La mala hora del Grupo Aval

La semana pasada puede haber sido una de las más difíciles en la vida de Luis Carlos Sarmiento. En menos de siete días su organización recibió tres golpes: la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el nombramiento del fiscal ad hoc y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El martes se conoció formalmente una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el proyecto Ruta del Sol II. Tres días después, en Bogotá, la Corte Suprema de Justicia escogió a Leonardo Espinosa Quintero como fiscal ad hoc. Y el jueves el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –en fallo de primera instancia– impuso una severa sanción a los socios de la concesionaria Ruta del Sol, incluida la empresa Episol, filial del Grupo Aval. Estos hechos, aunque independientes entre sí, tienen un elemento en común: establecer si el Grupo Aval tuvo algún conocimiento o participación en las actividades ilegales de Odebrecht, socia mayoritaria en ese negocio.

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De estos tres expedientes el menos peligroso es el del fiscal ad hoc. Esa figura fue creada en forma improvisada para solucionar los evidentes conflictos de interés que tiene el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Pero a pesar de la idoneidad del recién nombrado, Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, tiene un limitado margen de acción.

Por un lado, de las 17 líneas de investigación de corrupción de Odebrecht, solo recibirá dos. Estas son relativamente inocuas, pues se limitan a los casos en que el fiscal Néstor Humberto Martínez se declaró impedido: uno relacionado con las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody y otro sobre la negociación de los exdirectivos de Odebrecht. El de las exministras no va para ningún lado, pues ya está archivado. Y el de los brasileños puede ser grave o no, según lo que estos estén dispuestos a confesar. Entre las responsabilidades del fiscal ad hoc no han quedado hasta ahora expedientes claves como los del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade y el del fallecido controller Jorge Enrique Pizano.

En realidad los otros dos casos van a acaparar la atención de ahora en adelante. El de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hay una diferencia de enfoque sustancial entre una y otra. La de Estados Unidos tiene por objeto establecer si hay pruebas de que el Grupo Aval tuvo conocimiento, encubrió o participó en los sobornos de Odebrecht. La segunda, la del Tribunal de Cundinamarca, parte de la base de que ya hay una responsabilidad probada por lo menos de que conocían los sobornos, e impone sanciones drásticas.

La justicia norteamericana tiene un foco más restringido que el fiscal ad hoc, pero más dientes. Como el Grupo Aval está en la Bolsa de Nueva York desde septiembre de 2014, las autoridades de ese país tienen la facultad de investigarlo. Al Tío Sam no le interesan Otto Bula ni el Ñoño Elías. Busca establecer si un grupo empresarial que cotiza en Wall Street ha incurrido en alguna actividad irregular.

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Determinar la realidad sobre los sobornos de Odebrecht no ha sido fácil. Los brasileños han revelado en su mayoría apenas una parte de la historia. Al parecer Odebrecht es leal con sus socios y por eso en sus primeras declaraciones los directivos de la multinacional se limitaron a reconocer los giros hechos a Colombia desde el extranjero. Esos eran supuestamente los 11,1 millones de dólares que corresponderían a los 6,5 del exviceministro Gabriel García por la adjudicación de la Ruta del Sol II y a los 4,6 de Bula para obtener la adición del tramo Ocaña-Gamarra.

Pero como en este escándalo ha habido tantas mentiras ni siquiera eso resultó verdad. El propio Otto Bula testificó que él no había recibido 4,6 millones de dólares, sino 40.000 millones de pesos, que con el dólar a 2.000 serían 20 millones de dólares. A diferencia del exviceministro, quien se embolsilló toda la plata, Bula asegura que repartió la mayor parte. En términos generales se calcula que los sobornos totales de Odebrecht no son ni los 11 confesados por los brasileños, ni los 33 revelados por la Fiscalía, sino que podrían llegar al orden de los 50 millones. Estos estarían repartidos por mitad entre tráfico de influencias para ganar contratos y aportes a las campañas políticas para tener amigos en el poder.

Dos compañías controladas por Odebrecht, en las que Sarmiento es socio minoritario, giraron buena parte de esos sobornos: Consorcio Ruta del Sol SAS, la concesionaria, y Consol, la constructora. El Grupo Aval sostiene que esas empresas hicieron esos sobornos sin conocimiento de ellos, y al respecto Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez hizo la siguiente declaración ante las autoridades financieras de Estados Unidos: “Nosotros no teníamos absolutamente ningún conocimiento de las acciones ilegales de nuestro socio, oficialmente solicitamos ser admitidos como víctimas del caso por cuenta de las acciones de Odebrecht”.

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Esa declaración se dio después de que la Fiscalía de Colombia le había imputado cargos al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, por tener conocimiento de los sobornos. Ese cargo se originó en las declaraciones de Luiz Bueno, exjefe de Odebrecht en Latinoamérica, quien manifestó que había tocado el tema de los pagos ilegales con Melo y que habían acordado un reembolso posterior. Como Corficolombiana es un holding del Grupo Aval, los directivos de este afirman que tienen un buen concepto de él, y que esperan que pueda probar su inocencia. Pero que si llegó a meter la pata, lo hizo a nivel individual y sin conocimiento de sus superiores.

Sin embargo, después de las declaraciones de Sarmiento Junior salieron a flote dos novedades que complicaron la situación. Por una parte, el controvertido contrato de transacción elaborado por Néstor Humberto Martínez como abogado de Sarmiento para recuperar 33.000 millones de pesos que Odebrecht le habría tumbado al banquero. Y, por otra parte, aparecieron las grabaciones del controller, Jorge Enrique Pizano, cuyo contenido y trágico desenlace son ya conocidos. Lo relevante de estas dos revelaciones es que demostrarían que el Grupo Aval y Martínez conocían de actividades irregulares de Odebrecht desde 2015.

Estos desarrollos han llegado a tener resonancia internacional, en parte, por el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade. Como tiene nacionalidad estadounidense echó mano de los recursos que esta le permitía para defenderse de los 11 cargos que le pueden representar más de 15 años de cárcel. No solo se reunió personalmente con las autoridades de ese país, sino que contrató a un lobista y a una firma de abogados para visibilizar su caso ante el Congreso y el gobierno gringos.

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La posición de la familia Sarmiento y de los directivos del Grupo Aval acerca de todo este enredo es que no se puede confundir un desfalco con un soborno. En otras palabras, ellos descubrieron que les estaban robando una plata y lo que hicieron fue recuperarla. Para ellos, y para Néstor Humberto Martínez, nada en el contenido de las grabaciones ni en el contrato de transacción permite concluir que sabían de sobornos.

Lo más grave

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no llegó a la misma conclusión la semana pasada en un fallo sobre corrupción en la Ruta del Sol II, que cayó como una bomba en círculos empresariales. Aunque se trata de un veredicto apelable, por ser una decisión judicial resulta definitivamente más grave que todo lo anterior. El fallo resultó de una acción popular instaurada por el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017. El jueves ese tribunal dio a conocer la decisión según la cual sancionó por más de 800.000 millones de pesos a un grupo de empresas y personas involucradas en el escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol II. Una de estas fue Episol, filial de Corficolombiana y del Grupo Aval.

Episol es uno de los jugadores más importantes del sector de infraestructura en el país. Tiene solo o con socios 9 de los 30 proyectos de Cuarta Generación (4G) que se desarrollan actualmente. Entre estos están Coviandina, encargada de construir el último tercio de la vía al llano; la nueva vía al mar y una de las vías de la prosperidad en el Pacífico, así como la carretera Villavicencio-Yopal. Estos proyectos tienen un valor conjunto de casi 26 billones de pesos.

El fallo sorprendió por su contenido y por sus destinatarios. La decisión implica una de las indemnizaciones más cuantiosas que ha emitido la justicia en una acción popular: 800.000 millones de pesos (260 millones de dólares), que pueden ser cobrados en su totalidad “a cualquiera de ellos”. Es decir que si alguno no tiene la plata los demás tienen que responder. Esa orden tiene serias implicaciones si se tiene en cuenta que Odebrecht no tiene activos en Colombia y que solo le han podido embargar los enseres que tenían en una oficina en arriendo.

La sentencia en otro punto declara responsable por corrupción no solo a la concesionaria de la Ruta del Sol, sino también a sus socios: Odebrecht, el grupo Solarte y Episol, la filial de Corficolombiana. Y los sanciona con inhabilidad por 10 años para contratar con el Estado.  No solo los socios del consorcio constructor tendrían que pagar la multa de 800.000 millones de pesos, sino también particulares involucarados como el viceministro Gabriel García, José Elías Melo, Otto Bula, y los brasileños Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha. No es claro en el fallo cómo se van a repartir las cargas entre empresas y particulares.

El fallo tiene varios efectos. Adopta medidas cautelares que imponen embargos sobre las cuentas y los dividendos de Episol y las otras compañías involucradas en el caso de corrupción de Ruta del Sol II. Eso hace imposible que ese consorcio pueda pagar las deudas de 1,8 billones de pesos que tiene con los bancos. El 33 por ciento de esta deuda corresponde a Episol. Cuatro de los bancos acreedores pertenecen al Grupo Aval (Banco de Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas) pero también están otros como Davivienda, Bancolombia e Itaú, que tienen una participación cercana al 50 por ciento de esas acreencias.

Además, el fallo inhabilita a Episol por diez años, lo cual afectaría no menos de nueve grandes obras y podría paralizar su ejecución, lo que sin duda sería un golpe para el desarrollo de la infraestructura. Cualquier transición de Episol para solucionar el tema tiene que darse de manera expedita.

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Pero el Tribunal, en su medida más drástica le ordena a la ANI la suspensión definitiva del contrato y comenzar a negociar uno nuevo. Eso en la práctica suena poco probable porque el reciente fallo aumentará la incertidumbre que reina sobre los cierres financieros del programa de vías 4G. Estos se han demorado más de la cuenta a la espera de que un tribunal de arbitramento defina la fórmula para liquidar el avance de obra de Ruta del Sol II. La concesionaria, que hoy está en el banquillo, alcanzó a completar el 53 por ciento de la obra y aspira a que la ANI le reconozca cerca de 3 billones de pesos. La ANI considera que ese reembolso debe ser de alrededor de la mitad de las pretensiones del consorcio, y la decisión final está en manos de los tres árbitros del Tribunal.

Efectos a futuro

El problema consiste en que parte de las platas que esperan los socios de Ruta del Sol II estaban destinadas a pagar los 1,8 billones de pesos que les deben a los bancos. Con el fallo del Tribunal el jueves pasado la multa de 800.000 millones de pesos sería descontada por la derecha de la cifra que fije el Tribunal de Arbitramento. Por ejemplo, si este decide que la liquidación por el 53 por ciento del avance de obra es de 2 billones de pesos, al deducirsele 800.000 millones de la multa quedarían solo 1,2 billones para pagarles a los bancos. El futuro de la infraestructura está en vilo por cuenta de esta incertidumbre. Hay 16 cierres financieros de las 4G pendientes de las decisiones del Tribunal de Arbitramento y de qué va a pasar con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la semana pasada.

Además, el fallo ordena dedicar al proyecto los recursos de la fiducia creada para responder por las acreencias y no podrán usarse para responder a los terceros de buena fe que prestaron para construir las obras. Esta medida, que suena muy razonable, aumenta la desconfianza de los bancos y le podría dar un golpe fatal al modelo de alianzas público-privadas, creado justamente para ejecutar obras costosas con el concurso de privados en momentos en que el gobierno no tiene plata. Al dudar sobre la recuperación de su capital, los bancos lo pensarán dos veces antes de entrar en este esquema hacia el futuro.

Ese fallo fue de primera instancia y va para una bronca grande. Episol ha anunciado que lo apelará ante el Consejo de Estado. Esto significa que toda la artillería jurídica del Grupo Aval se enfocará en reversar la decisión en esa segunda instancia.

El Grupo Aval ha sentido más el escándalo de corrupción de la Ruta del Sol II en el comportamiento de las acciones que en los resultados financieros de las empresas que lo integran. En la bolsa, ha bajado fuertemente. En los últimos cinco meses la acción del Grupo Aval ha caído alrededor del 20 por ciento, mientras que la del Banco de Bogotá ha bajado el 17 por ciento y la de Corficolombiana el 35 por ciento. Solo el viernes, un día después de que se conoció el fallo del Tribunal de Cundinamarca que plantea la millonaria indemnización, la acción de Corficolombiana cayó 8,2 por ciento.

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Pero no todo el porcentaje de esta caída puede atribuirse al escándalo. Durante este mismo periodo el mercado de valores en general cayó un 12,7 por ciento en cinco meses. Y más de la mitad de ese porcentaje que afectó a todas las empresas obedeció al retiro del fondo internacional Harbor, el cual tenía alrededor de 3 billones de pesos en acciones en Colombia. Sin embargo, es claro que la acción también se ha visto afectada por otros factores como la caída de los puentes Chirajara y La Pala.

A pesar de estos bajonazos, tanto los bancos como Corficolombiana van a tener muy buenos balances al fin de año. En el tercer trimestre del año las utilidades netas de Aval crecieron 78,7 por ciento frente al mismo trimestre del año anterior, y en el acumulado del año se han incrementado 37,9 por ciento frente a la de los primeros nueve meses de 2017. El Banco de Bogotá ha crecido alrededor del 40 por ciento, Banco de Occidente el 25 por ciento, Banco Popular el 84 por ciento y AV Villas el 30 por ciento.

Además, se estima que las utilidades de Corficolombiana, el holding de inversiones que no tienen que ver con los bancos, podrían alcanzar al cierre del año alrededor de los 1,5 billones de pesos. Las campañas en las redes sociales que invitan a la gente a retirar sus ahorros del Grupo Aval no han tenido un impacto importante. Según directivos de la entidad, el promedio de retiros ha sido comparable al de los años anteriores. A pesar de esto, Bloomberg registra que la fortuna personal de Luis Carlos Sarmiento ha perdido 2.400 millones de dólares en este año. Eso no significa que el banquero esté en la olla. Según el mismo medio, sigue siendo el hombre más rico de Colombia con una fortuna de 10.100 millones de dólares. Y en cuanto a la caída del precio de sus acciones, el mayor comprador de las mismas en este momento es él, quien considera que están baratas y son un buen negocio.

Sin embargo, las consecuencias para Luis Carlos Sarmiento no son lo más importante que tiene el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del jueves pasado. La decisión tiene implicaciones graves para dos sectores clave de la economía colombiana: la infraestructura y el sector financiero. En cuanto a la infraestructura, queda el interrogante de qué va a pasar si se le decreta la inhabilidad por diez años a Episol y al Grupo Solarte. Estos tienen varios proyectos que están en plena ejecución y que podrían quedar paralizados. Tampoco es claro quién podría reemplazarlos ante la incertidumbre creada.

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Pero más allá de todas estas consideraciones económicas, hay otras no tan visibles, pero que sí pueden tener consecuencias muy graves. En este momento Colombia está atravesando un periodo de pesimismo y excepticismo como se ha visto pocas veces en el pasado. Las encuestas demuestran que hoy nadie cree en nada y sienten que el país va por mal camino. Esto es más una percepción que una situación de crisis, pero con el tiempo las percepciones tienden a convertirse en realidades. Todo este cuadro no ayuda a la estabilidad institucional del país, más aun la pone en riesgo.