El gremio Andesco, que agrupa a las empresas prestadoras de servicios públicos, acudió ante el Consejo de Estado para presentar los reparos que tienen frente a la Resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento-CRAC, alegando que les está causando graves afectaciones, las cuales podrían llevar incluso a impedir la prestación del servicio público de aseo.
A juicio de Andesco, que presentó una demanda ante el Alto Tribunal para tumbar la norma, “las tarifas no reconocen los costos reales de operación de las empresas”.
La acción se anticipa a la entrada en vigencia de la resolución, según la cual la medida empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2027.
La cobertura de la norma involucra a municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. En consecuencia, “Andesco insiste en que es necesario revisar sus fundamentos técnicos y jurídicos antes de que entre en vigencia”.
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