo que exige la ley ordinaria, lo que se incluye es que se necesita el concepto favorable de la víctima. Si no está de acuerdo, no se da la libertad condicional o la suspensión de la pena.
V.D.: ¿Los que se sometan irán a cárceles normales o habrá sitios especiales de reclusión?
I.C.: No habrá sitios especiales de reclusión. El proyecto habla de cárceles normales. Puede haber compromisos en algún patio, pero sin ninguna extravagancia o beneficio en las cárceles que se van a construir. Se habla de cárceles productivas porque a esas personas hay que enseñarles a hacer cosas diferentes a estar en la delincuencia. El Estado tiene la obligación de enseñarles para que no reincidan. Este proyecto tiene un fin y es no encerrar a la gente por encerrarla. Hay que procurar que, al terminar ese periodo de privación de la libertad, exista una oportunidad para que esa persona pueda reincorporarse a la vida y no que vuelva a armar grupitos. Aquí tiene que haber una política de sometimiento, pero que sirva para que esas personas no vuelvan a armarse en contra del Estado colombiano.
V.D.: O sea, ¿van a tener que trabajar?
I.C.: Claro.
V.D.: Hay un tema que le importa mucho al país y es la verdad. ¿Cómo queda ese capítulo?
I.C.: Es un compromiso absoluto. Sin verdad, no hay nada, pero no es solamente la verdad, Vicky, y quiero ser absolutamente claro: es verdad, entrega de rutas, armas, de todos los miembros de la organización, garantías de no repetición, reparación, y todo tiene que ser sumado. Le reitero: el papel de la víctima aquí, por primera vez, condiciona muchos de estos resultados.
V.D.: Si la víctima dice, por ejemplo, “no estoy de acuerdo con que este señor que mató a mi familiar esté en detención domiciliaria”, ¿no se le puede otorgar dicho beneficio?
I.C.: No se puede, y obviamente debe estar motivado. No puede ser utilizado como capricho o como venganza. La víctima puede decir: “No estoy de acuerdo porque no ha dicho la verdad, no ha entregado los bienes”. Es decir, la víctima tiene voz para la toma de decisiones; es una voz muy importante para el Gobierno.
V.D.: En su momento, el Gobierno Petro intentó tramitar un proyecto de ley de sometimiento y se desató un escándalo por los beneficios y las rebajas de penas. ¿Cómo se manejará el tema de los bienes?
I.C.: La mal llamada y falsa paz total fue muy generosa en el diálogo, pero no cerró absolutamente nada. El país no ve un resultado, ve una catástrofe. Somos muy pequeños en el campo que se va a abrir, pero vamos a hacer un cierre muy grande. Claro que tienen que entregar los bienes, las rutas de las economías ilícitas. Le voy a poner un ejemplo: este Gobierno ya tiene identificadas muchas de las economías ilícitas que se utilizan para generar droga o lavar dinero.
V.D.: ¿O sea, se quedan sin nada?
I.C.: Sin nada. Tienen que entregar todo porque eso fue adquirido de manera ilícita y lo que van a obtener a cambio es que el Estado les permita entrar en la ley de sometimiento y que con esos bienes se repare a las víctimas. No le queda bien al Gobierno decir que les va a devolver el 12 por ciento, cuando ese porcentaje puede ser necesario para la reparación. O que les va a dejar el 6 por ciento o el 3 por ciento. No. El proyecto es claro en que la entrega de bienes no implica la devolución de ningún porcentaje. Por el contrario, si la víctima o alguien encuentra que los victimarios escondieron bienes, serán expulsados inmediatamente de la ley y van a la ordinaria.
V.D.: ¿Habrá una justicia especial para esta ley de sometimiento?
I.C.: No se propone la creación de ninguna jurisdicción especial. La ruta va a ser a través de los fiscales y jueces. Se le sugiere a la Fiscalía una unidad especial, pero ajustando cargas. La señora fiscal está también comprometida con la paz y la justicia, y cuando vea el texto, podemos entre todos hacer una reorganización para que haya una unidad especial sin que eso implique la creación de nuevos cargos.
V.D.: Si alias Mordisco o Calarcá se quieren entregar, ¿qué deben hacer?
I.C.: Lo primero es nombrar a un interlocutor válido y ese es otro gran cambio. Aquí no hay estatus ni habrá diálogo político. La iniciativa prevé que el interlocutor válido tiene que ser un abogado que no pertenezca a la organización. Con eso el mensaje es claro. Aquí no vamos a debatir nada político, aquí no habrá estatus.
V.D.: Ni se van a poner de acuerdo…
I.C.: No, aquí la interlocución va a ser clara. Esa persona entra en contacto con el interlocutor válido que designa exclusivamente el presidente y que puede ser el ministro de Justicia u otra figura, puede ser incluso un particular. Eso queda en la ley para que el presidente tenga ese poder de decisión.
Una vez ocurra eso, la ley marca toda la ruta. Hay una fase preparatoria y una de judicialización. Puede haber personas que no tengan medida de aseguramiento y se les impondrá en lugares solo para los términos de judicialización. Y esto es muy importante que la gente lo entienda: la paz total tenía zonas donde las personas podían estar lo que quisieran, andar libremente, se suspendían las órdenes de captura y la extradición se condicionaba a su aporte a la paz. Aquí no hay condicionamiento.
V.D.: ¿Qué ocurre entonces?
I.C.: La orden de captura sigue vigente, no se suspende y tampoco la extradición. Si una persona tiene orden de captura con pedido de extradición, que se someta para que, cuando cumpla la extradición, pueda regresar y tener arreglada su situación en Colombia como beneficio. No se suspenderá ninguna extradición porque la persona esté en sometimiento. Y lo más importante, quien ya esté bajo el dominio del Estado, es decir, capturado, no entra en esta ley. El Estado no va a servir para limpiar o para desconocer el esfuerzo de la fuerza pública, los jueces y la Fiscalía. El que esté adentro no será beneficiario de esta ley de sometimiento.
V.D.: A propósito del ejemplo de Mordisco o Calarcá, si ellos deciden entregarse, ¿cómo lo hacen?
I.C.: Se activa la ruta con el interlocutor. Mientras la Fiscalía realiza el trámite, existe la posibilidad de una pequeña localización temporal por tres meses, no para negociar, sino mientras se define la situación jurídica por parte de un fiscal y un juez.
V.D.: Para que se puedan entregar…
I.C.: Se entregan y van a ser custodiados por el Estado. Por eso, la ley prevé que habrá centros de detención en esas áreas o serán enviados a otros centros. No van a estar libres, no van a estar haciendo lo que quieran.
V.D.: Se van a La Picota, a La Modelo o al buque cárcel…
I.C.: Sí, Vicky; además pueden pasar dos cosas. Que la persona deba tener un tratamiento penitenciario, o a lo mejor no necesita eso, y es muy importante que la gente lo sepa. Una persona dice: “Mire, yo formé parte de una organización, pero lo mío fue el concierto para delinquir; no participé de economías ilícitas, no cometí homicidios, secuestros, desapariciones”. En últimas, esa persona se somete, pero a lo mejor no necesita tratamiento penitenciario.
V.D.: Y si Mordisco y Calarcá se entregan, y están pedidos en extradición, ¿qué pasa?
I.C.: Se van.
V.D.: ¿Los trasladan a una cárcel o son extraditados?
I.C.: Se van. El trámite de extradición sigue. La ley no suspende órdenes de captura, no condiciona la extradición a la terminación del proceso.
V.D.: Quiero hacerle un comentario: estoy de acuerdo con este proyecto de ley de sometimiento, muestra fuerza, autoridad, pero creo que nadie se va a someter así con esas condiciones…
I.C.: Esa ya es una decisión que tienen ellos. La política del presidente De La Espriella fue muy clara. Creo que la decisión correcta e inteligente no es combatir (al Estado).
Algunos van a decir que el ministro de Justicia y el ministro del Interior nunca han estado en la guerra, que no sufren y que esto es con los hijos ajenos. Quiero recordarle una cosa: a Rodrigo Lara, precisamente, estas organizaciones le mataron a su padre. Y ahí es donde la historia nos une. Quien defendió a Rodrigo Lara Bonilla fue mi padre, Antonio José Cancino. Y a la gente se le olvida que en pocos días se cumple un aniversario del atentado contra mi papá, que nos desbarató la vida. Casi lo matan. Mi familia fue desplazada. Tengo un hermano que desde 1995 vive en España y pocas veces lo veo. Entonces, sabemos lo que es esto. Hemos sido víctimas. Y por eso también, como víctimas, tenemos que tener coherencia con lo que el Estado necesita hoy en día. Por eso, a alias Pinocho, a Calarcá, a todos, les estamos dando un instrumento que va a evitar que sufran o que sean abatidos en combate.
V.D.: ¿Está de acuerdo con esta frase: sometimiento o muerte?
I.C.: Me parece muy dura. Sometimiento o someterse a la acción del Estado.
V.D.: Pero la acción del Estado puede implicar bombardeos...
I.C.: La delincuencia se tiene que combatir con mano dura, como lo han hecho de manera extraordinaria el ministro de Defensa y la fuerza pública, pero también implica capturas y con las capturas no hay beneficios. Es decir, no quiero enviarle el mensaje a la ciudadanía de que la única función que tiene el ministro de Defensa es matar a la delincuencia. Puede ser una consecuencia, pero si usted está en la base, dígale a su líder que se quiere entregar. Si su líder no se quiere entregar, déjelo solo. Venga, que aquí lo recibimos. El sometimiento es individual o colectivo.
V.D.: ¿Se puede decir que este proyecto de ley de sometimiento es más duro que lo que había en los tiempos de Pablo Escobar?
I.C.: Sí. Fíjese que uno tiene que aprender de la historia. En su momento, esa ley estuvo bien hecha. Mi papá participó de muchos de esos proyectos, de tal manera que desde muy pequeño lo había escuchado e interiorizado. El ministro Lara será el líder, por supuesto, del manejo de proyecto en el Congreso. Lo hemos debatido con los equipos jurídicos; esto no es fruto de una invención, es fruto de un trabajo largo y a conciencia, y el Congreso de la República también tendrá que dar su parte.
V.D.: ¿Cómo van a proteger al Congreso para que el narcotráfico no amenace o compre a los congresistas en el trámite de este proyecto de ley?
I.C.: Obviamente, al Congreso se le tiene que garantizar su seguridad. Ya no soy un abogado litigante, no pienso de una manera individual para el beneficio de un cliente; soy el ministro de Justicia y del Derecho y tengo que pensar en el país, en el interés público. Pueden tener la absoluta tranquilidad de que este proyecto lo trabajamos con conciencia, conocimiento y responsabilidad. Asimismo, debo decir que no habrá suspensión de la actividad militar.
V.D.: No habrá cese al fuego…
I.C.: No. El cese debe ser de ellos (de las organizaciones criminales), es decir, unilateral. El Estado no va a arrodillarse ni va a ceder ante las presiones. Aquí no hay extorsiones, no hay chantajes. Si no se acogen, se someterán a que la justicia siga actuando y la fuerza pública también.
V.D.: Alias Pinocho, uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, dijo que está listo para someterse a la justicia, pero aseguró que no está dispuesto a pagar más de cinco años de cárcel. ¿Qué le dice?
I.C.: Que no venga.
V.D.: ¿Qué le dice a Calarcá?
I.C.: Que reflexione, que venga. Y al que está dependiendo de Pinocho o de Calarcá, que entienda que esa no es la vía. La vía es venir para acá. Están las cárceles productivas; estamos viendo esas posibilidades de trabajo con los ministerios de Trabajo, Comercio, Agricultura, para ver cómo se soluciona rápidamente esa reincorporación y resocialización a la vida.
V.D.: El presidente Abelardo De La Espriella le advirtió a Mordisco que pronto le va a caer una bomba encima. ¿Mejor que se someta antes de que eso ocurra?
I.C.: Pues si no quiere que eso le pase, que venga, por supuesto.
V.D.: ¿Qué piensa de unos pocos sectores que han intentado lamentar la muerte de alias Bendito Menor, que cayó en un reciente operativo de la fuerza pública?
I.C.: Miro toda la política pública desde el eje de las víctimas. A las víctimas las tengo que proteger de la mejor manera, y esa es desarticular por vía judicial a estas personas. La política de persecución es válida y respetando el derecho internacional humanitario, que es lo que ha hecho el ministro Mora de manera brillante, siempre bajo la dirección del presidente de la república. Creo que las organizaciones ilegales y los grupos terroristas han entendido que hay otro momento del Estado y que el Estado no solo dice, sino que también hace.
V.D.: En ese sentido, ministro, ya van más de 85 extradiciones. Es decir, más extradiciones que días de gobierno...
I.C.: Y seguimos. Es un tema inagotable. El presidente dice en sus transmisiones que ese es uno de los momentos que más les gusta a los colombianos. Queremos ampliar algunos tratados de extradición o fortalecerlos, por ejemplo, con Chile y Argentina, y otros países en Europa. Hemos suscrito memorandos de entendimiento con otros países. Antes, las extradiciones se daban mayoritariamente por narcotráfico. Hoy también se dan por economías ilegales, lavado de activos, contrabando, delitos relacionados con criptomonedas. Este Gobierno ha autorizado no solo la extradición de la persona que lleva la coca, sino también la de quien lava el producto de eso. Cuando cumplamos los 100 días de gobierno, duplicaremos las extradiciones. Eso no es perder la soberanía, es ejercer una colaboración armónica y eficaz para consolidar a Colombia en esas relaciones internacionales que no estaban del todo claras y amigables.
V.D.: ¿Estaban frenadas las extradiciones durante el Gobierno de Gustavo Petro?
I.C.: El tiempo nos dará la evaluación. El expresidente Petro se ufanaba de firmar poco menos de mil. Yo creo que nosotros vamos a firmar esas en la mitad del tiempo, por ser generosos. Con eso le respondo todo.
V.D.: Hay una extradición pendiente muy importante y es la de alias Araña. ¿Cuándo será trasladado a Estados Unidos?
I.C.: Ya está esperando a que lo suban al avión. Esa extradición y otras fueron capítulos bastante duros: la de H. H., el Mocho Olmedo… Todo lo que existió alrededor es bien preocupante y tiene que ser digno de investigación. La de alias Araña se destrabó, se certificó que no hizo absolutamente ningún aporte importante para la paz. La paz total se desmontó. De tal manera que él debe estar esperando en su celda que en cualquier minuto lo saquen y monten a un avión y lo lleven a cumplir una pena en Estados Unidos.
V.D.: Araña sabe mucho, ¿no?
I.C.: Eso dicen, Vicky. Aquí se ha tratado de respetar, obviamente, la independencia de poderes. Una de las instrucciones del presidente es no interactuar con enviados o grupos para abrir puertas. Han enviado muchas cartas, algunas se han contestado. Solo espero que sea posible que, donde haya investigaciones en las que Araña sea posible testigo; ojalá la justicia pueda enviar rápidamente a personas para que él sea escuchado. Y ojalá Araña no se vaya con tantos secretos. Bien sea que lo haga judicialmente o que, por lo menos, deje un testimonio, de la manera que él crea, como deber patriótico. Él debe entender que tiene una deuda histórica con el país de contar la verdad de lo que pasó y de lo que percibió en la delincuencia.
V.D.: Quiero entrevistar a Araña, ojalá lo logre…
I.C.: Vicky, ahí está.
V.D.: Quiero preguntarle por alias Walter Mendoza, jefe de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una de las disidencias de las Farc. Él les envió una carta y pide un espacio para conversar. ¿Qué le dice?
I.C.: ¿Qué aporte han hecho ellos al país? Ninguno. No tienen absolutamente ningún respaldo popular. La paz no es retórica, no son carticas, son hechos. Y los hechos que se pueden presentar, es decir: “Aquí estoy, pido perdón, entrego bienes, rutas, me desarmo, cumplo con las condiciones que el Gobierno me da y me reincorporo a la sociedad después de cumplir el proceso de sometimiento”. No puedo decirle nada más. No hay interlocución, no ponen condiciones. La única interlocución válida es que designe a un abogado y se acerque, bajo el marco legal que esperemos quede muy pronto aprobado por el Congreso, después de un debate democrático.
V.D.: El traslado de presos a diferentes cárceles del país está dando resultados en materia de seguridad…
I.C.: Le pongo un ejemplo: Barranquilla, donde está la sede alterna del presidente de la república. Allí se instaló la subdirección de la Policía con el general Mujica. Ha habido interlocución con las autoridades locales. Después de que se hicieron los traslados, se cerró la comunicación de la delincuencia de la cárcel con sus fichas o alfiles en las calles, y la criminalidad bajó 63 por ciento en los primeros días…
V.D.: Eso debe esperar Buenaventura, por ejemplo.
I.C.: Ya se están viendo las primeras disminuciones en los indicadores de delincuencia. La idea funciona si se hace de manera concreta, cerrándole la puerta a la corrupción. Colombia tiene la tecnología para los inhibidores de llamadas desde la cárcel. Lo que pasa es que entra un preso y los apaga. Tenemos imágenes en cárceles y estaciones de policía donde se ve a la persona privada de la libertad apagando el inhibidor.
V.D.: Entréguenos esas imágenes, ministro, para que el país las conozca…
I.C.: Todavía no, porque están siendo objeto de investigación. Lo que le pido es un acto de fe; créame que las he visto.
V.D.: Estoy segura de que así es…
I.C.: El señor presidente ordenó la instalación de un pabellón piloto de extremas medidas de seguridad en la cárcel de Girón. Próximamente se lo daremos a conocer al país. Habrá imágenes sobre eso. No es solamente trasladarlos, es incomunicarlos. Con el respeto de los derechos mínimos de una persona privada de la libertad, es romperle su línea de comunicación externa con el delito. Por eso nos hemos reunido con el sector de telecomunicaciones, el sector bancario, porque las extorsiones necesitan una plataforma o una cuenta o lo que sea. Hemos encontrado las puertas abiertas por parte de esas compañías y seguiremos trabajando no solo en reducir la extorsión, que es lo visible. Desde la cárcel llaman a amenazar, a matar a las personas, dan órdenes de homicidios, de secuestros.
No son solamente las cifras de extorsión, sino lo que pasa en una cárcel. Por eso, las hemos visitado personalmente para identificar que haya la menor cantidad posible de tomacorrientes para cargar celulares. Se ha mantenido una política para evitar que desde las cárceles se delinca, pero también usted me ha visto barrer y pintar calles con personas privadas de la libertad y ese mensaje no puedo no mandarlo.
Para el que quiera una segunda oportunidad, también tendremos una política para ellos, para las mujeres, ley de utilidad pública, cárceles productivas, cárceles de mínima y mediana seguridad. Es decir, mano dura para el que se enfrente con el Estado, pero también muchas posibilidades para el que se someta, se entregue o esté cumpliendo su pena privativa de la libertad.
V.D.: Ministro, y que no haya políticos alrededor de los criminales. No queremos más gestiones en el país como las que hizo la senadora Isabel Cristina Zuleta, por poner solo un nombre, porque hay muchos más…
I.C.: Vicky, no quiero personalizar. El Congreso tiene una función y hay una comisión de paz. La ley es clara en que los interlocutores los decide el presidente. Que el interlocutor de los grupos ilegales o terroristas tiene que ser un abogado. De tal manera que yo a un congresista no le puedo decir qué hacer o no hacer, porque lo tiene claro y está reglado.
V.D.: Y si además no tiene permiso del Gobierno, no tiene autorización…
I.C.: En este momento, las autorizaciones las da el presidente y, en lo que hemos dialogado, no existe la posibilidad de que un interlocutor sea un congresista de ningún partido, ni de oposición, ni de Gobierno, ni independiente. Vamos a estar muy atentos a que no se sobrepasen, a que no se presenten alianzas con los ilegales. Obviamente, si se llegan a pasar del marco legal y constitucional, también habrá consecuencias legales.
V.D.: ¿Cuándo van a estar listas las megacárceles? ¿De dónde saldrán los recursos para su construcción?
I.C.: Ojalá sean diez; muchas van a ser bajo la figura de las alianzas público-privadas. Esperamos tener las primeras lo más rápido posible. Hay que buscar ubicaciones que no afecten a la ciudadanía; la idea es generar cárceles productivas. Usted no se imagina la cantidad de bienes improductivos que tiene el Estado. Ya el presidente le dio la instrucción a la persona que va a llegar a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para que haga una lista. La SAE también está haciendo un listado actualizado de bienes para venderlos, o los que sean del Estado. Es decirle a un constructor que tenga experiencia en cárceles: le doy este lote, construya una cárcel. Eso es lo que se está desarrollando. También hay que hacer construcciones funcionales, es decir, que se puedan ir entregando, por ejemplo, por módulos. Otra cuestión que hay que tener muy en cuenta es la ubicación. Nosotros no podemos mantener cárceles en centros urbanos por muchas cosas. Hay que buscar ubicaciones que no afecten a la ciudadanía, que no vayan a afectar la economía.
V.D.: ¿Se van a acabar el Inpec, la Uspec?
I.C.: El problema nunca ha sido de las instituciones, ha sido de las personas. Pero sí hay que dar un debate muy fuerte, y es que no se le olvide que el Inpec es una fuerza armada y las fuerzas armadas deben estar bajo el mando del Ministerio de Defensa.
V.D.: Es decir, ¿el Inpec quedará adscrito al Ministerio de Defensa?
I.C.: No estoy diciendo eso, eso está en estudio. Nosotros no tenemos una estigmatización frente a los funcionarios del Inpec; es más, los protegemos. Los han amenazado, los han matado y han tenido y contarán con todo mi respaldo. En el Inpec hay gente muy buena, muy profesional, que también podrá ser considerada para todo lo que el Gobierno pueda estar planteando. Sí está siendo objeto de estudio cómo se hace todo con una entidad como el Inpec y cómo va a ser en el futuro la protección y la guarda de esas cárceles. También se está estudiando la posibilidad de que puedan hacerlo entidades privadas.
V.D.: ¿Qué noticias hay del buque cárcel?
I.C.: Se está estudiando el tema, se está buscando la zona adecuada. Eso va, Vicky.
V.D.: ¿Y quiénes van a ir al buque cárcel?
I.C.: Obviamente, delincuentes que necesiten un aislamiento.
V.D.: ¿O sea los peores?
I.C.: Por supuesto, los peores y los que delinquen. Una persona que siga delinquiendo, que siga generando zozobra, ordenando homicidios. Yo sí les pido a los señores jueces que tengan en cuenta si es mejor proteger a toda la sociedad o permitirle al señor que los familiares lo visiten cada ocho o cada 15 días. Va a ser excepcional, va a ser para un grupo de personas que sigan generando delincuencia.
V.D.: Que no tienen control…
I.C.: Y no tienen pudor ni límite, ni han generado ningún arrepentimiento o manifestado su intención de no delinquir; por el contrario, la han potencializado.
V.D.: ¿Timochenko tiene algún riesgo jurídico tras el acuerdo de paz de La Habana?
I.C.: Los compromisos que el Estado colombiano tenga obligatorios con la JEP se cumplirán. No esperen nada diferente a que se cumpla la Constitución y la ley de lo que sea absolutamente obligatorio.
V.D.: Es decir, mientras Timochenko cumpla sus compromisos y no vuelva a delinquir, ustedes van a cumplir como Estado…
I.C.: Por supuesto, las obligaciones legales y constitucionales que no puedan ser variadas no se van a cambiar.
V.D.: ¿Algún día lo podrían extraditar?
I.C.: Si comete alguna violación, si sale de la JEP, por supuesto que puede ser judicializado rápidamente.
V.D.: Pero mientras tanto, ¿no?
I.C.: A él lo han autorizado a salir del país, y los compromisos de la JEP no están en otros países. De tal manera que, si hubo una víctima extranjera y él va a un lugar donde está dicha víctima, me imagino que el Estado analizará el caso en su autonomía…
V.D.: ¿Y lo puede capturar?
I.C.: No me quiero meter a decir qué puede o no puede hacer (un país). Pero, en principio, él tiene una protección que le dio un mal acuerdo de paz en Colombia. Eso es todo lo que le puedo decir.
V.D.: ¿Y los exjefes paramilitares que estaban como gestores de paz? ¿Qué pasó con ellos?
I.C.: No, aquí no va a haber gestores de paz de ninguna naturaleza. Ellos tienen los mecanismos que se les están dando, los que habían adquirido, por ejemplo, con Justicia y Paz. Obviamente, si volvieron a delinquir y están dentro de algún grupo al margen de la ley, también podrá ser examinada su vinculación a esta ley de sometimiento.
V.D.: ¿Está de acuerdo con recortarle el presupuesto a la JEP en 100.000 millones de pesos para invertir dichos recursos en la justicia ordinaria?
I.C.: Me he reunido con el presidente de la república, con el equipo de la honorable Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, y hemos escuchado sus necesidades económicas. Lo ideal es que el Estado pueda cumplirlas cuando se corrija el desbalance financiero que se dejó en el Gobierno anterior. Yo con la JEP no manejo presupuesto. Formo parte de un Gobierno, de tal manera que si la decisión la toma el presidente de la república con el ministro de Hacienda, la apoyaré.
V.D.: ¿Le dio duro dejar su oficina de abogados?
I.C.: Sí. La oficina cerró. En eso quiero ser absolutamente claro. Imagínese usted el problema de haberle dejado el nombre Iván Cancino Abogados. Se cambió el nombre, vendí absolutamente todo y lo cedí. No tengo ninguna participación. No me reúno, no escucho a ningún cliente desde que me posesioné como ministro de Justicia. No interferiré. No favoreceré. No habrá absolutamente ninguna manifestación pública o privada del ministro de Justicia por quienes fueran sus clientes. Hoy tengo la camiseta de servidor público. Pienso en la víctima, en el interés general del país y, mientras sea ministro de Justicia, en eso me concentraré, sin pensar jamás en mis intereses particulares, pasados o futuros.
V.D.: ¿Le hace falta litigar?
I.C.: Digamos que no me hace falta porque he entrado en el ritmo de lo que es el servicio público y me apasiona. Me he enamorado de esto. Me he enamorado de la posibilidad de aportarle cosas a mi país. Aquí no estoy haciendo ningún sacrificio. Estoy haciendo algo para lo cual me comprometí y lo tengo que hacer. Los servidores públicos no estamos para hacer sacrificios. Estamos para brindar todo nuestro conocimiento y experiencia y cumplir y dejar hechos que le puedan servir al sector justicia. Y no como una realización de Iván Cancino, sino como la política de un Gobierno que vino a servir, a dejar huella y a hacer de Colombia un país mejor a la mayor brevedad posible, pero con presencia y permanencia hacia el futuro.
V.D.: El ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía contaron que el presidente Abelardo De La Espriella los llama a veces de madrugada y está muy pendiente de todo, haciendo microgerencia. ¿A usted también lo llama de madrugada?
I.C.: Un día de esta semana, a las 11:15 de la noche, le dije a mi esposa, Sandra, que iba a ser el primer día que el presidente no me iba a llamar sobre esa hora desde que anunció que iba a ser ministro. Y, justo, me llamó... Hablamos mucho. En una reunión, el presidente dijo que hay ministros con los que habla más que con su señora esposa y ahí estoy yo. Hay una comunicación permanente que me da tranquilidad. Yo me le debo al país y al presidente Abelardo. No tengo jefe político, no tengo quien me mande, no tengo quien me exija, mi jefe es el presidente de la república.
V.D.: El presidente De La Espriella ha demostrado una capacidad de trabajo que tiene descrestado a todo el mundo...
I.C.: Claro, y que motiva, es un verdadero líder.
V.D.: Es como omnipresente. En la mañana está en la Corte, luego viaja a Chocó, después está en un consejo de seguridad en Valledupar; es impresionante…
I.C.: Pues así estamos nosotros, Vicky, eso es lo que hay que hacer. El Estado tiene que tener presencia en el territorio. Hay personas que han dicho: “Por aquí jamás había venido el sector Justicia”. Cuando uno tiene un líder así, uno se motiva a seguir el ejemplo y creo que lo hemos hecho todos los miembros del Gobierno; uno también se motiva y se ve reflejado, y entonces ya el Estado empieza a funcionar de una manera más fluida.
V.D.: ¿Considera que hay una guerra jurídica para que el Gobierno no avance en la lucha contra el narcotráfico?
I.C.: El discurso del presidente ha sido muy claro: respeto por los jueces. Aquí hemos recuperado esa autonomía de los poderes, el respeto y la dignidad por la justicia, por las cortes. Lo que ha hecho el presidente es acatar, pero también debatir jurídicamente por medio de los recursos. Yo no lo llamaría guerra jurídica. Por ejemplo, un cultivo ilícito genera economías ilegales, desplazamiento, sometimiento de la voluntad popular a la delincuencia, no presencia del Estado y muerte. ¿Eso es más importante que el medioambiente? No. Lo que el país tiene que tener claro es que este Gobierno respeta el derecho internacional humanitario, el principio de precaución, pero la aspersión va.
V.D.: ¿Van a fumigar?
I.C.: Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pide que ajustemos algo, lo acataremos. Y si hay que plantear alguna modificación a la ley, se planteará y se modificará. Pero Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del medioambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos.
V.D.: Ministro, ¿qué esperan de esta nueva política para enfrentar la criminalidad que se aprovecha de las universidades?
I.C.: La autonomía universitaria está clara, regulada por la ley; obviamente, por los temas internos, hay decisiones de la Corte Constitucional, pero hay que tener muy claro que esa autonomía no significa repúblicas independientes. Las universidades pueden esperar respeto por la protesta pacífica, pero la ley habilita al Estado colombiano a ingresar de manera excepcional a las universidades en ciertas condiciones. Una de ellas es cuando se esté poniendo en peligro la vida o el bien público de alguna persona.
De tal manera que, si se están realizando incendios, se está agrediendo a la gente, se están lanzando las llamadas papas bomba, la política del Gobierno será entrar, pero a controlar, no a agredir. No son repúblicas independientes; ahí también manda el Estado. Pero le reitero: se respetarán todas las normas que ya están y se están haciendo protocolos para que esté muy claro qué se debe hacer o no, y esa es una iniciativa que está liderando también el ministro Rodrigo Lara.
V.D.: ¿Cómo le ha ido con la fiscal general, Luz Adriana Camargo?
I.C.: Bien.
V.D.: Se han reunido varias veces...
I.C.: Sí. De eso se trata, con el procurador también, con la defensora del pueblo. Se trata de una construcción armónica y me he reunido con ella y su equipo de trabajo. Hemos escuchado sus necesidades, hemos tenido una interlocución respetuosa, armónica, donde nos hemos escuchado.
V.D.: ¿Cómo encontró la contratación en el Ministerio?
I.C.: Lo primero que encontré fue un hackeo a un sistema. Hay gente pequeña que duda; eso ya está judicializado. Una intervención del sistema que incluso me paralizó algunos temas, ya está restablecido, ya se tomaron todas las medidas para evitar que eso pase. En el Ministerio hemos encontrado, como regla general, una contratación muy grande. Se está reestructurando para reducirla, hemos depurado sin afectar la misionalidad del ministerio, hemos encontrado temas difíciles en las entidades adscritas, en el Inpec, en la Uspec, en la Superintendencia (de Notariado y Registro), en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Aquí no se llegó a judicializar a nadie porque sí, no se llegó a perseguir a nadie, pero obviamente lo que se va encontrando, no puedo taparme los ojos y sencillamente dejarlo. Yo no vine a administrar el desorden, vine a corregir y a organizar en la cartera lo que me corresponde.
V.D.: ¿Se restableció la cooperación en materia de justicia con Estados Unidos?
I.C.: Por supuesto. Ahí he sido un gran interlocutor, hemos tenido muchas reuniones, son respetuosos de la autonomía, entienden que somos un estado autónomo. Hemos trabajado temas de capacitación, de apoyo económico que estaban paralizados. En otras dependencias que no son mías, pero que interrelaciono, va a haber noticias pronto. Solamente le doy un nombre para que lo tenga presente: Grupo Egmont (una red que reúne a un centenar de países para cruzar información financiera).
V.D.: Eso es muy importante porque Colombia fue suspendida en 2024, durante el Gobierno Petro, porque el entonces presidente reveló información reservada.
I.C.: Correcto.
V.D.: ¿Vamos a conocer quién es el llamado Colombian Official 3 en el escándalo de Odebrecht?
I.C.: Eso está en el mapa, Vicky.
V.D.: ¿Estuvo de acuerdo con que le dieran permiso al expresidente Petro para salir del país, cuando quiera, durante el próximo año?
I.C.: Es un tema que está reglado. No debemos personalizarlo; va a haber muchos que van a utilizar la misma figura.
V.D.: ¿Habrá una reforma a la justicia?
I.C.: También va. Lo he hablado con las cortes, con la Fiscalía, con la Defensoría; no soy amigo de grandes reformas, las grandes reformas llevan a grandes fracasos.
V.D.: La gente siempre está pensando en más cárcel, cadena perpetua…
I.C.: Mire, vamos a hablar de esos temas, pero con reformas muy puntuales. Por ejemplo, la reforma al tema de la imputación; vamos a debatir las audiencias preparatorias, investigación y juzgamiento en las investigaciones disciplinarias de abogados; ese será otro tema muy preciso. Si hacemos una gran mezcla y una gran reforma, eso, por regla general, no termina en nada. Vamos a reactivar el tema de la carrera notarial; creo que lo más lógico es empezar de cero.
Lo que pueden esperar de nosotros es que hagamos políticas criminales que sean efectivas. Colombia está llena de normas que no se aplican; el país no necesita más normas, necesita que las apliquemos, de tal manera que hay que hacer reformas que sean efectivas y las reformas que sean efectivas implican también dar un buen debate sobre la justicia negociada.
V.D.: ¿Qué cree que le estaría diciendo hoy su papá, el doctor Antonio José Cancino, al verlo en estos momentos como ministro de Justicia?
I.C.: Estaría muy orgulloso, claro (se le quiebra la voz). Eso me conmueve mucho. Estoy seguro de que estaría muy orgulloso de mí; me criticaría, lo haría en privado, me daría sus propuestas, pero me respaldaría siempre. A las personas que tratan de opinar de lo que haría mi papá, antes de morir me dijo que mi hermano y yo éramos sus abogados preferidos. Con eso me quedo.
V.D.: Me imagino que se encomienda a él todos los días…
I.C.: Todos los días.
V.D.: Si lo está oyendo en el cielo, dígale algo...
I.C.: Él sabe que lo amo y que todos los días cualquier acto que hago es para hacerlo sentir orgulloso.