Subsidios si, pero no perpetuos

Las ayudas económicas para comprar vivienda, las rebajas en los recibos de servicios públicos, los apoyos monetarios para los viejos o para que los jóvenes vayan a las escuelas, son algunos de los subsidios que suelen estar en la mira cuando hay cambio de gobierno.

Sin embargo, esta vez no solo está la duda sobre su eficiencia y cobertura, sino también el dilema de que los recursos para programas exitosos como Mi Casa Ya o Ingreso Solidario se acaban a fin de año.

Los interrogantes que surgen son múltiples, pero en esencia, se refieren a cuáles subsidios deben continuar porque realmente ayudan a la población que está en la línea de pobreza o vulnerabilidad a salir de ahí; por cuánto tiempo se deben mantener para que no terminen motivando la inmovilidad social, pues la gente se estanca con tal de seguir recibiendo el subsidio.

Pero también hay que resolver otras preguntas, acerca de cómo hacer que las ayudas lleguen a los destinatarios para quienes fueron creados y no caigan en manos de avivatos que se convierten en verdaderos cazadores de subsidios. En reiteradas ocasiones se ha intentado hallar la fórmula para evitar las distorsiones que se pueden generar, pues en casos como el de los subsidios de energía, se asignan por estratos socioeconómicos, lo que no siempre resulta equitativo.

En esas revisiones a la política de subsidios está el Gobierno del presidente Gustavo Petro, según expresó la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque. “Actualmente se adelantan esfuerzos para coordinar y articular un trabajo conjunto con todas las entidades del nivel nacional, de manera que podamos llegar a una mayor eficiencia en el gasto, lo que se traducirá en mejorar la cobertura de los programas que atienden a la población vulnerable de Colombia”.

Aunque Colombia es un país que hasta antes de la pandemia era considerado de ingreso medio, durante la reciente crisis sanitaria y económica llegó a niveles de pobreza superiores al 40 por ciento y se profundizó aún más la desigualdad. En consecuencia, un cambio drástico en la política de ayudas no podrá ser tan repentino, pero es claro que sí habrá profundas transformaciones, pues la actual administración ha sido crítica en relación con el impacto de los subsidios en la tarea de sacar a la gente de la línea de pobreza, como en el caso de Colombia Mayor, programa en el que los adultos beneficiarios reciben una transferencia monetaria de 80.000 pesos y para estar fuera de la línea de pobreza se requiere un ingreso mensual mínimo per cápita de 360.000 pesos.

Para lograr un impacto eficaz se necesitará aumentar el monto de las transferencias y, ahí fue que surgió la cifra de 500.000 pesos para los adultos mayores, de la que habló Petro durante su campaña. Con los adultos mayores, que ya no tienen otra opción, porque envejecieron y no aseguraron su subsistencia para el momento del retiro, no hay vuelta de hoja: un Estado social de derecho, como el que quiere Petro, tendría que ampararlos. El problema es que, en general, no toda la población en la pobreza puede ser abordada con asistencialismo perpetuo y así lo ha manifestado el Gobierno.

“Comparto la visión del presidente en cuanto a la necesidad de idear una solución estructural que permita efectivamente la superación de la pobreza. Los subsidios no deben tener una orientación asistencialista, se deben concebir en el marco de una apuesta integral encaminada a superar la precariedad y la pobreza multidimensional”, sostuvo Rusinque.

En medio de esas propuestas y realidades sociales está la alta demanda de ayudas y la escasez de recursos para cubrir tanta necesidad.

Laura Pabón, directora de desarrollo social de Planeación Nacional, confirmó que la base de datos del Sisbén IV, el insumo principal para la asignación de subsidios, cuenta con 31,8 millones de colombianos inscritos, 11 millones de los cuales hacen parte del Grupo A, que son hogares en condiciones de pobreza extrema. Otros 11,3 millones están clasificados en el Grupo B, es decir, el nivel de pobreza moderada. En el Grupo C está la población vulnerable, que, si bien supera el monto de lo que corresponde a línea de pobreza, son susceptibles de caer ante cualquier choque. Y está también el Grupo D, que no son pobres ni vulnerables.

El paquete de subsidios que maneja Prosperidad Social incluye Familias en Acción, con una cobertura de 1.997.935 de hogares, con corte a septiembre. Jóvenes en Acción, que llega a 420.943 personas, y Colombia Mayor, que atiende a 1,7 millones de adultos mayores, según el DPS. La inversión hecha en este año, hasta septiembre, es de 9,6 billones de pesos, incluyendo el programa Ingreso Solidario y la Devolución del IVA, este último, como una compensación del impuesto pagado por la población de menor ingreso, con lo cual se busca generar algo de equidad.

Pero hay subsidios por todos lados. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, maneja el programa Mi Casa Ya, que recientemente causó alboroto entre beneficiarios y nuevos aspirantes, porque se agotaron los recursos de la presente vigencia, luego de otorgar 65.000 subsidios, 23.200 de los cuales tuvieron que ser respaldados con vigencias futuras para 2023.

Ese programa está dirigido a personas que ganen entre dos y cuatro salarios mínimos, quienes acceden a subsidio para comprar vivienda cuyo valor sea de entre 63,5 millones de pesos y 150 millones. María del Pilar López, economista de la Universidad de los Andes, realizó un estudio sobre él y concluyó que más del 80 por ciento de los hogares habilitados que hacen fila para ser beneficiarios, no podrán comprar vivienda sin un subsidio. Y en términos de impacto en la reducción de pobreza, una vez acceden al apoyo para la compra de una propiedad, la ola de bondades es innegable. Tienen mayor probabilidad de acceder a otros activos como computadores y vehículos; aumentan ingresos laborales y tienen 20 por ciento más de probabilidad de tener un empleo formal después del primer año de adquirir vivienda, pues su meta es sostenerla, según concluyó el estudio.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, ante el agotamiento de los recursos, explicó que “la voluntad del Gobierno es mantener este esquema de asignación, que ha venido funcionando desde 2015”. Pero eso sí, dijo que “el programa necesita profundizarse en términos de equidad para que estas ayudas lleguen a las familias más necesitadas y a las regiones más apartadas”. No en vano, en la actualidad el programa está concentrado en las áreas urbanas. Tanto es así que, “el 52 por ciento de los subsidios históricamente se han asignado en solo diez ciudades, seis de ellas capitales”.

El subsidio que parece no tener futuro es el de Ingreso Solidario. Se activó durante la pandemia y se extendió a casi 4 millones de hogares que no estaban dentro de los programas tradicionales. Se requieren 10 billones de pesos, según dijo el presidente Petro, pero no fueron incluidos en las partidas presupuestales del próximo año.

El viceministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo en un debate en el Congreso de la República, que buscarán reemplazarlos por otros esquemas. Y la directora de Prosperidad Social también lo confirmó. “En el caso de Ingreso Solidario, los recursos están garantizados hasta diciembre, de tal manera que se cierra el programa tal como lo tenía previsto el gobierno anterior, que lo diseñó como respuesta a la pandemia. Frente a los demás programas, están financiados hasta 2023, lo que permitirá cumplir con los pagos de los ciclos previstos para la población que atiende Prosperidad Social”.

Mientras tanto, los subsidios de energía cuentan con asignación de recursos en el Presupuesto 2023, que ya pasó el primer debate en el Congreso de la República. Por ejemplo, en el Ministerio de Minas quedó una partida incluida para llegar a 13,3 millones de hogares en el caso de energía y 6,7 millones de hogares en el de gas, para familias de estratos 1, 2 y 3. Ahí entran desde el que realmente no tiene suficiente para pagar el recibo, como el que adelanta un negocio próspero que le genera ingresos con los cuales podría pagar su factura, lo que ha llevado a cuestionar esa forma de otorgar subsidios por estratos.

Lo cierto es que, nuevos vientos se avecinan para la política de subsidios, y fueron estudiados en el cónclave que el equipo de gobierno del presidente Petro tuvo esta semana. La estrategia conocida como hambre cero sigue su marcha hacia el diseño definitivo, y la directora de Prosperidad Social estuvo revisando las experiencias en renta básica que han tenido ciudades como Bogotá. Es decir, los subsidios sí tendrán futuro, pero de manera distinta, para dar la mano temporalmente a las familias que lo necesitan, mientras toman impulso y levantan vuelo por sí mismas.