La decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del decreto 117 de 2026, de impedir el uso de cilindros de gas en el espacio público por parte de vendedoras y vendedores informales, no solo motivó manifestaciones y protestas el pasado 20 de abril, sino una dura respuesta de la Gasnova, el gremio que reúne a los distribuidores de dichos cilindros.
Su argumento es que la medida pone en riesgo el sustento de miles de familias y vulnera derechos fundamentales, pues se estima que en Bogotá más de 10.000 vendedores informales de comida dependen de esta actividad como su única fuente de ingresos.
Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, señaló que el uso de cilindros de Gas Licuado del Petróleo (GLP) ha demostrado ser seguro durante décadas y cuenta con lineamientos técnicos definidos por el Gobierno Nacional.
Además, sostuvo que la medida desconoce el carácter del GLP como servicio público, respaldado por la Constitución, y advirtió que podría generar efectos contrarios a los buscados. Entre ellos, el regreso al uso de combustibles más contaminantes como la leña o el carbón, lo que incrementaría riesgos para la salud y mayores costos sociales.
Los puestos de comida en la calle son actualmente uno de los pilares de la economía popular de la capital y también son usados de la misma forma en las vías de grandes urbes como Nueva York y París. En ese contexto, Martínez insistió en que la prohibición no solo es inviable, sino que va en contravía de tendencias internacionales donde las ventas callejeras son promovidas como parte del turismo y la oferta gastronómica urbana.
Desde el Distrito justifican la prohibición como un mecanismo para organizar el espacio público —que es de todas las personas— y para proteger la vida de quienes ejercen su labor en la calle y la de los transeúntes. El cumplimiento de estas medidas será verificado por las autoridades de Policía, las alcaldías locales, el Ipes (Instituto Para La Economía Social) y la Defensoría del Espacio Público, quienes iniciarán los procedimientos correspondientes ante comportamientos contrarios a la convivencia.
Desde Gasnova proponen como alternativa a la prohibición trabajar con la Administración Distrital en programas de capacitación y formalización que permitan regular la actividad sin eliminarla. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios de venta ambulante. Para el gremio, el reto no está en prohibir, sino en integrar de manera segura y ordenada a estos actores dentro de la dinámica económica de la ciudad.