Radican proyecto para tumbar una de las iniciativas más relevantes del Gobierno: “Amenaza la autonomía territorial y la seguridad jurídica”

En el Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, un polémico artículo está en la mira de organismos regionales, empresas y centros de pensamientos.

Se trata del artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (Plan de Desarrollo) que centraliza decisiones sobre el uso del suelo agrícola. Además, introduce conceptos, como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), centro de una polémica porque limita el desarrollo local y regional, así como el desarrollo de proyectos productivos, distintos a los alimentos, y la posibilidad de que las regiones desarrollen sus vocaciones productivas.

En su momento, el Ministerio de Agricultura explicó: “Es una determinante que busca proteger y salvaguardar los mejores suelos para la actividad agropecuaria y protección del derecho humano a la alimentación de manera armónica con las determinantes ambientales y permitiendo al sector de la agricultura identificar aquellas zonas donde debe desplegar su misionalidad de manera estratégica. En un mundo en crisis climática, la autosuficiencia en la producción de alimentos es vital sin perjuicio de otras actividades económicas que pueden ser armonizadas en los territorios”.

Se han declarado Appa en el Sur de La Guajira, en Sabana Centro, en el departamento de Cundinamarca, en el suroeste de Antioquia, municipios de tradición agropecuaria del Tolima, Cauca, Putumayo, algunos más de los Llanos Orientales, también en Córdoba y Santander entre otros. Más de 80 municipios han sido priorizados en este aspecto.

28 congresistas de distintos partidos radicaron un proyecto de ley que busca derogar el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, al considerarlo inconstitucional por los riesgos que representa para la autonomía territorial y la seguridad jurídica, y en ese mismo sentido derogar también las Appa.

En su concepto, debilita la autonomía territorial y genera incertidumbre para la inversión y la seguridad jurídica, al invadir competencias de los concejos municipales y distritales y haber sido aprobado mediante una ley ordinaria que modifica materias reservadas a ley orgánica, en contravía del artículo 151 de la Constitución.

La iniciativa legislativa se sustenta en estudios técnicos y jurídicos del Instituto de Ciencia Política, ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho, quienes señalan que la norma viola la autonomía municipal, al permitir que el Gobierno central determine los usos del suelo. Además, introduce conceptos indeterminados (como las Appa y las “áreas de especial interés”), sin definir su alcance ni criterios técnicos, lo que profundiza la inseguridad jurídica para autoridades e inversionistas.

“Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se están declarando por resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar competencias territoriales. El Gobierno nacional está decidiendo qué suelos proteger y lo hace sin pasar por los concejos municipales, esto rompe la autonomía local y subordina los POT a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, dijo María Carolina Castillo, presidente de Probogotá Región.

De acuerdo con Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, “el artículo 32 impone limitaciones arbitrarias al uso del suelo, desconociendo los derechos de propiedad privada y debilitando la seguridad jurídica. Centralizar estas decisiones en el Gobierno nacional refleja un enfoque intervencionista que ignora la realidad productiva y la diversidad territorial del país”.

Para el Instituto de Ciencia Política y ProBogotá Región, la derogatoria del artículo 32 es un paso esencial para restablecer el equilibrio entre la unidad del Estado y la autonomía territorial, fortalecer la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y restaurar el principio de legalidad y el respeto por las competencias territoriales, pilares de un desarrollo sostenible y coherente con el Estado de derecho.