Otorgar títulos que autorizan la exploración de carbón, oro y materiales de construcción ha sido una de las metas sonadas del Gobierno, lo que se hace para contrarrestar la minería ilegal, de manera que se extraigan los recursos, pero con el menor daño posible al medio ambiente.
Sin embargo, en áreas como las del río Dagua, en el departamento del Valle, ha habido una grave crisis por la prevalencia de la minería ilegal para extracción de oro, lo que ahora, parece reactivarse con la denuncia que estudió la CVC-Corporación Autónoma Regional del Valle.
La CVC recibió denuncias ciudadanas del reavivamiento de la minería ilegal en el río Dagua, y no por parte de personas que van con una pequeña batea minera a tratar de encontrar unas porciones pequeñas.
Tras la revisión realizada por la CVC, en una visita técnica en la margen izquierda del afluete, en el sector La García, de la vía Buenaventura – Lobogurrero, encontraron evidencia de actividades de minería mecanizada que habrían sido desarrolladas recientemente, confirmó la autoridad ambiental regional.
Según el informe presentado, las condiciones del terreno permitieron identificar señales claras de remoción de material aluvial, excavaciones y alteraciones en la franja cercana al cauce del río. Dichas intervenciones fueron realizadas con maquinaria pesada, como retroexcavadoras, así como equipos de lavado, comúnmente utilizados para la extracción minera, dijo la CVC.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) February 19, 2026
Son ilegales
De acuerdo con la información suministrada por la Corporación ambiental, tras realizar la verificación del caso, se pudo establecer que “la actividad no cuenta con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional ni con los respectivos instrumentos de manejo ambiental, lo que configura una posible irregularidad".
El caso fue trasladado a la Alcaldía de Buenaventura, según lo ordena el Código de Minas y en la semana que inicia será tema de una mesa minera que ha sido convocada para articular las acciones necesarias, que involucren a las autoridades competentes.
Problemas de orden público
Las dificultades para el control, como muchas otras zonas del país, están relacionadas con las condiciones de orden público que hay en el lugar. “Las acciones operativas deberán ser lideradas por la Fuerza Pública, garantizando las condiciones de seguridad necesarias”, manifestó la CVC.
Por parte de la corporación ambiental, lo que se garantizará será el acompañamiento técnico y ambiental en el marco de sus competencias, una vez existan las condiciones adecuadas para intervenir en la zona. Esto, porque la minería ilegal es uno de los grandes enemigos del medio ambiente, pero también, es un problema económico, de competencia desigual y de fuga de recursos naturales.