Un nuevo decreto, que está colgado del que expidió el Gobierno hace casi un mes para establecer la emergencia económica, fue emitido por el Ministerio de Minas y Energía.
Con la medida se ordenó la suspensión del cobro del servicio de energía, en lo que se argumenta como un alivio a las familias que fueron afectadas por la ola invernal en ocho departamentos, que motivó la declaratoria de estado de excepción.
Se trata del Decreto 0214 de 2026, firmado el 5 de marzo, y contiene medidas extraordinarias. Allí se indica que los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados no deberán pagar facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia, hasta que sus viviendas recuperen condiciones seguras para la prestación del servicio.
Sin cobro de intereses
En el caso de las empresas, la orden es que procedan a diferir las deudas correspondientes al ciclo de facturación anterior a esta situación, permitiendo a los usuarios damnificados pagar esos valores en plazos de al menos 12 meses, con posibilidad de ampliarse hasta 36 meses en casos relacionados con reposición de equipos o acometidas dañadas, sin cobro de intereses.
El asunto, cuando se activan este tipo de alivios, por emergencias, es el temor de que suceda algo similar a lo ocurrido durante la crisis provocada por el covid. Se activó la llamada opción tarifaria, que luego le cargaba muchos números a la factura de los ciudadanos, porque todo debe pagarse en algún momento. En los estratos más vulnerables de la pirámide socioeconómica se estableció que el Gobierno pagaría esa cuenta pendiente, pero —hasta el momento— no ha habido de dónde sacar los recursos sin incurrir en violación de normas con el manejo de los dineros públicos.
Incluyen recuperación de infraestructura eléctrica
El alivio mencionado sería para habitantes de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde, además, las lluvias e inundaciones han impactado gravemente la infraestructura eléctrica y las condiciones de vida de la población. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que el objetivo del decreto es proteger a las comunidades en medio de la crisis.
A las empresas distribuidoras les deben un montón
De acuerdo con las más recientes estadísticas de Asocodis, gremio de empresas distribuidoras de energía eléctrica, con corte a febrero, la deuda pendiente asciende a 6,5 billones de pesos, 2,2 billones de los cuales son por opción tarifaria. Allí también está la obligación atrasada del Estado por pago del servicio a las empresas que se los prestaron: 1,4 billones de pesos; más los 2,9 billones de pesos en subsidios a servicios públicos que el Estado ofrece a los estratos 1, 2 y 3, y que los han ido asumiendo las empresas, porque desde lo público no están siendo cubiertos oportunamente.