Contraloría buscará embargar cuentas de Centros Poblados para recuperar recursos del contrato MinTic

Hace unas horas, la Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal alrededor del billonario contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), a cargo de la Unión Temporal Centros Poblados.

Esta licitación, que buscaba dotar de internet a más de 7000 colegios en el país, quedó en entredicho luego de que se conocieran retrasos en la ejecución del contrato y la posible pérdida de los recursos que adelantó el Gobierno para que los contratistas iniciaran la instalación de estos puntos de telecomunicaciones.

Ahora, el contralor Felipe Córdoba reveló que dentro del proceso de responsabilidad fiscal que apenas comenzó, y con el fin de resguardar el patrimonio público, se buscará embargar las cuentas de las empresas que conforman la Unión Temporal.

“Hay unas medidas cautelares para poder, de una u otra manera, resguardar el recurso público que tanto se necesita y los embargos correspondientes para resguardar, no solo los $ 70.000 millones, la norma nos deja resguardar hasta $ 140.000 millones, lo cual ya se está desarrollando”, precisó el jefe del ente de control.

Este proceso de embargo involucraría a los integrantes de Centros Poblados, la unión temporal integrada por Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (35 %); ICM Ingenieros (35 %); Intec de la Costa (15 %), y Omega Buildings Constructora (15 %).

En estos momentos, la CGR investiga el manejo del anticipo y la ejecución del contrato que estaba en manos de la unión temporal y que fue caducado por el Gobierno la semana pasada. Al tiempo, se investigará a las personas que tuvieron a su cargo la interventoría del proceso, pues eran estos quienes tenían que velar por el control y seguimiento de dicho contrato.

“Lo que estamos verificando, y yo les pido a ustedes que entiendan la reserva del caso, es que tenemos que verificar las cuentas, los datos, que es lo que se tiene dentro del proceso. El país puede estar tranquilo pues la Contraloría General de la República viene trabajando rápidamente, no solo en la recuperación, sino en resguardar el recurso por ese monto”, precisó Córdoba.

Los vinculados al proceso

Entre las personas que fueron vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal, según señala la Contraloría, aparecen:

- Adriana Meza, representante legal delegada del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FunTic.

- Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual.

- Camilo Jiménez, supervisor del contrato.

También, la Contraloría investigará a los representantes legales de la Unión Temporal Centros Poblados: Carlos Enrique Paramo, Jeremías Olmedo Cabrera, Hugo Armando Canabal y Juan Sebastián Vergara.

Por el lado de la interventoría, se vincularon nombres como: Paola Izquierdo, Francisco Javier Barrena y José María Hougton.

El desconcierto que ha suscitado el escándalo es monumental, toda vez que se trata de un tema que toca muchos puntos polémicos: la brecha digital, el derecho a la educación en medio de necesidades digitales y un millonario contrato, quizá el más grande que había tenido en sus manos la cartera que hoy lidera Karen Abudinen, de quien en el Congreso piden que se le haga moción de censura.