SuperSociedades reanudará este jueves la audiencia para definir el futuro de Justo & Bueno

La Superintendencia de Sociedades definirá este jueves, en medio de una audiencia pública, el futuro de la sociedad Mercadería que administra Justo & Bueno y poder determinar si la cadena será liquidada o si tendrá un proceso de salvación.

Desde hace algunas semanas se les venció el plazo para entregar las propuestas de inversión para poder salvar la compañía y poder pagarles a terceros y más de 2.000 empleados lo que se les adeuda.

Ahora, luego de revisar las propuestas de los acreedores, la SuperSociedades determinará si se logra reactivar la compañía mediante una inyección de recursos o si finalmente entra en proceso de liquidación judicial, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1116 de 2006.

Esta será la última audiencia pública que tendrá Justo & Bueno y ahora será responsabilidad del juez del concurso, quien definirá si Justo & Bueno puede seguir operando en el país.

Lo que se espera es que las propuestas entregadas por la compañía logren conseguir los recursos para pagar las deudas con arrendatarios de locales, trabajadores y acreedores y proveedores.

Hasta el momento, la compañía ha hablado de dos posibles soluciones. Alfonso Giraldo y Castro, directivo de Lobbing & Consulting, uno de los inversionistas de las tiendas, aseguró que hay tres fondos representados por Deloitte que estaban a la espera de presentar una propuesta ante la Superintendencia.

Según aseguró, se espera que con esta propuesta se cubran las deudas desde el 18 de enero hasta la fecha por alrededor de un valor de 300.000 millones de pesos.

En un comunicado a la opinión pública, el directivo afirmó que “dando continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en procura de lograr el salvamento de Mercaderías SAS Justo & Bueno, es grato comunicar que, en nombre de los acreedores que representamos y con el acompañamiento y asesoría permanentes de la firma Deloitte, ratificamos la intención de presentar oferta de capitalización y aporte de nuevo capital para el salvamento de la compañía Mercadería SAS, acogiéndonos integralmente a lo establecido en el Decreto 560 de 2020″.

Sin embargo, esta propuesta no termina de convencer a los arrendatarios y proveedores de las tiendas, quienes no creen que esta solución sea viable y aseguran que solo han recibido evasivas por parte de los representantes de Justo & Bueno y que cuando tratan de comunicarse con ellos, siempre hay excusas.

También se proponen negociaciones con centros de distribución y arrendadores para darles un pago anticipado de los meses de agosto, septiembre y octubre y poder pagar las deudas con los servicios públicos, que están suspendidos.

La propuesta también tendría contratos para los empleados con la nueva empresa con pagos anticipados y compras masivas de productos por anticipado.

Esta propuesta tampoco convence a los empleados ni a los proveedores, quienes ya han escuchado diferentes propuestas que al final no han llegado a nada, por lo que no quieren hacerse falsas expectativas.

Vale la pena recordar que el fondo JF Capital era la opción que más sonaba y supuestamente inyectaría 2.4 billones de pesos, algo que nunca pasó.

De hecho, los arrendatarios han dicho que están contra las cuerdas por la falta de pago.

Unos 870 arrendadores de los locales en los que sigue funcionando Justo & Bueno, en ocasiones, sin tener abierta la tienda (solo para almacenamiento de productos y estantería), denunciaron que llevan más de un año (15 meses exactamente) sin recibir un solo pago por el canon de arrendamiento.

Los montos no son menores. Se trata de entre siete y diez millones de pesos mensuales que deberían ser pagaderos a los dueños de los locales, quienes dicen que, en su mayoría, devengan su sustento de ese arriendo.

Sometidos ya a cobros jurídicos, temen que el desenlace no sea favorable y queden engrampados con las abultadas cuentas de servicios públicos que siguen conectados debido a que el hecho de que esté de por medio la entrada de Justo & Bueno en liquidación, se activan las medidas de la Ley 1116, que los protege de cortes. Sucede lo mismo con los costos de administración, por lo que los voceros de los arrendadores señalan que han observado que se intenta hacer un salvamento pero sin plata.