Con siete puntos que suenan coherentes y que no desestiman los diagnósticos y argumentos presentados por el gobierno de Gustavo Petro, un académico plantea una propuesta para abordar las debilidades del sistema de salud, sin necesidad de desmontarlo.
Se trata de David Bardey, economista de origen francés que se desempeña como profesor titular en la Universidad de los Andes, quien manifiesta que la fuerte presión financiera, la gran desconfianza entre los distintos actores del sector y del entorno reformista colombiano, además de las grandes vulnerabilidades de los prestadores y aseguradores en salud, ameritan abordar el tema de forma urgente pero eficiente.
Según establece el investigador, el próximo gobierno, inevitablemente tendrá que destinar más recursos públicos a la salud, y, de hecho, los cálculos de la financiación que se requiere han sido uno de los motivos de la controversia y los frenos en el Congreso, donde hay pleno convencimiento de que el sistema requiere reforma.
La plata necesaria no está a la vuelta de la esquina. Al decir del investigador, posiblemente se requieran dos puntos adicionales del PIB en la próxima década, lo que implica una voluminosa cifra que suena aún más inalcanzable, si se tiene en cuenta la grave crisis fiscal que enfrenta el Estado colombiano.
No obstante, agrega el investigador, “este esfuerzo fiscal solo será socialmente rentable si va acompañado de reformas que mejoren los incentivos”.
El sistema no es un fracaso
Por ello, una de las conclusiones a las que llega Bardey, sorprenderá, incluso, al mismo gobierno: “el sistema de salud colombiano no es un fracaso, pero tampoco puede mantenerse sin ajustes profundos”.
El académico destaca logros como los de la cobertura y protección financiera, los que además cataloga como tan valiosos que deben preservarse. En ello coincide con los diagnósticos del mismo gobierno.
Para Bardey, el desafío de la próxima década no debe ser partir de cero, sino corregir incentivos, reconocer la heterogeneidad del país y garantizar que cada peso adicional invertido en salud genere el mayor bienestar posible para la población. ¿Habrá algún líder que lo logre?.
Siete puntos de la propuesta
1.“Rebalancear los incentivos hacia la calidad, incorporando indicadores de desempeño y resultados en salud en el ajuste de la UPC.
2.Fortalecer la atención en zonas periféricas, combinando inversión en infraestructura, telemedicina y esquemas de gestión territorial del riesgo sanitario por parte de la EPS seleccionada vía una licitación abierta.
3.Reconocer adecuadamente el envejecimiento poblacional dentro de la UPC, aumentando gradualmente el gasto público en salud y saneando las deudas acumuladas del sistema.
4. Reemplazar la regulación rígida de la integración vertical por una supervisión económica, enfocada en detectar conductas de exclusión. Este tema podría ser objeto de una supervisión conjunta entre las Superintendencias de Salud y de Industria y Comercio.
5. Refinar la regulación de precios de medicamentos, privilegiando esquemas que fomenten la competencia entre sustitutos terapéuticos.
6. Alinear derechos individuales y sostenibilidad colectiva, mediante mecanismos transparentes de priorización basados en costo-efectividad. Una nueva ley estatutaria será necesaria.
7. Crear un sistema de información para mejorar la supervisión y las auditorías realizadas por ADRES".
