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En el caso de los emprendedores, la asesoría legal se convierte en una herramienta clave para formalizar los procesos y generar valor para la economía.
En el caso de los emprendedores, la asesoría legal se convierte en una herramienta clave para formalizar los procesos y generar valor para la economía. | Foto: Getty Images

ESPECIAL LEGAL

El rol de los abogados de cara a la reactivación empresarial

El conocimiento y la experiencia de los abogados en temas legales son aspectos fundamentales para ayudar a superar la crisis.

5 de junio de 2021

Nueva normatividad de emergencia, acceso a beneficios, aumento de controversias, y dudas en torno a pagos y obligaciones, entre otros, son asuntos que aún provocan inquietud entre los empresarios y emprendedores. Para resolver esas dudas, es clave contar con la asesoría legal que les permita sobrevivir, crecer y reactivarse.

Bajo este panorama, dice Paula Giraldo, socia líder de Legal para BDO en Colombia, los abogados toman un rol fundamental en la medida en que aportarán su conocimiento en la implementación adecuada de esta legislación de emergencia, así como para sortear los retos propios de su adaptación en las diferentes áreas de una compañía. Estos profesionales propenderán siempre por el respeto del Estado social de derecho y de sus actores, lo que al final se traducirá en compañías que continuarán siendo viables y relevantes para la economía.

“Hoy, más que nunca, estamos llamados a entregar soluciones responsables que se aparten de pensar solo en los intereses de una de las partes, para pensar en estrategias innovadoras que, dentro del marco legal, les permitan a quienes nos consultan solucionar sus conflictos para impulsar esa reactivación, permitiendo que las partes involucradas lleguen a acuerdos con los cuales puedan continuar con sus negocios y emprendimientos”, añade Giraldo.

Aliados estratégicos

Para Daniel Londoño, socio y director de la práctica de Emprendimiento de Gómez Pinzón Abogados, en los actuales momentos, los profesionales del derecho son un aliado estratégico que genera valor, puesto que brindan la tranquilidad de que, en el frente legal, emprendedores y empresarios están cubiertos.

“Los apoyamos con asuntos complejos, como en el acompañamiento en negociaciones de contratos críticos para sus ventas; en los procesos de levantamiento de capital, para que sepan cómo funcionan las diferentes etapas y a qué se enfrentan; o, cuando identificamos una norma que les afecta, se las explicamos y les ayudamos a ajustarse en lo que sea necesario. De esta manera, ellos continúan enfocados en sus negocios”, apunta Londoño.

Por su parte, José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, considera que los abogados deben facilitarle a la comunidad empresarial adelantar su actividad de manera segura, predecible, eficiente y con sujeción a la ley, frente a, por ejemplo, inversionistas extranjeros; o asumiendo un rol casi pedagógico (en especial con los emprendedores), al ayudarles a entender cuáles son los parámetros de formalización que se deben cumplir con miras a consolidarse como compañías viables.

“El reto es doble. Primero, debemos facilitar acuerdos creativos que atiendan las necesidades de cada una de las partes en el entorno actual; segundo, es nuestro deber explicar y aplicar las diferentes instituciones disponibles en la ley para procurar alivios, subsidios y protecciones”, dice Torres.

Desde lo laboral

Uno de los temas que aún suscita dudas es la Ley 2088 del 12 de mayo de 2021, que regula el trabajo en casa, un asunto que, en el caso de los emprendedores, tiene muchos desafíos. Así lo afirma Mauricio Montealegre, director de la práctica Laboral de Gómez Pinzón Abogados. Para él, se requiere crear escenarios de eficiencia en el servicio y optimización de costos, que no contraríen las leyes laborales vigentes. Desde esta perspectiva, agrega, “la asesoría para el trabajo remoto no solo debe limitarse a la nueva ley, sino a la regulación vigente sobre teletrabajo, entendiendo que la ley de trabajo en casa está enmarcada en situaciones extraordinarias al normal desarrollo de una relación laboral, cuya duración es de tres meses prorrogables por tres meses más, o hasta tanto cesen las circunstancias que dieron lugar a su implementación”.