De nunca acabar. El problema del contrabando de cigarrillos en Colombia, en vez de disminuir, va en aumento, según estudio lanzado por la Federación Nacional de Departamentos-FND, en el que evidenciaron la incidencia que este flagelo tiene en las finanzas territoriales.
De hecho, según confirmó el director de la FND, Didier Tavera, el informe presentado se adelanta desde hace una década y ahora, el contrabando que registran es del 38 %, es decir, cuatro de cada 10 cigarrillos que se consumen en el país provienen del mercado ilegal. El año pasado la cifra de ilegalidad era del 36 %.
Las estadísticas halladas son una foto muy nítida de la realidad, pues se recogen a partir de encuestas personales sostenidas en todos los departamentos del país, con uso de trabajo de campo que incluye compra de cajetillas para verificar su procedencia.
Un punto que puso el director de la FND debe llamar la atención: el consumo de cigarrillos no ha disminuido, sino que por el contrario, va en aumento. Esa situación es particularmente llamativa porque en Colombia se han puesto en práctica múltiples estrategias, en especial, tributarias, para desestimular el consumo, lo que, no obstante, es perjudicial para las finanzas territoriales, que en sus ingresos dependen de los tributos al vicio.
Pero el contrabando es lo más grave para las rentas departamentales, como lo mostró Tavera, al referenciar que si en el año anterior las pérdidas en ingreso por ese flagelo eran de 1 billón de pesos y ahora subió a 1,1 billones de pesos.
Antioquia fue evidenciado como uno de los departamentos más afectados por el contrabando de cigarrillos: “pasó de 43 a 51 %, es muy alto”, señaló Tavera.
La procedencia del cigarrillo de contrabando, en su mayoría, son países asiáticos, pero hay toda una trazabilidad geográfica para que el producto ilegal llegue al país.
Aún con los controles que juntan a distintas instituciones hay departamentos totalmente tomados por el contrabando. “La Guajira está controlada por parte de la ilegalidad”, dijo Tavera, quien además criticó que se haya reducido el número de unidades de la Polfa (Policía Fiscal Aduanera).
Más barato
El escenario del contrabando de cigarrillos y su relación con la financiación de la salud es algo que nunca deja de llamar la atención. Los departamentos dependen de impuestos al consumo de cigarrillos, licores y similares, y de allí deben financiar la salud que se ve impactada por las enfermedades que provoca el uso de estos productos.
La existencia del contrabando es un estimulante para el consumo y a la vez, un saqueo para los recursos que deben llegar a la regiones para la salud, pues la ilegalidad no paga impuestos, mientras el bajo precio de un cigarrillo ilegal incentiva el uso. Tanto así que, según el estudio presentado por Martín Orozco, gerente de Invamer, mientras una cajetilla legal cuesta más de 12.400 pesos, la de contrabando cuesta tres veces menos: 4.800 pesos. Con tal panorama es complejo luchar.