ACOLFUTPRO, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que prioriza los derechos laborales de los jugadores del fútbol colombiano, informó en un comunicado de prensa que presentó una querella ante la Fiscalía General de la Nación contra Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.


Junto al máximo mandatario de la FCF también aparece Ana María Laspriella Steevens, quien se desempeña como secretaria general de la entidad. Según ACOLFUTPRO, la acusación ante la Fiscalía es por la violación a los derechos de reunión y asociación sindical, conducta tipificada en el artículo 200 del Código Penal.
Esta acción legal se fundamenta en que la Federación colombiana de Fútbol habría impedido una reunión con los futbolistas de la Selección Colombia de Mayores el pasado mes de septiembre en Estados Unidos, en una ronda de tres amistosos (México, Perú y Paraguay).
El sindicato cree que la FCF violó “de forma directa nuestro derecho constitucional de asociación”.
La denuncia tiene como énfasis que el supuesto bloqueo “no constituye un hecho aislado”, sino que fue una “conducta sistemática” que, según afirman en la asociación, se ha repetido en reiteradas ocasiones.

En el comunicado, Acolfutpro cuenta que la FCF habría impedido el contacto con jugadores en las concentraciones en Río de Janeiro (2021), Nueva Jersey (2022) y Valencia (2023), “demostrando un patrón orientado a obstaculizar nuestra labor”.
Jesurún, acusado en la Fiscalía
“Esto se suma a otras conductas antisindicales por parte de la FCF, entidad que, a lo largo de los años, ha vulnerado reiteradamente nuestro derecho a la negociación colectiva y ha emprendido acciones judiciales orientadas a atacar a nuestra organización, incluso demandando nuestro registro sindical.
ACOLFUTPRO exige que las autoridades competentes investiguen a fondo estos hechos. Nuestro objetivo es que se establezca la responsabilidad penal e individual de los directivos implicados y se garanticen, de una vez por todas, los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales en Colombia”.
Este sería el delito
El ilícito del Artículo 200 del Código Penal fue modificado por la Ley 1453 de 2011, la cual sanciona conductas como impedir reuniones lícitas, tomar represalias por huelgas o pactar condiciones discriminatorias entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
Las penas van de 1 a 2 años de prisión y multas de 100 a 300 salarios mínimos, incrementándose de 3 a 5 años de prisión y multas mayores en casos agravados. El Ministerio del Trabajo puede imponer multas con base en el Artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo.
