Las empresas que operan en América Latina enfrentan un nuevo escenario de riesgo legal tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir a varios carteles de la región en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés). La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, amplía las responsabilidades corporativas y podría exponer a las compañías a sanciones millonarias o incluso procesos penales si se demuestra que brindaron algún tipo de apoyo —directo o indirecto— a estas organizaciones criminales.
En la consultora Control Risk explican que una de las primeras acciones ejecutivas que tomó el presidente Trump en su segundo mandato fue clasificar a varios carteles latinoamericanos en la misma lista en donde están grupos como ISIS o Al-Qaeda. Comenzó con 8 y ya lleva 14 carteles, los cuales, en su afán de lavar su dinero o presionar para tener más poder o control territorial, pueden terminar impactando a las empresas.
En 2025, el Gobierno Trump declaró como FTO, entre otros, a los carteles mexicanos de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, el del Noreste y a la Nueva Familia Michoacana, así como a la salvadoreña Mara Salvatrucha, al venezolano Tren de Aragua y al Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo.
En el pasado, las Farc fueron consideradas como grupo terrorista, pero salieron por el acuerdo de paz y el ELN sí se mantiene en esa lista negra.
El riesgo legal al que se exponen las empresas se conoce como “apoyo material a grupos terroristas”, una figura en la que las compañías pueden incurrir tanto de forma directa como a través de su cadena de suministro. “Directamente puede ocurrir cuando un cartel llega a una empresa y le exige pagos para permitirle operar en determinada zona. También puede suceder con proveedores, cuando no se investigan adecuadamente antes de firmar contratos y luego se descubre que la empresa de transporte o el despacho de abogados con el que se trabaja pertenece a una organización ilegal o tiene vínculos con ella”, explica Ulla Pentinpuro, responsable de Servicios de Investigaciones e Inteligencia de Negocio para México y Centroamérica de Control Risks.
Agrega que ese apoyo material no solo se configura si se entrega dinero; también aplica, por ejemplo, si se permite cargar los teléfonos celulares de los miembros del cartel en las instalaciones de la compañía.
Los antecedentes muestran que las consecuencias pueden ser severas. El caso de la cementera francesa Lafarge, sancionada con una multa de 107 millones de dólares por apoyar al grupo Estado Islámico en Siria, es uno de los ejemplos más citados. También se recuerda el caso de Chiquita Brands en Colombia, que pagó a grupos armados ilegales y enfrentó fuertes sanciones y demandas judiciales.
Este nuevo riesgo legal para las empresas es especialmente delicado en sectores que operan en zonas donde el crimen organizado tiene fuerte presencia, como minería, petróleo, agricultura, construcción y manufactura. En estos casos, las empresas pueden verse presionadas por grupos criminales para pagar cuotas o permitir ciertas actividades a cambio de poder seguir operando. Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia estadounidense, ese tipo de pagos no constituye una justificación legal.
“El Departamento de Justicia ha sido claro: si una empresa no puede operar en una zona sin pagar extorsiones, entonces debe retirarse de allí”, insiste Pentinpuro. Añade que no es excusa decir que deben pagar la extorsión para salvaguardar vidas, tal como argumentó Chiquita. “Usualmente, cuando una empresa descubre que está pagando una extorsión, el consejo de los abogados, especialmente americanos, es dejar de pagar de un día para otro y eso tampoco es recomendable, porque ahí sí se podrían poner en riesgo las vidas de los empleados que están en campo”, precisa.
Su recomendación es elaborar un plan para dejar de efectuar esos pagos, incluso si el proceso toma dos o tres años, pero con medidas concretas. De esta forma, si un regulador como el Departamento de Justicia revisa el caso, la empresa puede demostrar que ya está ejecutando un plan real para eliminar esas prácticas.
Agregó que, además de las multas, el riesgo puede extenderse a litigios civiles. Por ejemplo, si una empresa es vinculada con un cartel involucrado en el tráfico de fentanilo, los familiares de víctimas por sobredosis en Estados Unidos podrían presentar demandas contra la compañía.
Frente a este escenario, la especialista recomienda reforzar los programas de cumplimiento corporativo, monitorear con mayor detalle a proveedores y socios comerciales e implementar sistemas de alerta temprana que permitan detectar vínculos con organizaciones criminales.
También sugieren fortalecer los mecanismos de denuncia interna, ya que muchas investigaciones sobre posibles vínculos entre empresas y carteles han comenzado con reportes de empleados.
Pentinpuro señaló, además, que la creciente designación de carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas no será una medida temporal ni exclusiva de la administración Trump, pues incluso si llega un gobierno demócrata, es muy poco probable que una organización sea retirada de ese listado.