Estos son los riesgos que vienen después de la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton. ¿Qué puede pasar con la financiación del Gobierno?

Después de haber perdido su visa, tras una arenga en las calles de Nueva York contra el presidente Donald Trump, Gustavo Petro se convirtió en el primer mandatario del país en quedar señalado en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida antes como la lista Clinton.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por supuestos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado su nivel más alto en décadas” bajo el mandato de Petro.

“Las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son personales: no hay embargo a Colombia. Si Gustavo Petro y personas de su círculo ingresan a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, las personas y entidades de Estados Unidos —y toda operación que toque su sistema financiero— no podrían tratar con ellos; si intervienen (firmas, aprobaciones, instrucciones), esas operaciones se bloquean o se rechazan. Efectos previsibles: más fricción en pagos en dólares, controles de cumplimiento más estrictos, restricciones voluntarias de algunos bancos y posible suspensión de visas”, advierte María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.

En un informe de esta entidad se advierte de efectos económicos y financieros inmediatos. Por ejemplo, el bloqueo patrimonial del designado: cualquier bien o interés que esté en Estados Unidos o ingrese a ese país, o, incluso, esté bajo posesión o control de una persona estadounidense, queda bloqueado; no puede ser transferido, pagado o dispuesto.

También prohíbe el trato por personas estadounidenses: bancos corresponsales, emisores, agentes de pago, auditores y contrapartes de Estados Unidos y no puede celebrar actos ni contratos ni procesar operaciones donde el designado tenga cualquier interés, aun si actúa por una entidad no bloqueada. Además, toda operación que toque el sistema financiero de Estados Unidos queda sujeta a estas prohibiciones, y las instituciones deben bloquear o rechazar y reportar a OFAC.

Si bien se trata de efectos personales, hay una preocupación por el rango de jefe de Estado que ostenta Gustavo Petro y los impactos, directos o indirectos, que puedan darse en el marco de su gestión como jefe de Estado.

¿Riesgo en la financiación?

Como agrega el análisis de AmCham Colombia, no es sanción al Estado: el gobierno no queda bloqueado; sin embargo, cualquier intervención del presidente en actos con nexo con Estados Unidos invalida la posibilidad de que “personas estadounidenses” participen.

En ese contexto, una de las mayores inquietudes, hoy por hoy, corresponde a la estrategia de financiación del Gobierno en su manejo de deuda que busca estabilizarla para que deje de crecer. Según explicó en su momento la Dirección de Crédito Público a SEMANA, no se trata de nuevo endeudamiento. Básicamente, están comprando títulos de deuda interna (TES) y bonos externos que vencen en el corto plazo para reemplazarlos por otros que maduran más adelante. Es una operación de canje.

La diferencia es que esta vez las transacciones no implican un costo fiscal, sino un ahorro: el Gobierno adquiere bonos que hoy se negocian con descuento en los mercados financieros. El objetivo es aprovechar la diferencia entre el valor que debía pagar a los inversionistas y el precio al que realmente se cotizan los bonos.

Con esta estrategia recompraron 14.500 millones de dólares en TES y entregaron 11.600 millones en nuevos títulos, lo que implicó un ahorro de 2.800 millones de dólares. Con TES denominados en UVR, el ahorro fue de 800 millones de dólares.

La tensión se da porque las transacciones se hicieron con entidades financieras locales que operan como creadores de mercado, mientras que para los bonos de deuda externa se recurrió a un grupo de seis bancos internacionales: Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, BNP Paribas, BBVA y Santander.

Vasos comunicantes del sector financiero local con el internacional, y en medio el Gobierno. Ellos le prestaron la plata al Gobierno para hacer la recompra a cambio de unas comisiones y como garantía les daban los flujos de los bonos recomprados. La operación ascendió a 9.300 millones de dólares, de los cuales ya se usó la mitad para recomprar bonos en dólares, al tiempo que ya se hizo una emisión por 4.100 millones de euros.

Según Ricardo Fandiño, socio de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, y experto en banca, finanzas y mercado de capitales, la lista Clinton tiene como efectos congelar activos sobre los cuales ejerza control la persona incluida en la lista.

Sin embargo, por ser un tema personal del presidente Petro, no debe afectar la deuda de Colombia. Pero el precedente muestra lo contrario. Fue Venezuela: cuando a Nicolás Maduro lo iban a incluir en la lista OFAC, el mercado los días anteriores ya venía asumiendo ese riesgo y no hubo un cambio inmediato.

“Aquí nadie preveía que a Petro lo fueran a meter en la lista. Lo que va a pasar en los próximos días en términos de precio de deuda es lo que nos va a mostrar realmente el impacto”, dice Fandiño.

¿Cuál es el riesgo? “Que acá sabemos quién es Petro y qué es República de Colombia, pero afuera es distinta la percepción de un inversionista, sentado en un fondo de inversión en Nueva York, Londres o Singapur, dejando recursos en un activo que para él no es claro y que no haya riesgo de contagio entre Petro y los activos República de Colombia”, explica Fandiño.

Y agrega: “En este sentido, creo que, de lejos, el mayor riesgo es una venta urgida y masiva (fire sale) de parte de los fondos internacionales, basados en algoritmos mal diseñados que contagien a la deuda colombiana asumiendo mal el “control” del presidente sobre el Emisor (que en este caso es la República de Colombia). Eso encarecería la financiación y probablemente haga subir el dólar”.

Además, la estrategia que montó el Gobierno para liberar el pago de deuda, que para algunos fue una movida de astucia financiera y otros consideran fue patear el problema para el futuro, podría estar en riesgo y afectar la labor que han hecho este año el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público.