En la mañana del 13 de enero de 2026, 19 exministros y viceministros alertaron por medio de un documento sobre la situación financiera del sistema de salud.
En primer caso, señalaron que las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en el último tiempo tienen un resultado claro y alarmante para los usuarios y pacientes del sistema de salud: mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte.
#SALUD Un grupo de 19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud en el país.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 13, 2026
Indican que el Gobierno cerró el 2025 sin corregir esos rezagos históricos de la UPC, incumpliendo nuevamente las órdenes de la Corte Constitucional… pic.twitter.com/AVImZhURvv
Junto a esto destacan que el año 2025 terminó mal para quienes dependen del sistema de salud, y 2026 comienza con decisiones que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio, adoptadas con preocupante indiferencia frente a las advertencias técnicas, institucionales y humanas que se han hecho a lo largo de todo el año anterior.
“Desde 2022, y de manera reiterada durante 2025, este grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud ha expresado públicamente su preocupación por el rumbo del sistema de salud colombiano. Nuestras alertas no han sido aisladas ni ideológicas. Han coincidido de forma consistente con los pronunciamientos de la sociedad civil y de los principales órganos de control y garantía del Estado”, señala el documento.
Una de las bases que utilizan para destacar la situación son los Autos proferidos por la Corte Constitucional en 2024 y 2025; han reiterado que el sistema de salud enfrenta un problema estructural de desfinanciación, asociado de manera directa al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al señalar el uso de información incompleta, la falta de aplicación de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera del sistema y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.
Por último, destacan que la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en las decisiones de política pública. Además, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro del acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas y la creciente angustia de pacientes y familias.
De manera adicional, la Contraloría General de la República confirmó estos hallazgos y advirtió que las ocho intervenciones administrativas adelantadas no han corregido las causas estructurales de la crisis y, por el contrario, concentraron la deuda y el riesgo financiero, al debilitar la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorar el flujo de recursos.
