Cada vez se descubre algo más inverosímil sobre el contrato que suscribió el MinTIC con la unión temporal Centros Poblados. Según María Isabel Rueda, aunque de la ministra no hay ninguna duda, no se sabe si hay personas en el ministerio que hayan sido cómplices de esas irregularidades.
Según la periodista, no puede ser posible que avance un contrato de esa magnitud: 1 billón de pesos, sin que nadie detectara las garantías falsas, a las que el mismo banco Itaú califica de burdamente falsificadas.
El contratista, por su parte, anunció en su momento que, de caducar el contrato, demandarán al Estado por lo que consideran enormes daños y perjuicios, puesto que ya estaban ejecutando el mismo, de ahí que la ministra pidió el acompañamiento de la Agencia Defensa Jurídica del Estado en esta nueva etapa del proceso.
El diario El Tiempo reveló que los 70.000 millones de anticipo fueron girados rápidamente a Delaware a una empresa de dos colombianos. Lo que es increíble es cómo ese dinero se pudo sacar del país a manera de ganancias.
Para María Isabel, esta sería una buena oportunidad para que esos zares anticorrupción que tiene Colombia investiguen qué falla en la contratación pública para que esto no vuelva a ocurrir.
