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Daniel Quintero Calle. alcalde de Medellín Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

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Alcalde Daniel Quintero: tomaremos todas las decisiones que garanticen continuidad de Hidroituango

El alcalde de Medellín sigue utilizando un lenguaje duro contra los contratistas de la obra, llamándolos “pícaros” y utilizando otros calificativos.

4 de noviembre de 2021

Al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no le preocupa mucho la advertencia velada del BID de que podría retirarse de la obra si sigue la incertidumbre con los contratistas. Su confianza nace de que EPM tiene más de $ 4 billones en caja y podría pagar mañana mismo la deuda con el BID, un poco más de US$ 400.000, si tuviera que hacerlo.

El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, dijo en declaraciones a SEMANA que la entidad podría retirarse de la megaobra de Hidroituango si no hay certeza sobre el futuro de la construcción. Quintero sigue utilizando un lenguaje duro contra los contratistas de la obra, como “pícaros” o que “saben a todo lo malo”. Los acusa de haber bajado la calidad de los materiales, modificado el diseño y de “enriquecerse”. Pero lo más seguro es que el alcalde los va a dejar al frente de la obra hasta que la Contraloría General de la República se pronuncie en segunda instancia en relación con el caso.

El organismo fiscalizador, en primera instancia, responsabilizó del detrimento fiscal de $ 4,3 billones a 26 personas y empresas vinculadas al proyecto. Quintero da por sentado que la Contraloría confirmará en segunda instancia las sanciones de su primera decisión y que en ese momento los contratistas actuales tendrán que salir por fuerza legal. Eso, se supone, ocurrirá en los primeros meses del próximo año. “Cualquier administrador se debe preparar para los peores escenarios y esa es mi posición frente a lo que puede pasar”, le dijo el alcalde a SEMANA.

En todo caso, el alcalde Quintero -al parecer- prefiere esperar el fallo de la Contraloría en segunda instancia para abrir un nuevo proceso de licitación y por esa vía cambiar los contratistas actuales. Muchos sectores han cuestionado el cambio de los contratistas de la principal obra de generación de energía del país, que ya va en 85 %, pero que ha generado unos sobrecostos multimillonarios por la emergencia que vivió.

EPM

Alrededor del sonado caso de Hidroituango, que generó una crisis corporativa en EPM hace unos cuantos meses, siguen las decisiones de la Contraloría General. En esta oportunidad, la entidad desenlazó un capítulo, al establecer responsabilidad fiscal sobre 26 nombres, dentro de los cuales, los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015); los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011) figuran en la lista con faltas graves.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) emitió una respuesta a la decisión, en la que además de señalar que aún desconoce oficialmente el fallo de responsabilidad fiscal por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), dice que el equipo técnico, jurídico y financiero de la compañía está haciendo las revisiones del caso. Acerca de su actuar, luego de dichas revisiones, adelantó que no se debe perder de vista que los listados como responsables fiscales tendrán cinco días hábiles para acudir al recurso de reposición y apelación, lo que implicaría que los efectos del fallo pueden suspenderse hasta cuando se resuelvan los recursos por la Contraloría General de la República.

La EPM enfatizó en que su política es la de ser respetuosa de los fallos de las autoridades, en este caso, de la Contraloría. No obstante, indicó que “ha desarrollado estrategias para enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del sentido del fallo y su contenido, con el propósito de mitigar los riesgos y, de esta forma, blindar la continuidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”.

De hecho, el exgobernador Ramos fue uno de los primeros en confirmar que está listo para demostrar que sus actuaciones estuvieron sujetas a la protección de ese importante proyecto para los antioqueños y para el país. “Usaré todos los recursos de ley, con la tranquilidad de haber actuado siempre con rigurosidad ética, jurídica y técnica”.