La candente polémica que ha generado el Decreto sobre piso de protección social

Una fuerte polémica se desató en redes sociales y en el círculo de varios sectores y gremios del país, por cuenta de la expedición del Decreto 1174, que reglamenta el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente reciban ingresos inferiores a un salario mínimo, es decir 980.657 pesos incluyendo el subsidio de transporte.

Este Piso de Protección Social incluye aseguramiento en salud a través del Régimen Subsidiado, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) como mecanismo de protección en la vejez y el seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral.

De acuerdo con la normativa, quedarán inscritos a este sistema, de manera obligatoria, aquellas personas que "tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ellos reciban un ingreso total mensual equivalente a un salario mínimo".

No obstante, también habrá una vinculación voluntaria para las personas que no tengan una relación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios.

Así, en el caso de las personas que estará de forma obligatoria, su empleador o contratante deberá aportar 15 por ciento del ingreso mensual obtenido en el periodo en el que se realiza dicho aporte. En el caso de los voluntarios, ellos serán los responsables de aportar este porcentaje. El decreto abre la puerta para que los vinculados a este sistema hagan aportes voluntarios.

De otro lado, aquellas personas que tengan uno o varios vínculos de carácter laboral por tiempo parcial (es decir por horas) y que al sumar todos sus ingresos perciban mensualmente una suma igual o superior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, deberán afiliarse al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social. 

La polémica

Una vez se conoció el Decreto, varios sectores salieron a mostrar su inconformidad y calificaron la normativa como una reforma laboral encubierta.

El senador y vocero de Alianza Verde, Antonio Navarro, señaló que, “el Decreto 1174 de 2020 recién expedido por el gobierno va a generalizar la contratación por horas. Va a debilitarse seriamente la seguridad social“. 

Vea aquí la declaración de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, sobre el decreto del Ministerio:

Por otro lado, la activista política, Catherine Juvinao, dijo: “Lamento informar una nueva jugadita de Iván Duque: nos metió la reforma laboral por horas con el Decreto 1174 de 2020. Para que vayamos sabiendo, habilitó la contratación por horas ilimitada y sin obligar a la empresa a pagar prestaciones cuando estas superen el salario mínimo“.

El gremio de los maestros, Fecode, criticó el decreto porque “elimina las pensiones en el país“. “Rechazamos el Decreto 1174, porque es un atentado contra los derechos laborales. Precariza y elimina pensiones, permite la contratación por horas, es decir, aprueba lo que los colombianos rechazamos en las calles. Es una reforma laboral en contra de los trabajadores“, señaló el gremio en su cuenta de Twitter.

Así mismo, el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, comentó que, la norma "es el fin del contrato a término indefinido y fijo, el fin a prestaciones sociales, derechos laborales y el salario mínimo legal; es una reforma laboral soterrada que pone en esclavitud a todos los colombianos“.

¿Qué dice el Ministerio de Trabajo?

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, le salió al paso a todas las críticas, dudas y polémicas que ha generado la expedición de este decreto. El jefe de esta cartera señaló que “no se trata de ninguna reforma laboral, ya que el Gobierno no se inventó nada de lo que está allí.

“El Gobierno no se lo inventó, fue discutido en el Congreso de la República. Uno debe ser honesto con el país, aquí tenemos cuatro o cinco millones de personas que no están cotizando ni aportan para su vejez. ¿Vamos a seguir con décadas en lo mismo o empezamos a discutir el tema?”, dijo a Blu Radio.

Además, explicó que el motivo de esta normativa es que hay cerca de cinco millones de personas que ganan menos de un salario mínimo, no porque trabajen 240 horas, ni estén el mes completo en una empresa, sino aquellos que trabajan temporalmente, y que no les pagan el equivalente a un salario mínimo. 

“Esas personas no tienen ningún tipo de prestación social“, sostuvo. “Con este decreto se busca que se le garantice su seguridad social, su salud y que empiece a generar un tema de ahorro para su vejez“, añadió el funcionario.