Un grupo de ciudadanos interpuso una acción de tutela para exigir al Estado colombiano garantías en el acceso a la energía como un derecho fundamental, en medio de preocupaciones por un posible desabastecimiento en el país.
La iniciativa, que fue respaldada técnicamente por el Grupo Energía Bogotá, fue presentada por 11 personas de distintos sectores, entre ellos empresarios, trabajadores y amas de casa, quienes alegan una vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo.
“Argumentan los accionantes, entre los que se encuentran empresarios, empleados, periodistas, amas de casa, etc., que la falta de garantías para el acceso a la energía, ante un posible desabastecimiento, supone una amenaza contra la capacidad de trabajo para cada una de ellas, con las demás afectaciones que ello supondría en el desarrollo de su vida misma”, señala el Grupo Energía Bogotá.
La tutela fue dirigida contra varias entidades del Gobierno nacional, incluyendo la Presidencia de la República, así como los ministerios de Ambiente, Minas y Energía y Hacienda, además de organismos regulatorios del sector energético.
Los accionantes argumentan que la falta de garantías frente a una eventual crisis energética pone en riesgo no solo la estabilidad económica del país, sino también las condiciones básicas de vida de la población.
Señala el Grupo Energía de Bogotá que, dada la relevancia del caso, el mismo ha llegado hasta la Corte Constitucional, que decidirá si selecciona la tutela para una revisión de fondo.
De ser aceptada, la Corte analizaría un problema estructural del sistema energético que, según los demandantes, ha sido agravado por decisiones estatales.
Además, el proceso ha vinculado a otras entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como a gremios y empresas estratégicas del sector.
“Este escenario representa una oportunidad invaluable para que dicha Corte, como garante de los derechos fundamentales, analice un problema de carácter complejo y estructural que pone en riesgo el derecho de las generaciones presentes y futuras a un servicio de energía continuo y eficiente”, puntualiza el grupo energético.
Por último, el Grupo de Energía de Bogotá ha señalado la importancia de un pronunciamiento judicial que evalúe el impacto de las políticas actuales sobre la estabilidad financiera del sistema y la calidad del servicio para los usuarios.